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Social

Manifiesto por la Acogida en Murcia: entidades católicas reclaman dignidad para los inmigrantes

El texto subraya la necesidad de una respuesta basada en la justicia social y la responsabilidad compartida, reconociendo la contribución de los inmigrantes a la sociedad murciana

Representantes de tres de las entidades católicas que firman el manifiesto.

Representantes de tres de las entidades católicas que firman el manifiesto. / L. O.

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La Opinión

La Opinión

Las organizaciones católicas de la Diócesis de Cartagena han hecho pública una llamada a la sociedad murciana para promover una cultura de acogida hacia las personas inmigrantes que viven en la Región de Murcia. Más de veinte entidades e instituciones impulsan el Manifiesto por la Acogida, la Dignidad y la Convivencia, una propuesta abierta también a colectivos sociales, movimientos ciudadanos y asociaciones civiles que quieran sumarse a una respuesta basada en la justicia social, la responsabilidad compartida y la defensa de la dignidad humana.

El texto parte del Evangelio, la Doctrina Social de la Iglesia y la tradición cristiana de hospitalidad. Sus promotores recuerdan las palabras de Jesús —«Fui forastero y me acogisteis»— y subrayan que, para los cristianos, el inmigrante «no es un problema que gestionar, sino un hermano y una hermana» en quienes se reconoce «el rostro mismo de Cristo».

El manifiesto nace ante la situación de miles de personas inmigrantes que ya forman parte de la vida cotidiana de la Región. Trabajan en el campo, en el sector de los cuidados y en los servicios, viven en los barrios, escolarizan a sus hijos y contribuyen al bien común. Sin embargo, las organizaciones firmantes advierten de que muchas de ellas lo hacen en condiciones de precariedad jurídica, laboral y habitacional que vulneran su dignidad y generan tensiones sociales.

Según recoge el manifiesto, «no hay contradicción entre seguridad y humanidad»

La iniciativa incluye también un respaldo a la Iniciativa Legislativa Popular impulsada desde la Iglesia, que cuenta con más de 700.000 firmas y que plantea responder a la realidad de personas que llevan años viviendo y trabajando en España en situación administrativa irregular. Según el manifiesto, esa irregularidad prolongada favorece la explotación laboral, la economía sumergida y la fractura social.

Las entidades católicas defienden que la regularización no debe entenderse como una solución «única ni automática», sino como «un paso necesario» para abordar con realismo una situación ya existente. En esa línea, insisten en que la acogida debe ir acompañada de procesos reales de integración, reconocimiento mutuo y participación en el bien común.

El texto evita situarse en el terreno partidista y remarca que su posición «no responde a posicionamientos partidistas ni a coyunturas políticas concretas». Las organizaciones subrayan que la Iglesia no entra en los procedimientos legislativos, pero sí recuerda un principio que consideran irrenunciable: la dignidad de las personas y la concordia social deben orientar cualquier medida destinada a superar situaciones de injusticia.

Las entidades firmantes sostienen que «la irregularidad prolongada no favorece ni la justicia ni la convivencia»

El manifiesto reconoce además el derecho y el deber de las administraciones públicas a ordenar los flujos migratorios, garantizar la seguridad jurídica y proteger la cohesión social. Pero advierte de que esa responsabilidad debe ejercerse sin olvidar que las personas inmigrantes poseen derechos fundamentales y que la diversidad cultural puede ser una riqueza si se acompaña de integración y convivencia.

Las organizaciones firmantes muestran su preocupación por el auge de una «cultura del miedo, del rechazo y del descarte» y reivindican que no existe contradicción entre identidad cristiana y hospitalidad, ni entre seguridad y humanidad. «Solo una sociedad que protege a los más vulnerables fortalece realmente su cohesión y su futuro», recoge el documento.

El manifiesto se presenta como una propuesta abierta, en primer lugar, a las comunidades cristianas, pero también a toda la sociedad murciana. Su objetivo es sumar adhesiones para trabajar por una cultura de acogida, justicia social y convivencia en una región donde la inmigración forma parte esencial de la realidad económica y social.

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