El Ministerio ha activado ya la reforma de las reglas del Trasvase Tajo-Segura tras el aval del Supremo

La reforma de las reglas de explotación del Trasvase Tajo-Segura ya ha comenzado oficialmente. Fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica han confirmado a La Opinión de Murcia que el procedimiento para modificar el funcionamiento del acueducto está ya en marcha, abriendo así una nueva fase política, técnica y jurídica de enorme trascendencia para el futuro del regadío en el Levante, ya que esta modificación conlleva en última instancia un recorte de más de 100 hectómetros cúbicos anuales para los regantes de la Región de Murcia, Alicante y Almería.

El departamento que dirige Sara Aagesen pone así en marcha el calendario administrativo que desembocará en la aprobación definitiva de las nuevas reglas de explotación, después del reciente aval del Tribunal Supremo al aumento de los caudales ecológicos del Tajo y al recorte progresivo del agua trasvasable.

Según detallan fuentes ministeriales, el procedimiento seguirá seis grandes pasos. El primero será un trabajo técnico previo elaborado conjuntamente por el CEDEX y la Dirección General del Agua. Posteriormente, la propuesta será sometida a información y debate en la Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura.

El siguiente escalón será el informe y refrendo del pleno del Consejo Nacional del Agua. Tras ello, el Gobierno llevará la propuesta al Consejo de Ministros para su aprobación definitiva. Finalmente, las nuevas reglas serán publicadas en el BOE y entrarán oficialmente en vigor.

Además, según ha podido saber esta Redacción, en el Ministerio se está analizando si es necesario incorporar dos pasos más: la consulta pública previa y solicitud de un Informe del Consejo de la Demarcación.

Estas fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica se han limitado por ahora a detallar el itinerario administrativo y técnico de la reforma —desde los trabajos previos del CEDEX hasta la aprobación final en Consejo de Ministros y su publicación en el BOE—, pero no hacen referencia expresa a la necesidad de una eventual tramitación parlamentaria en las Cortes Generales, tal y como preveían desde el Sindicato Central de Regantes del Trasvase Tajo-Segura (Scrats).

Esta Redacción preguntó expresamente al Ministerio para la Transición Ecológica si la futura modificación de las reglas de explotación requerirá una tramitación legislativa en las Cortes Generales. Sin embargo, en su respuesta oficial, las fuentes ministeriales evitaron hacer cualquier referencia a un eventual paso por el Congreso de los Diputados y se limitaron a describir un itinerario exclusivamente técnico y administrativo: trabajo previo del CEDEX y la Dirección General del Agua, debate en la Comisión Central de Explotación del ATS, informe del Consejo Nacional del Agua, aprobación definitiva por el Consejo de Ministros y publicación posterior en el BOE.

Esa ausencia de mención al Parlamento resulta especialmente significativa porque los regantes sostienen desde hace meses que una modificación integral de las reglas obligaría jurídicamente a reformar la propia Ley 21/2015 si se altera el umbral mínimo no trasvasable de 400 hectómetros cúbicos. En ese supuesto, defienden, el Gobierno no podría limitarse a aprobar un real decreto ordinario y tendría necesariamente que abrir una tramitación legislativa en las Cortes Generales.

La respuesta del Ministerio apunta, al menos de momento, a que el Ejecutivo parece querer seguir la misma vía utilizada en anteriores modificaciones del trasvase: una reforma reglamentaria aprobada directamente por el Consejo de Ministros, sin debate ni votación previa en el Congreso. Sin embargo si los cambios afectas al núcleo legal del sistema (niveles, filosofía de explotación, volúmenes estructurales), entonces sí necesitaría modificación legal y, por tanto, tramitación parlamentaria en las Cortes.

En cualquier caso, quedan todavía muchas dudas por despejar. El anuncio del Ministerio también confirma que no esperará a conocer la resolución del Supremo al único recurso que quedan pendiente contra la planificación hidrológica del Tajo, el remitido por la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena.

El posible paso por el Congreso supondría una enorme presión política para los diputados socialistas de la Región de Murcia, Alicante y Almería, que quedarían situados entre la disciplina de voto del PSOE y el rechazo frontal de los regantes del Levante a cualquier nuevo recorte.

Mientras tanto, el Scrats continúa estudiando posibles nuevas acciones judiciales tras el reciente revés del Supremo. El sindicato mantiene abiertos sus análisis jurídicos y dispone todavía de margen para decidir si impulsa nuevos recursos ante otras instancias.

Con el procedimiento ya activado oficialmente por el Ministerio, el futuro del Trasvase Tajo-Segura entra ahora en una fase decisiva en la que cada paso técnico y político será observado con lupa por regantes, autonomías y partidos políticos.