Sanidad
La Policía sospecha que los investigados en la trama de las prótesis del SMS desviaron dinero de sus cuentas
El atestado de la UDEF pide que se investigue el "destino desconocido de cierto patrimonio" de algunos investigados en una pieza separada

Edificio Habitamia, sede del SMS. / L.O.
El Grupo de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional sospecha que varios de los investigados en la trama de las prótesis del Servicio Murciano de Salud (SMS) pudieron desviar dinero de sus cuentas en los últimos años. Así se desprende del atestado de la UDEF al que ha tenido acceso La Opinión y en el que se detalla, en el marco de la investigación que se sigue en este caso de presunto fraude, que "se han hallado ciertas anomalías en la investigación patrimonial de varios de los investigados".
Ante esta sospecha, la Policía considera que podría ser necesario realizar un análisis de los movimientos de las cuentas bancarias de estos, en aras de "determinar el origen y destino de posibles cantidades irregulares de dinero". La UDEF va un paso más allá y plantea que habría que solicitar el auxilio de la Agencia Tributaria, valorándose incluso la posibilidad de abrir una pieza separada.
En el marco de esta operación, en la que la UDEF ha contado con la colaboración de los Servicios de Inspección de la Consejería de Salud de la Región de Murcia, han sido detenidas once personas e investigadas otras dos, por su presunta participación en un fraude millonario al SMS. Entre los implicados hay un cirujano cardiovascular de la Arrixaca que realizaba operaciones en un hospital concertado, el comercial de una empresa suministradora de prótesis y material sanitario, así como varios funcionarios sanitarios y trabajadores de la Unidad de Aprovisionamiento Integral (UAI) o Central de Compras del SMS. A los investigados se les imputan hasta cinco delitos: falsedad documental, prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, contra la salud pública y pertenencia a organización criminal.
El atestado policial que ha sido remitido al juzgado que lleva el caso propone que se inicie una investigación patrimonial detallada sobre "el destino desconocido de cierto patrimonio" de algunos de los investigados. En concreto, se detalla que el cirujano R.T.M. del Hospital Virgen de la Arrixaca ingresó entre 2019 y 2025, una vez descontadas las retenciones, un total de 517.450 euros, una cantidad que los investigadores dicen que "contrasta enormemente" con el saldo de sus cuentas bancarias en diciembre de este pasado año 2025, cuando en ellas solo había 5.837 euros.
En su caso también señalan que únicamente tiene una propiedad inmobiliaria valorada catastralmente en 154.879 euros y tres vehículos, adquiridos los tres en un periodo muy corto de tiempo, entre agosto de 2023 y marzo de 2024.
Menciona la UDEF que el jefe de sección de la Arrixaca A.C.A., también investigado, presentó en su entidad bancaria una carta de pago y cancelación de 300.000 euros en julio de 2024; mientras que el responsable de la Unidad de Aprovisionamiento Integral V.F.G. pagó 154.450 euros por la compraventa de un inmueble en abril de 2023, financiando el resto.
Detectan también movimientos extraños en las cuentas del jefe de sección de la UAI, M.N.G., que pasaron de 32.969 euros en el año 2022 a 107.277 euros en 2025, mientras que las de su mujer pasaron de 6.394 euros en 2022 a 55.858 en 2025, lo que "no cuadra con las percepciones de trabajo recibidas durante esos años", dice la Policía.
Sobre el comercial de Logimed S.D.M., también detenido y puesto en libertad junto al cirujano la semana pasada, los investigadores detectan una "descapitalización en los años 2024 y 2025", produciéndose un "descenso drástico de sus cuentas bancarias" en un -77%, en las de su mujer Carmen en un -86% y las de su empresa Dycom Risk S.L. en un -42% "sin que se hayan detectado adquisiciones significativas que lo expliquen".
Piden que no se acerque a la Arrixaca, Morales Meseguer y Reina Sofía
Entre las medidas propuestas por el Grupo de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional en su investigación estaba en primer lugar la detención de los implicados, que se produjo hace unos días, así como la adopción de medidas cautelares sobre ciertos investigados al haberse establecido "la comisión de un presunto delito contra la salud pública a través de la implantación de productos caducados en pacientes".
Para el cirujano de la Arrixaca R.T.M. se pedía la inhabilitación especial para el ejercicio de la medicina, medida que se ha aplicado, mientras que para el comercial S.D.M. se solicitaba la prohibición de aproximarse al Hospital Virgen de la Arrixaca, así como al Morales Meseguer y al Reina Sofía, algo que el juez no ha considerado necesario.
Trama de prótesis con precios inflados
El presunto entramado criminal comenzaba su operativa introduciendo datos falsos en el sistema contable, con el objetivo de utilizar productos sanitarios no autorizados y que no habían sido incorporados al catálogo único de productos, fijando unos precios de compra muy elevados, y dejando de utilizar los productos que sí estaban autorizados y que tenían un coste muy inferior. Se detectaron al menos treinta productos no homologados y facturados de forma fraudulenta, desde prótesis vasculares hasta material sanitario fungible.
Investigadores de la Policía Nacional detectaron asimismo que la mayor parte del fraude se estaría desarrollando en las operaciones médicas derivadas a centros concertados, donde se habrían pagado sobrecostes entre un 100% y un 1.287%, facturándose por servicios que debían ser gratuitos y por material sanitario que no había sido utilizado, llegando incluso a utilizar en las operaciones médicas, productos sanitarios caducados.
La investigación ha permitido valorar un perjuicio económico en las operaciones fraudulentas detectadas que ascendería a casi siete millones de euros.
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