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Política

Intercambio de golpes entre PP y PSOE por la trama de las prótesis

El PP pone el foco sobre el método de acceso a los informes del Delegado del Gobierno, mientras que el PSOE se centra en la irregularidad

Entrada al aparcamiento y Urgencias del Hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia.

Entrada al aparcamiento y Urgencias del Hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia. / Juan Carlos Caval

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El Partido Popular y el Partido Socialista de la Región de Murcia han intercambiado acusaciones al respecto de la 'trama de las prótesis' que estalló la pasada semana.

El vicesecretario General del PPRM, Joaquín Segado, acusó -a través de su cuenta oficial en la red social X- al delegado del Gobierno, Francisco Lucas, de violar la legalidad al "acceder a informes de operaciones de pacientes o de inspección sanitaria abusando de su cargo".

El PSOE, por su parte, ha respondido pidiendo la dimisión del consejero de Sanidad, Juan José Pedreño, por la existencia de los mencionados informes que, según dejan ver, estaría reconociendo Segado en la publicación.

Es necesario recordar que la organización socialista se personó como acusación popular en la causa judicial que investiga este caso de fraude millonario que afecta al Servicio Murciano de Salud (SMS) y que habría causado un perjuicio económico de casi siete millones de euros.

Estos productos con sobrecostes desorbitados se colocaban a pacientes derivados desde el Hospital Virgen de la Arrixaca a un centro concertado. Por todo esto, en total, se detuvo a 11 personas.

Ninguna de las dos organizaciones consiguió, como es habitual, encontrar un punto de encuentro. La respuesta del PP fue insistir con los métodos del delegado del gobierno para acceder a los informes. Como respuesta, el PSOE insiste con la nota de prensa de la Policía en la que se menciona el uso de material caducado y no homologado en operaciones médicas.

Asimismo señalan que el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, "debe asumir responsabilidades".

Cargos

A las personas arrestadas se les atribuyen delitos de falsedad documental, prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos contra la salud pública y pertenencia a organización criminal.

La investigación se viene desarrollando desde enero del pasado año, momento en el que la Policía, según informaron en la nota de prensa, detectó una "actividad administrativa presuntamente fraudulenta en los sistemas contables del SMS".

La Consejería de Salud fue la que trasladó los hechos a la Fiscalía, después de que el Servicio de Inspección de Centros, Servicios y Establecimientos Sanitarios apreciara indicios de irregularidades en una auditoría.

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