Ya ha entrado en vigor en España: los murcianos ya no podrán abrir un piso turístico sin permiso de sus vecinos

Buscar piso en España se ha convertido, para muchos, en una carrera de obstáculos. Los precios no dejan de subir, la oferta escasea y, en las zonas más turísticas, encontrar una vivienda donde vivir todo el año se ha vuelto casi misión imposible. Detrás de ese problema hay muchos factores, pero uno de los que más debate genera tiene nombre propio: los pisos turísticos.

Y no solo por su impacto en los precios o en la disponibilidad de viviendas. Cualquiera que viva en un edificio donde haya uno sabe lo que supone: puertas que se abren y cierran a cualquier hora, maletas rodando por el pasillo, extraños en el ascensor cada semana. La convivencia, en muchos casos, se resiente.

Ahora, el legislador ha decidido actuar. Y lo ha hecho dando poder a quien hasta ahora prácticamente no tenía ninguno en estos asuntos: la comunidad de propietarios. Desde el 3 de abril de 2025, convertir una vivienda en piso turístico ya no depende solo del propietario. También depende de sus vecinos.

La reforma de la Ley de Propiedad Horizontal establece que, para poner en marcha un alquiler vacacional en un edificio sometido a este régimen, el propietario deberá obtener antes la aprobación expresa de la comunidad. Cumplir con la normativa turística autonómica o municipal ya no es suficiente. El permiso de los vecinos es ahora imprescindible.

No vale con mayoría simple: hacen falta tres quintas partes

Y el listón no está bajo. La ley no se conforma con que la mitad más uno de los propietarios diga que sí. Exige el voto favorable de las tres quintas partes del total de propietarios y, al mismo tiempo, de las tres quintas partes de las cuotas de participación. Un respaldo amplio y reforzado, no una aprobación a la mínima.

Pero la nueva norma va más allá de la simple autorización. Las comunidades también podrán limitar, condicionar o directamente prohibir los pisos turísticos en su edificio. E incluso podrán aprobar cuotas especiales para las viviendas destinadas a este uso o incrementar su contribución a los gastos comunes, aunque ese aumento no podrá superar el 20% ni aplicarse con carácter retroactivo.

¿Qué pasa con los que ya tienen licencia?

La pregunta que muchos propietarios se hacen es obvia: ¿Y los que ya están funcionando? La respuesta es que la nueva ley no elimina automáticamente los pisos turísticos que ya operaban de forma legal antes de su entrada en vigor.

Quienes ejercían esta actividad conforme a la normativa turística correspondiente podrán seguir haciéndolo en las condiciones y plazos previstos por esa regulación. Lo que cambia, y de forma sustancial, es el punto de partida para cualquiera que quiera empezar ahora.

A esta nueva obligación se suma el Registro Único de Arrendamientos, una herramienta pensada para controlar los alquileres de corta duración que se anuncian en plataformas digitales como Airbnb o Booking.

El propietario deberá obtener el número de registro correspondiente para poder operar legalmente, lo que añade otra capa de control a un mercado que, hasta ahora, había crecido con relativa libertad. En definitiva, el modelo de negocio del alquiler vacacional en España no desaparece, pero cambia de reglas. Y la principal novedad es que, a partir de ahora, los vecinos tienen algo que decir. Y mucho.