La Comunidad se plantea recurrir el nuevo Plan de Vivienda 2026-2030 pese a "acatar" el reparto de fondos ante el Ministerio

Vence pero no convence. El Gobierno regional se planteará recurrir parte del nuevo Plan estatal de Vivienda 2026-2030, pese a "acatar" el reparto de fondos (que salió adelante de forma unánime con el aval de todas las comunidades), amparándose en el dictamen del Consejo de Estado que advierte que "la obligación de cofinanciación impuesta por el Gobierno central puede suponer una injerencia excesiva en las competencias autonómicas".

Así lo anunció este jueves en Madrid el consejero de Fomento e Infraestructuras, Jorge García Montoro, durante la reunión de la Conferencia Sectorial de Vivienda que presidió la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez.

El titular autonómico de Fomento mostró su desacuerdo tanto "en el fondo como en la forma” del nuevo plan estatal aprobado por el Consejo de Ministros "que exige más gasto a las comunidades para imponer unas medidas fallidas al tiempo que limita su autonomía, precisamente en un momento en el que la vivienda se ha convertido en la principal preocupación de los españoles". Cabe recordar que de los 308 millones de euros que se destinarán a la Región de Murcia para este plan, 123 correrán a cuenta de la Comunidad. La asignación para el presente año en Murcia será de 35,2 millones de euros, según anunció el Ministerio.

El consejero de Fomento critica que el Estado "invite y las comunidades paguen" en plena infrafinanciación

"Estamos de acuerdo con el reparto del 4,4% de los fondos, que corresponde a la Región de Murcia, pero es del todo desproporcionado que pasemos a cofinanciar de un 20 a un 40%", criticó el responsable regional y calificó esta imposición de "un nuevo yo invito y tú pagas, al multiplicar exponencialmente la aportación autonómica, con la peor infrafinanciación autonómica que padecemos, y cargando ese sobrecoste sobre los ciudadanos de la Región, que recordemos que ya pagan con sus impuestos la parte estatal". 

Por su parte, la ministra Rodríguez defendía que era "muy importante" el mensaje que se lanzaba a la ciudadanía: "Distintas administraciones de distinto color político nos hemos puesto de acuerdo", decía. "Este es el camino. A este problema solo se le da respuesta desde el acuerdo, dejando a un lado los planteamientos partidistas para irnos a respuestas eficaces en las que todos estemos de acuerdo".

2026, un año "perdido"

Frente a estas declaraciones de la responsable de la cartera de Vivienda, García Montoro reprochó la tardanza y falta de transparencia del Ministerio porque "el texto definitivo aprobado en Consejo de Ministros no lo hemos conocido con anterioridad, con lo que el Ministerio ha vuelto a actuar de forma unilateral, apurando los plazos con un plan que llega con más de un año de retraso y que convierte 2026 en un año prácticamente perdido para la aplicación efectiva de las medidas, para después responsabilizar a las comunidades de cualquier demora en su puesta en marcha".

Además, el consejero advirtió de que el nuevo plan "intenta imponer la obligatoriedad de la protección permanente de la vivienda, pese a que el Tribunal Constitucional ya cuestionó este extremo con motivo de los recursos contra la Ley de Vivienda". García Montoro explicó que el propio dictamen del Consejo de Estado señala que la mayoría de normativas autonómicas establecen plazos amplios de protección, pero no permanentes, "por lo que esta exigencia obligaría a modificar legislaciones autonómicas y podría retrasar la ejecución de los convenios y de las actuaciones previstas".

Reprochan la "falta de transparencia" y haber aprobado el texto sin facilitar previamente la versión definitiva a las autonomías

"El nuevo plan limita la capacidad de gestión de las autonomías al imponer programas uniformes sin atender las necesidades específicas de cada región", denunció García Montoro, que manifestó a su vez que "las comunidades debemos tener margen para priorizar las actuaciones que mejor respondan a su realidad social y territorial, y este documento va en la dirección contraria, con un marcado carácter intervencionista". 

Añadió además que el Gobierno central "ha convertido este plan en una oportunidad perdida para impulsar medidas útiles que aumenten la oferta de vivienda y faciliten el acceso de jóvenes y familias de rentas medias".

García Montoro censuró que el Ministerio condicione la transferencia de fondos a requisitos de publicidad institucional y organización de actos públicos. "Es inaceptable supeditar la llegada de recursos a exigencias propagandísticas. Esa utilización partidista de un plan público demuestra que se antepone el autobombo político a la eficacia en la gestión de la vivienda", aseguró.