Tribunales
Aplazado el juicio histórico del Mar Menor por la ausencia de un perito clave
La vista sobre los vertidos investigados en el caso Topillo se suspende por la imposibilidad de comparecer del experto en ecotoxicología del Instituto de Medicina Legal de Valencia

Teresa Vicente y Sergio Marco, en el centro, a su llegada al juicio que ha sido aplazado. / Iván Urquízar
El histórico juicio en el que por primera vez el Mar Menor llegará al banquillo como víctima y acusación, ejerciendo su personalidad jurídica, tendrá que esperar. La vista, prevista para este miércoles, 20 de mayo, en Cartagena, ha sido suspendida y aplazada por la ausencia de un perito clave en la investigación sobre los presuntos vertidos a la laguna salada.
Así lo explicó el abogado Sergio Marco, letrado del Mar Menor y su cuenca, representados en el proceso por organizaciones como Pacto por el Mar Menor, Amarme, Ecologistas en Acción, SEO/BirdLife y Greenpeace. “Una suspensión no es el objetivo, no es buena, pero es entendible”, señaló Marco tras la decisión del tribunal. Según detalló, una de las pruebas principales era la declaración del “perito del Instituto de Medicina Legal y Forense de Valencia, experto en ecotoxicología”, que no pudo acudir “por cuestiones personales”.
El abogado insistió en que se trataba de “una prueba vital” a la que las acusaciones no podían renunciar. “Hemos pedido que se hiciera el juicio en distintas sesiones, pero el tribunal ha considerado que no, que es mejor suspender y que se celebre todo junto”, añadió.
La vista oral iba a celebrarse en el Palacio de Justicia de Cartagena y estaba llamada a convertirse en el primer gran examen práctico de la Ley 19/2022, la norma nacida de una Iniciativa Legislativa Popular que otorgó personalidad jurídica al Mar Menor.
En el procedimiento están investigadas las empresas Ecosarete S.L. y Datelio S.L. por presuntos delitos medioambientales relacionados con vertidos de salmuera cargada de nitratos en el entorno de la laguna, dentro de la macrocausa conocida como caso Topillo.

Representantes ambientales en la sala del juicio antes de su suspensión / Iván Urquízar
La Fiscalía solicita siete años de prisión para el acusado al considerar que operó desaladoras clandestinas cuyos vertidos habrían contribuido al “deterioro irreversible y catastrófico” del ecosistema. El Ministerio Público sostiene además que actuó con “plena conciencia” de la ilegalidad de su conducta y cifra el perjuicio ambiental en más de 500.000 euros.
Durante su comparecencia ante los medios, Sergio Marco defendió que las acusaciones tratarán de demostrar que “los acusados, sin autorización y ocasionando un grave daño a la laguna del Mar Menor y su cuenca, se apropiaron de agua de manera ilícita, la desalaron y vertieron las aguas salobres al medio”.
“Eso constituye un delito y queremos que se aplique la ley, se administre justicia, se castigue por ese delito y se repare el daño ecológico cometido”, afirmó.
El letrado subrayó además el carácter “histórico” del procedimiento judicial. “Es la primera vez en la historia de Europa y del resto del planeta en la que un ecosistema es titular de sus propios derechos y comparece por sí mismo, representado por asociaciones ambientales y asistido de un letrado”, explicó.
Según indicó, los hechos investigados se remontan a los años 2015, 2016, 2017 e incluso 2018 y están relacionados con vertidos de aguas salobres “muy perjudiciales para el ecosistema”. Marco aseguró que previamente también se habría producido una extracción ilegal de agua mediante pozos y afirmó que las cantidades vertidas eran “elevadísimas”, comparables “a lo mejor a 40 o 50 piscinas olímpicas”.
Preguntado sobre la solidez de la causa, el abogado defendió que existen “una multitud de pruebas convergentes, directas, concretas, que sostienen la autoría de los hechos”.
Por el momento, la nueva fecha del juicio queda pendiente de la evolución de la situación personal del perito que no pudo acudir a la vista. “Tendrá que informar cuándo se encuentra otra vez con sus capacidades”, apuntó Marco.
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