La ley de agresiones a sanitarios incluirá sanciones al ciberacoso

Pocas veces una normativa llega a votación en la Asamblea con tanto nivel de consenso como lo hará el próximo miércoles la Proposición de Ley sobre sanciones administrativas en materia de agresiones a profesionales sanitarios, registrada por el Grupo Popular el pasado diciembre. Se espera que todo el arco parlamentario dé luz verde a una legislación que permitirá imponer sanciones de hasta 600.000 euros.

La tramitación del texto se está desarrollando con velocidad y, aunque los trabajos de la ponencia no han concluido y continuarán este lunes, el pasado viernes se debatieron y aprobaron la gran mayoría de las enmiendas presentadas, mejorando el texto inicial, puesto que las nuevas propuestas incluyen las demandas de los colegios profesionales, sindicatos y expertos.

Una de las principales novedades tiene que ver con la ampliación del radio de actuación de la legislación, mejorando la precisión del texto en el artículo que hace referencia a las infracciones administrativas para definir mejor las conductas sancionables y, sobre todo, incorporando la regulación del ciberacoso y la violencia digital.

El objetivo es que el trato denigrante o despreciativo, la coacción y el acoso expresado hacia un sanitario también pueda ser sancionado cuando se hace a través de redes sociales o en cualquier medio público de difusión. Especialmente, se mirará con lupa la publicación de datos sensibles que comprometan la integridad física o moral del trabajador o de su entorno familiar.

Además, las infracciones ahora también incluyen daños a bienes e instalaciones sanitarias, como mobiliario de un centro de salud.

Asimismo, se especifica como motivo de sanción los daños a las pertenencias de los profesionales sanitarios y del resto del personal del sistema sanitario público. Por ejemplo, pincharle las ruedas del coche a una enfermera, romperle las lunas del vehículo o causarle desperfectos mecánicos.

La norma establece sanciones con multas de hasta más de 15.000 euros en situaciones como la falta de consideración o el trato insultante, despreciativo o denigrante hacia los profesionales sanitarios, mientras que la resistencia, coacción, amenaza, represalia, desacato, o cualquier otra forma de presión o violencia ejercida sobre las autoridades sanitarias, además de cualquier otra forma de violencia física o verbal grave sobre los profesionales sanitarios, serán consideradas infracciones muy graves y conllevarán sanciones de hasta 600.000 euros.

Otra de las novedades a tener en cuenta es que las personas usuarias y pacientes del sistema sanitario no serán las únicas que puedan ser sancionables según esta ley. Todos los grupos parlamentarios están de acuerdo en que los "familiares" y "acompañantes" de quienes acuden para ser atendidos en un centro médico puedan ser objeto de multa, si son ellos los que se comportan de forma violenta.

Los acompañantes y familiares de los pacientes también podrán ser multados por conducta violenta

Actuación de oficio

La competencia para iniciar estos procedimientos corresponderá a los órganos directivos competentes del Servicio Murciano de Salud (SMS) y no al sanitario agredido. Esta es una de las modificaciones que tanto sindicatos como colegios profesionales pidieron a los diputados durante las ponencias legislativas que se celebraron en la Cámara autonómica con el fin de desarrollar esta ley. De esta forma, es la persona titular de la gerencia del área de salud en la que se haya cometido la infracción la que actuará de oficio.

Por otro lado, una vez se haya denunciado una infracción, se podrán adoptar medidas provisionales como el cambio de facultativo o profesional asignado al paciente, de forma que un sanitario no tenga por qué volver a tratar a quien le agredió anteriormente.

Una de las enmiendas aceptadas al Grupo Socialista tiene que ver con el refuerzo del «enfoque preventivo basado en la información, sensibilización y concienciación de la ciudadanía». De esta manera, se promoverán campañas institucionales, programas educativos y acciones formativas.

Entre las enmiendas de Podemos-IU, destacan la que pide a la Administración pública que garantice la asistencia jurídica y psicológica a los profesionales agredidos.

Para garantizar la seguridad jurídica, las enmiendas de Vox versaron sobre el principio ‘non bis in idem’ (que no se pueda sancionar dos veces por el mismo motivo), la concurrencia con otros procedimientos sancionadores, el concurso de infracciones, la caducidad y prescripción de la sanción y la adecuación de sanciones conforme principio de proporcionalidad.