El Scrats acepta la sentencia pero declara la guerra política al recorte del trasvase

La derrota judicial del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats) no ha rebajado la tensión política en torno al futuro del trasvase. Apenas unas horas después de conocerse la sentencia del Tribunal Supremo que avala el aumento de los caudales ecológicos del Tajo y despeja el camino para un recorte progresivo del agua trasvasable, los regantes comparecieron este jueves de urgencia en su sede de Murcia con un mensaje doble: aceptación formal del fallo y ofensiva política total contra el Gobierno central.

El presidente del Scrats, Lucas Jiménez, compareció visiblemente serio, aunque intentando transmitir determinación. "No es un buen día hoy", reconoció al inicio de una rueda de prensa marcada por el tono combativo y por las durísimas acusaciones contra el Ejecutivo central. Pese al revés judicial, quiso dejar claro que "desánimo no hay ninguno" y que la organización seguirá "al pie del cañón en la defensa de lo que nos parece una injusticia".

La comparecencia llega en un momento decisivo. El fallo del Supremo era considerado por el sector agrario del Levante como la última gran oportunidad de frenar el endurecimiento de los caudales ecológicos del Tajo, una medida que, según los cálculos del propio sector, supondrá un “hachazo” de más de 100 hectómetros cúbicos anuales al Trasvase Tajo-Segura lo que supondrá daños "incalculables".

Muy lejos de asumir la sentencia como un cierre definitivo del conflicto, Jiménez trató de desplazar el foco del terreno judicial al político. El presidente del Scrats insistió en que el origen del recorte no es técnico ni ambiental, sino "una decisión política" vinculada —según sostuvo— a "una promesa política" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Aunque el dirigente agrícola aseguró que el sindicato "acepta el veredicto", introdujo inmediatamente matices y reproches tanto al contenido de la resolución como al funcionamiento institucional del Estado. Jiménez lamentó que no se haya admitido "ni una sola prueba pericial" presentada por los regantes y sostuvo que eso les ha impedido combatir técnicamente los cálculos de los caudales ecológicos realizados por el Ministerio. Incluso denunció una supuesta filtración previa del fallo a medios de comunicación antes de que la sentencia llegara oficialmente a su procurador, algo que, a su juicio, evidencia "el deterioro que vive la salud del Estado español en lo que a separación de poderes se refiere".

“2.950 millones de mentiras”

La intervención de Lucas Jiménez estuvo marcada por una idea recurrente: el Gobierno prometió inversiones millonarias para compensar el recorte del trasvase y esas infraestructuras, asegura, no existen.

El presidente del Scrats elevó el tono cuando cargó contra los planes asociados a la desalación, las conexiones hidráulicas y las obras comprometidas para adaptar el Levante al nuevo escenario hídrico. "No eran 2.145 millones de mentiras, eran 2.950 millones de mentiras", afirmó, en referencia a las inversiones anunciadas tanto para la cuenca del Tajo como para la del Segura.

Según denunció, el Ejecutivo apenas ha ejecutado una pequeña parte de las actuaciones previstas y muchas de las infraestructuras clave siguen sin comenzar. "No se ha invertido un euro más allá de los 100 millones que se van a invertir en las pírricas ampliaciones de desaladoras", sostuvo.

Jiménez insistió varias veces en que la estrategia del Ministerio parte de una premisa que considera irreal: sustituir el agua del trasvase por recursos desalados sin haber desarrollado previamente toda la red de impulsiones, conexiones eléctricas y sistemas energéticos necesarios para hacer viable ese modelo.

"Si no hay agua del trasvase, no hay agua desalada", llegó a afirmar, advirtiendo de que muchas zonas agrícolas del interior de la Región de Murcia y Alicante ni siquiera tienen conexión física con las desaladoras actuales.

El presidente del Scrats enumeró una larga lista de actuaciones comprometidas —modernización de depuradoras, impulsiones, fotovoltaicas o conexiones hidráulicas— para concluir que "no están, ni se sabe de ellas, ni se las conoce".

Del frente judicial al frente político

Aunque Jiménez reconoció que las posibilidades jurídicas se estrechan considerablemente y auguró que el recurso pendiente de la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena tampoco tendrá, a su juicio, "un gran final", el Scrats dejó claro que seguirá explorando posibles acciones legales.

No obstante, el núcleo de su estrategia sigue siendo política: "Esto es un tema político", repitió en varias ocasiones. Por ello, dirigió un llamamiento directo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reclamándole que revierta el recorte previsto en el actual ciclo de planificación hidrológica. También apeló a los delegados del Gobierno en Murcia, Alicante y Almería para que presionen al Ejecutivo central y frenen la modificación de las reglas de explotación del trasvase.

La preocupación del sindicato no es gratuita. Tanto la ministra para la Transición Ecológica como la directora general del Agua habían vinculado expresamente la reforma de esas reglas al desenlace judicial de los recursos pendientes. Y la sentencia conocida este jueves despeja prácticamente el camino para que el Ministerio active el nuevo marco normativo.

Por otra parte, Jiménez aseguró que el Scrats se opondrá frontalmente a cualquier intento de aprobar las nuevas reglas de explotación sin pasar por las Cortes Generales. Según defendió, el propio CEDEX habría apuntado a la necesidad de tramitar esos cambios mediante reforma legal y no únicamente a través de un real decreto.

El dirigente agrícola deslizó además un mensaje dirigido a los partidos políticos del Levante, especialmente a los diputados nacionales de Murcia, Alicante y Almería. El sindicato, advirtió, vigilará muy de cerca el comportamiento de cada formación si llega el momento de votar una reforma de las reglas del trasvase en el Congreso.

Aunque no anunció protestas inmediatas, Jiménez avanzó que las movilizaciones dependerán de los pasos que dé ahora el Ministerio.