El decreto de la posidonia complica la limpieza de playas en la Región

La entrada en vigor del Real Decreto 191/2026 ha abierto un nuevo escenario en la gestión del litoral mediterráneo. La norma, impulsada por el Ministerio para la Transición Ecológica para reforzar la protección de la posidonia y otras fanerógamas marinas, persigue blindar un ecosistema clave para frenar la erosión y conservar la biodiversidad. Sin embargo, apenas dos meses después de su aplicación efectiva, el decreto ya ha generado tensiones entre ayuntamientos, administraciones, empresarios turísticos, vecinos y colectivos ecologistas. En la Región, el caso de Águilas se ha convertido en uno de los focos de polémica más visibles.

La protección de la posidonia ha dejado de ser únicamente un debate medioambiental para convertirse en un problema político, administrativo y turístico. El Real Decreto 191/2026, en vigor desde el pasado 2 de abril, regula por primera vez de forma estricta cómo deben gestionarse los arribazones —los restos vegetales que llegan a la arena— y endurece las condiciones para su retirada. El objetivo es preservar un ecosistema considerado esencial para frenar la regresión de las playas, pero su aplicación está provocando importantes conflictos en municipios costeros de la Región de Murcia.

Águilas ejemplifica mejor que ningún otro municipio las consecuencias prácticas del nuevo decreto. Durante semanas, vecinos y visitantes denunciaron el estado de playas tan concurridas como Calabardina o La Cola, donde la acumulación de posidonia generó críticas por malos olores, presencia de insectos y dificultades de acceso al baño. El Ayuntamiento sostuvo públicamente que no podía intervenir hasta recibir la autorización correspondiente de la administración competente.

La situación derivó en un complejo procedimiento administrativo marcado por la falta de claridad competencial. Según la información facilitada por el Ayuntamiento de Águilas, el 22 de abril se remitió una primera solicitud a la Demarcación de Costas del Estado en Murcia. La respuesta recibida indicaba que no existía inconveniente para la retirada de la posidonia siempre que se contara con autorización del organismo competente, la Consejería de Medio Ambiente, precisando además que dicha autorización no correspondía emitirla a Costas.

Posteriormente, el 29 de abril, el Ayuntamiento presentó el proyecto de retirada y tratamiento de posidonia ante la Dirección General de Patrimonio Natural y Acción Climática de la Región de Murcia. El 12 de mayo este organismo trasladó una serie de reparos técnicos que fueron subsanados dos días después. Finalmente, la autorización autonómica fue concedida el 20 de mayo y al día siguiente comenzaron los trabajos de retirada en las playas de Calabardina y La Cola.

Sin embargo, el procedimiento continúa dejando interrogantes jurídicos abiertos. La propia resolución emitida por la Dirección General de Patrimonio Natural y Acción Climática incluía expresamente una condición: las actuaciones debían garantizar que no causarían perjuicio a la regresión de la costa, considerando necesario el pronunciamiento del órgano estatal competente en esta materia. En la Región de Murcia, esa competencia corresponde a la Demarcación de Costas del Estado.

No obstante, pese a que Costas debía pronunciarse sobre la posible afección a la regresión litoral, dicho organismo se limitó a una respuesta informal indicando que no veía inconvenientes siempre que existiera autorización competente, pero sin emitir formalmente ninguna autorización, resolución o informe técnico que constatase la inexistencia de riesgo de regresión. Tampoco consta que se realizara una evaluación específica sobre el posible impacto de la retirada en la estabilidad de las playas.

Dudas sobre la legalidad del procedimiento de retirada de posidonia en Águilas

Este escenario ha evidenciado el conflicto competencial generado por el nuevo decreto. Mientras la Comunidad Autónoma autorizó la retirada desde el punto de vista ambiental, la cuestión relativa a la regresión costera quedó en una zona gris administrativa. El Ayuntamiento sostiene que actuó ajustándose estrictamente a la legalidad vigente y que no inició los trabajos hasta recibir la autorización autonómica el 20 de mayo.

El decreto establece además importantes limitaciones técnicas. La retirada debe ser preferentemente manual y selectiva, evitando maquinaria pesada que pueda arrastrar arena o dañar sistemas dunares. También obliga a almacenar los restos vegetales para devolverlos posteriormente a la playa una vez concluida la temporada turística. Para muchos ayuntamientos, estas exigencias multiplican los costes y ralentizan la puesta a punto de los arenales antes del verano.

Desde el sector turístico se teme que esta situación perjudique la imagen de las playas mediterráneas justo en el inicio de la campaña estival. Concejalías de Turismo y empresarios hosteleros alertan de que numerosos visitantes siguen identificando las acumulaciones de posidonia con suciedad o abandono, pese a tratarse de un elemento natural protegido.

Frente a estas críticas, los colectivos ecologistas defienden que la presencia de arribazones cumple una función esencial para la supervivencia de las playas. Las hojas secas actúan como barrera natural frente al oleaje, retienen sedimentos y ayudan a conservar la arena durante los temporales. Por ello, consideran que retirar masivamente la posidonia supone acelerar la erosión costera.