El Supremo reabre la guerra del agua: júbilo en Castilla-La Mancha y furia política en la Región de Murcia

La sentencia del Tribunal Supremo sobre el Tajo-Segura ha vuelto a abrir una de las heridas políticas más profundas entre territorios. Mientras en Castilla-La Mancha celebran un fallo que consideran histórico, en la Región de Murcia crece la indignación ante lo que interpretan como un nuevo paso hacia el desmantelamiento del trasvase.

La decisión de desestimar el recurso presentado por el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats) contra la revisión del Plan Hidrológico del Tajo ha desatado una nueva tormenta política entre Castilla-La Mancha y la Región de Murcia. El fallo avala la fijación de los caudales ecológicos mínimos y vuelve a enfrentar dos modelos irreconciliables sobre la gestión del agua.

En la Región Murcia, el presidente autonómico, Fernando López Miras, reaccionó con dureza y acusó al Gobierno central de promover recortes por motivos exclusivamente políticos. A través de un mensaje en la red social X, aseguró que "no podemos permitir que Pedro Sánchez consume el hachazo al Tajo-Segura" y denunció un "ataque directo" contra "miles de familias y el futuro de la Región de Murcia". El jefe del Ejecutivo murciano insistió además en que la decisión es "estrictamente política y arbitraria" y garantizó que el Gobierno regional seguirá peleando para "revertir" la situación.

Por su parte, la consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira, aseguró que el Ejecutivo murciano "respeta la sentencia", aunque advirtió de que no puede aceptar "un modelo que recorta el agua de manera injusta y sin alternativas reales". Rubira defendió que la Región no cuestiona los caudales ecológicos, sino "la forma en que se han fijado", y calificó el recorte como "una decisión política, no técnica", con "un coste enorme para la Región de Murcia con un impacto mínimo". La consejera reclamó además una política nacional del agua "solidaria, moderna y equilibrada", acompañada de nuevas infraestructuras y recursos alternativos.

En la misma línea se pronunció el diputado regional del PP Jesús Cano, que calificó el recorte de 105 hectómetros cúbicos como una decisión "sectaria y sibilina" de Pedro Sánchez. Cano defendió que el Supremo "no respalda los hachazos al trasvase", sino que únicamente confirma que el Ejecutivo central tiene competencias para modificar las reglas de explotación. "Que tenga la potestad de hacerlo no significa que esté obligado a tomar una decisión tan dañina y perjudicial para nuestra tierra", afirmó.

El parlamentario popular cargó también contra el delegado del Gobierno en la Región y secretario general del PSRM, Francisco Lucas, al que acusó de olvidar que "la única hoja de ruta equivocada es la que marcó Pedro Sánchez en 2018 en Albacete, donde prometió acabar con el Trasvase Tajo-Segura". Cano exigió a los socialistas murcianos que "defiendan a su tierra" frente a unos recortes que, según dijo, pondrían en riesgo miles de empleos.

Frente a las críticas del PP, Francisco Lucas volvió a pedir "diálogo y consenso" y sostuvo que las reiteradas resoluciones judiciales evidencian que la estrategia del Gobierno regional "es una hoja de ruta equivocada". El delegado del Gobierno lanzó además un mensaje de tranquilidad a agricultores y regantes y aseguró que trabaja "alejado del ruido y de la confrontación política" para "garantizar agua para siempre en la Región de Murcia".

García-Page siente que ha ganado "la más importante batalla en materia de agua"

Mientras tanto, desde Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page celebró el fallo con visible satisfacción. El presidente castellanomanchego afirmó sentirse "enormemente contento y orgulloso" tras lo que definió como "la más importante batalla en materia de agua después de décadas peleando en los tribunales". Page reclamó al Gobierno central que ejecute ya las sentencias y lamentó que resulte “casi acomplejante” tener que seguir ganando resoluciones judiciales que después no se aplican.

Los pueblos ribereños exigen cambiar las reglas de explotación

En la cabecera del Tajo, la sentencia del Supremo se interpreta como el cierre definitivo de una larga batalla judicial y política contra el modelo histórico del trasvase. La Asociación de Municipios Ribereños de Entrepeñas y Buendía considera que la sentencia del Tribunal Supremo marca "la gran batalla judicial" sobre el Tajo-Segura y obliga ya al Gobierno central a modificar las reglas de explotación del trasvase.

Borja Castro: "Los caudales ecológicos están por encima del trasvase y ya no hay excusas"

Su presidente, Borja Castro, aseguró a La Opinión de Murcia que el fallo deja "absolutamente claro" que los caudales ecológicos del Tajo "son obligatorios y están por encima del trasvase". A su juicio, el Ministerio "ya no tiene más excusas ni margen" para retrasar los cambios. Castro sostuvo que la resolución desmonta "los argumentos trasnochados" del "lobby trasvasista" y consolida una doctrina jurídica que sitúa las necesidades ambientales del Tajo por delante de cualquier transferencia de agua.

Además, recordó que en la cuenca del Segura hay actualmente almacenados 280 hectómetros cúbicos procedentes de Entrepeñas y Buendía y afirmó que esa cifra podría alcanzar los 400. "Ya no estamos hablando de debates políticos ni de excusas políticas, estamos hablando de cumplir la ley", remarcó.

La asociación reclama ahora la convocatoria inmediata de una mesa de trabajo para adaptar las normas del trasvase a la "realidad legal y ambiental actual".