El Mar Menor afronta un juicio histórico con la petición de una condena "justa y ejemplarizante"

Hay juicios que buscan depurar responsabilidades y otros que aspiran a redefinir una época. El próximo 20 de mayo, el Palacio de Justicia de Cartagena de Cartagena acogerá una vista que trasciende el ámbito penal y coloca al Mar Menor en un evento jurídico inédito en Europa: por primera vez, un ecosistema con personalidad jurídica propia comparecerá ante un tribunal como víctima y acusación particular de los daños sufridos. El juicio supondrá el primer gran examen práctico de la Ley 19/2022, la norma nacida de una Iniciativa Legislativa Popular que otorgó personalidad jurídica al Mar Menor.

Las organizaciones Amarme, Ecologistas en Acción, Greenpeace España, Pacto por el Mar Menor y SEO/BirdLife España representarán a la laguna y a su cuenca en el proceso contra las empresas Ecosarete S.L. y Datelio S.L., investigadas por presuntos delitos medioambientales relacionados con vertidos de salmuera cargada de nitratos. La causa forma parte del conocido caso Topillo, la macroinvestigación sobre la contaminación procedente de desalobradoras ilegales en el Campo de Cartagena.

Según las diligencias incorporadas al procedimiento, las explotaciones investigadas habrían desalado cerca de 650.000 metros cúbicos de agua entre 2015 y 2017, generando 162.345 metros cúbicos de rechazo salino que, presuntamente, acabaron vertiéndose a la cuenca del Mar Menor y agravando el proceso de eutrofización que ha deteriorado el ecosistema durante la última década. La Fiscalía pide por estos hechos 7 años de prisión por un presunto delito contra el medio ambiente. El procesado se enfrenta a cargos por operar desaladoras clandestinas cuyos vertidos de salmueras y nitratos habrían contribuido al "deterioro irreversible y catastrófico" del ecosistema.

En su escrito, el Ministerio Público sostiene que el procesado actuó con "plena conciencia" de la ilegalidad de su conducta y del riesgo que suponía para el equilibrio de los hábitats de la zona. El perjuicio económico causado al medio ambiente ha sido valorado en más de 500.000 euros.

Además de la pena de cárcel, la Fiscalía interesa imponer el acusado una multa de 30 meses con una cuota diaria de 10 euros; la inhabilitación especial por un periodo de 4 años para ejercer como administrador o gerente de empresas del sector agrícola y una indemnización de 506.137,44 euros a favor del Estado por los daños ocasionados al dominio público.

Cuatro municipios implicados en el proceso

Las organizaciones han expresado públicamente su confianza en que la sentencia sea "justa y ejemplarizante", tanto por la condena a los acusados como por las medidas de reparación ambiental que puedan derivarse del proceso. También han reclamado que no se repitan acuerdos de conformidad como los alcanzados en anteriores piezas del caso, al considerar que las rebajas de penas "debilitan el efecto disuasorio" frente a este tipo de delitos.

Junto a las organizaciones ecologistas, en la vista estarán presentes los ayuntamientos de Los Alcázares, Cartagena, San Javier y San Pedro del Pinatar.