La nueva Ley de Infancia acortará los plazos de acogimiento y adopción en la Región de Murcia

Simplificar procedimientos es una de las reclamaciones que los ciudadanos hacen a la futura Ley de Infancia y Adolescencia de la Región. En concreto, eliminar barreras burocráticas y acortar plazos de acogimiento y adopción, con información clara y adaptada desde el inicio.

Esta es una de las 520 aportaciones valoradas favorablemente de un proceso de participación ciudadana que generó un total de 755 propuestas. Las que pasaron el filtro de la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad han sido publicadas este lunes en el Portal de Transparencia de la Comunidad Autónoma y, según fuentes gubernamentales, "constituyen la base de las medidas que se incorporarán al borrador de la ley". Aún queda camino para que, previsiblemente, la legislación sea aprobada por el Consejo de Gobierno el año que viene.

Las aportaciones a la legislación, que sustituirá a la ley actual que data de 1995, se distribuyen en cuatro ejes bien diferenciados. El primero de ellos se centra en la educación en derechos y deberes de la infancia y adolescencia, estableciendo su incorporación transversal en el currículo escolar desde Educación Infantil, basándose en la Convención sobre los Derechos del Niño, con materiales didácticos regionales adaptados y metodologías participativas.

También se apuesta por la creación y promoción de escuelas de padres y madres públicas en todos los municipios, accesibles a todos los niveles socioeconómicos; así como la creación del Consejo Autonómico de Participación Infantil y Adolescente e impulso de los consejos municipales y de los consejos escolares.

Se reclama la implantación efectiva del coordinador de Bienestar y Protección en los centros, figura que ya existe, y la extensión de la figura del Delegado de Protección al ámbito deportivo, cultural y de ocio.

Otro de los ejes gira en torno a la atención a la violencia y la vulnerabilidad de niños, niñas y adolescentes. Los ciudadanos solicitan un refuerzo de los protocolos de actuación ante violencia y acoso escolar conforme a la ley estatal.

También se echa en falta el fomento de medidas relativas a la protección de menores en el acceso a dispositivos digitales y redes sociales, con corresponsabilidad de padres y tutores, y campañas dirigidas a familias sobre los riesgos del entorno digital. Otra aportación pide la creación de equipos de intervención rápida multidisciplinar, refuerzo de los servicios especializados y atención psicológica.

La prevención de la exclusión social y la pobreza infantil, con apoyo específico a familias en situación de vulnerabilidad y acceso a recursos esenciales, es otra de las propuestas ciudadanas aceptadas.

El tercer bloque versa sobre medidas de protección de menores, con campañas públicas en medios y redes sociales con testimonios de familias acogedoras, de personas que fueron acogidas y acompañamiento técnico de profesionales especializados, apoyo psicológico continuo, y seguimiento periódico que garantice que las familias no se encuentren solas en el proceso.

El último bloque, sobre respuesta socioeducativa y medidas judiciales con menores, recoge aportaciones que reclaman la consolidación del enfoque educativo y rehabilitador como eje central de las medidas judiciales, con impulso de los procesos de conciliación.

Asimismo, los ciudadanos instan a desarrollar programas individualizados de intervención socioeducativa adaptados a las circunstancias del menor; así como a atender y reconocer los derechos de las víctimas en los procesos donde estén implicados menores infractores.

Con las aportaciones se elaborará un borrador y se realizará un proceso de valoración jurídico. Tras este paso, se presentará un informe razonado sobre la consideración de aportaciones, antes de continuar con la tramitación previa a su aprobación en Consejo de Gobierno.