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Medio ambiente

De la emoción a la incertidumbre: El día en que el Mar Menor llegó a las puertas de la Justicia

La ausencia del perito principal de la acusación obliga a suspender una vista inédita en Europa, con la laguna personada como víctima

Decenas de personas y medios internacionales siguieron en Cartagena una jornada que estaba llamada a marcar un precedente jurídico y ambiental

Algunas de la pancartas que ayer 'decoraban' el acceso principal al Palacio de la Justicia de Cartagena.

Algunas de la pancartas que ayer 'decoraban' el acceso principal al Palacio de la Justicia de Cartagena. / Iván Urquízar

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Alejandro Lorente

Alejandro Lorente

A las puertas del Palacio de Justicia de Cartagena, el día amaneció cargado de una energía difícil de describir. Había expectación, nervios, pancartas improvisadas, conversaciones cruzadas y decenas de personas concentradas desde primera hora en defensa del Mar Menor. Entre cánticos y cámaras de televisión nacionales e internacionales, la sensación era la de asistir a una jornada llamada a marcar un precedente. Sin embargo, el ambiente cambió de golpe antes incluso de que comenzará a dar sus primeros pasos la vista oral. El juicio histórico en el que el Mar Menor iba a comparecer por primera vez como víctima y acusación particular fue suspendido.

La noticia cayó como un jarro de agua fría entre colectivos ambientales, juristas y ciudadanos que aguardaban la apertura de una vista considerada inédita en Europa. La ausencia de Luis Burillo, perito principal de la acusación, un experto en ecotoxicología del Instituto de Medicina Legal y Forense de Valencia, obligó al tribunal a aplazar el procedimiento.

La tensión acumulada durante semanas se convirtió entonces en una mezcla extraña de decepción, resignación e impaciencia. Había quien mantenía los carteles en alto mientras preguntaba por una nueva fecha; otros seguían concediendo entrevistas y pese a la suspensión el simbolismo de la jornada seguía intacto. Porque el Mar Menor ya había llegado hasta la puerta del tribunal.

"Una suspensión no es el objetivo, no es buena, pero es entendible", explicó ante los medios Sergio Marco, abogado de la laguna y su cuenca, representadas en el proceso por organizaciones como Pacto por el Mar Menor, Amarme, Ecologistas en Acción, SEO/BirdLife y Greenpeace. El letrado insistió en que la declaración del perito era "una prueba vital" y que las acusaciones no podían renunciar a ella. Aunque se propuso dividir el juicio en distintas sesiones, el tribunal optó finalmente por aplazarlo de forma íntegra.

Asistentes al juicio por los vertidos al Mar Menor, entre ellos muchos activistas ambientales.

Asistentes al juicio por los vertidos al Mar Menor, entre ellos muchos activistas ambientales. / Iván Urquízar

La causa investiga a las empresas Ecosarete S.L. y Datelio S.L. por presuntos delitos medioambientales relacionados con vertidos de salmuera cargada de nitratos en el entorno de la laguna, dentro del conocido caso Topillo. La Fiscalía solicita siete años de prisión para el acusado principal al considerar que operó desaladoras clandestinas cuyos vertidos habrían contribuido al deterioro del ecosistema.

Marco defendió que durante el juicio tratarán de demostrar que los acusados "se apropiaron de agua de manera ilícita, la desalaron y vertieron aguas salobres al medio ocasionando un grave perjuicio". Según sostuvo, los hechos investigados se remontan a los años 2015, 2016, 2017 e incluso 2018, con vertidos que comparó en volumen "a 40 o 50 piscinas olímpicas".

La relevancia del procedimiento va mucho más allá de la responsabilidad penal. El juicio supone el primer gran examen práctico de la Ley 19/2022, nacida de una Iniciativa Legislativa Popular respaldada por más de 639.000 firmas y que otorgó personalidad jurídica al Mar Menor. Por primera vez, un ecosistema comparece ante un tribunal representado por asociaciones ambientales y asistido por un abogado, pero como sujeto de derechos propio.

Antes de conocerse la suspensión, la portavoz de Amarme, Julia Albaladejo, hablaba de una jornada "histórica" y reclamaba una sentencia "ejemplarizante y disuasoria" para quienes continúan contaminando la laguna. "Si no defendemos nuestra tierra y la biodiversidad, poco futuro vamos a tener", afirmaba.

La decepción posterior no borró ese sentimiento de trascendencia. Pedro Luengo, portavoz de Ecologistas en Acción, lamentó que la lentitud judicial vuelva a retrasar una causa especialmente esperada, aunque subrayó que el mensaje principal permanece intacto: "Dañar al Mar Menor debe tener consecuencias". Para las organizaciones personadas, el simple hecho de que la laguna haya llegado ya a un tribunal como perjudicada directa supone un cambio jurídico y social de enorme alcance.

El abogado Sergio Marco, en el centro junto a Teresa Vicente y otros letrados de la acusación.

El abogado Sergio Marco, en el centro junto a Teresa Vicente y otros letrados de la acusación. / Iván Urquízar

Entre las pancartas ecologistas y el respaldo de las organizaciones ambientales, también hubo espacio para voces críticas con el procedimiento, como la del representante agrario Vicente Carrión, presidente de COAG Cartagena, que calificó la situación como un "sinsentido total y absoluto". Carrión fue una de las escasas voces presentes en apoyo del acusado e insistió en que el empresario se ha convertido en una "cabeza de turco".

Mientras tanto, en la calle, la jornada fue perdiendo temperatura poco a poco. Los cánticos se apagaron, las cámaras comenzaron a retirarse y la sensación compartida era la de un capítulo interrumpido justo antes de empezar. El juicio tendrá que esperar, pero nadie sabe cuánto tiempo.

La defensa niega los vertidos al Mar Menor y cuestiona la investigación

La defensa de las empresas investigadas aprovechó su comparecencia ante los medios para desacreditar la principal línea de la acusación y defender la inocencia del empresario procesado. Pedro Eugenio Madrid, abogado de Ecosarete S.L. y Datelio S.L., aseguró que el informe pericial sobre el que se sustenta gran parte del procedimiento contiene graves "errores" y se basa sólo en "estimaciones" que, a su juicio, no acreditan los hechos investigados.

El letrado sostuvo que durante el periodo comprendido entre 2015 y 2017 las desaladoras señaladas en la causa no estuvieron operativas y afirmó que "no hay ninguna prueba" que vincule directamente a su defendido con los vertidos denunciados. Según explicó, la acusación parte de cálculos "indiciarios" que la defensa considera insuficientes para demostrar responsabilidad penal.

Madrid rechazó incluso que las salmueras acabaran en el Mar Menor. Su versión es que esas aguas eran derivadas hacia la depuradora de Cabo de Palos y terminaban desembocando en el Mediterráneo, por lo que cuestionó que los daños atribuidos en la causa puedan relacionarse con la laguna salada.

El abogado también restó importancia a la presión mediática y simbólica que rodea al procedimiento por tratarse del primer juicio en el que el Mar Menor comparece como sujeto de derechos. "Conozco a los magistrados y no se van a dejar amedrentar por nada", afirmó.

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