Social
De proteger cuando el problema ya existe a prevenir antes del daño
El futuro marco estará vinculado a la salud emocional y a la detección precoz de la violencia
Tres niños entran a un colegio en una imagen de archivo. / Álex Zea - Europa Press
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Con la nueva Ley de Infancia y Adolescencia, la Región de Murcia sustituirá una norma que lleva más de tres décadas en vigor, puesto que data de 1995 y responde a un modelo clásico de protección de menores, centrado principalmente en situaciones de riesgo, desamparo, tutela, guarda, acogimiento y adopción.
El nuevo texto aspira a ampliar ese enfoque y adaptarlo a los retos actuales de niños, niñas y adolescentes. En los últimos años, muchas comunidades han actualizado sus leyes para incorporar una mirada más amplia, vinculada al buen trato, la detección precoz de la violencia, la salud emocional, la protección frente a los riesgos digitales y el derecho de los menores a ser escuchados.
El texto de 1995 se centra en situaciones de riesgo, tutela, guarda, acogimiento y adopción
La ley murciana vigente ya recoge principios que siguen siendo esenciales, como la prevalencia del interés del menor, la protección frente a la violencia, la explotación o los malos tratos, el derecho a la educación, a la atención sanitaria y social, a expresar su opinión y a la confidencialidad de sus datos. También establece la obligación de comunicar a los servicios sociales, ayuntamientos, juzgados, Fiscalía o fuerzas de seguridad cualquier situación de riesgo o vulneración de derechos.
Sin embargo, el marco legal ha cambiado profundamente desde 1995. La normativa estatal de protección jurídica del menor, las reformas de 2015 y, sobre todo, la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia —la Lopivi— han reforzado la obligación de prevenir, detectar y actuar ante cualquier forma de violencia contra los menores.
La Lopivi obliga a detectar y actuar ante cualquier forma de violencia contra los menores
La nueva ley regional busca precisamente alinearse con ese enfoque. El Gobierno murciano pretende superar una visión centrada casi exclusivamente en la gestión del sistema de protección para reconocer a todos los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos. Entre los asuntos que se quieren reforzar figuran la participación infantil, la prevención de la violencia, la coordinación entre administraciones, los espacios seguros, el papel de los coordinadores de bienestar en los centros educativos, los riesgos digitales y el apoyo emocional.
El proceso participativo ha incluido jornadas técnicas, talleres y una consulta pública en la que se han recogido aportaciones de profesionales, entidades y menores. El Ejecutivo regional destacó, además, que cerca de 200 niños, niñas y adolescentes han participado en la elaboración de propuestas.
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