La Región busca resolver su vacío legal sobre metales pesados

La Región de Murcia se prepara para dar un paso clave en una de las cuestiones más sensibles de su política ambiental: poner negro sobre blanco qué niveles de metales y elementos químicos pueden considerarse «normales» en sus suelos y cuáles obligan a activar alertas, controles o restauraciones. Detrás del futuro decreto sobre Niveles Genéricos de Referencia (NGR) hay mucho más que un debate técnico. Está en juego la capacidad de la Comunidad para delimitar con precisión cuándo existe contaminación real, reducir la inseguridad jurídica y disponer de una herramienta propia para actuar sobre territorios tan complejos como la Sierra Minera o la cuenca del Mar Menor.

Fuentes de la Consejería de Medio Ambiente, dirigida por Juan María Vázquez, explican que el decreto se encuentra actualmente «en una fase de tramitación técnica y administrativa», después del periodo de consulta pública y audiencia. El texto, aseguran, ha incorporado aportaciones de administraciones, universidades, centros de investigación y otros agentes implicados, además de someterse a nuevos análisis científico-técnicos.

Desde el Gobierno regional subrayan que se trata de «una norma de alta complejidad», basada en estudios específicos sobre las características geológicas y edafológicas de la Región de Murcia. Por eso, defienden que la prioridad es evitar precipitaciones y garantizar «el máximo consenso técnico», con el objetivo de evitar «inseguridad jurídica o interpretaciones erróneas».

De momento, la Región de Murcia carece de Niveles Genéricos de Referencia propios para elementos traza y metales pesados en suelos, una ausencia que obliga a utilizar referencias estatales o incluso valores de otras comunidades autónomas. En determinados estudios, por ejemplo el polémico informe de la UPCT sobre la calidad de los suelos en suelos agrícolas del Campo de Cartagena, se han empleado de forma provisional parámetros andaluces por su relativa proximidad geográfica y ciertas similitudes de suelo. Sin embargo, especialistas y documentación técnica advierten de que esa equivalencia tiene límites evidentes.

La Región presenta singularidades muy marcadas: suelos calizos, altos niveles de carbonatos, zonas semiáridas, una agricultura intensiva muy extendida y el legado de décadas de actividad minera. Todo ello provoca que determinados metales puedan aparecer de forma natural en concentraciones elevadas sin que necesariamente exista contaminación antrópica.

Ahí reside precisamente una de las claves del futuro decreto. Los NGR no funcionan como una declaración automática de contaminación, sino como una herramienta técnica para diferenciar qué concentraciones forman parte del «fondo natural» del territorio y cuáles exigen investigaciones adicionales. La Consejería insiste en esa idea: «Los NGR son una herramienta técnica de evaluación, no un indicador automático de contaminación».

En la práctica, la futura norma permitirá distinguir con mayor precisión entre presencia natural de metales y contaminación real, homogeneizar criterios de evaluación y agilizar decisiones sobre recuperación de terrenos potencialmente afectados. También aportará, según Medio Ambiente, «mayor seguridad jurídica a administraciones y operadores».

La ausencia de esos umbrales propios tiene consecuencias directas. Jurídicamente, dificulta fijar fronteras claras entre un suelo alterado y uno contaminado. Administrativamente, obliga a resolver muchos expedientes caso por caso. Y políticamente, deja abierta una pregunta incómoda: ¿cómo es posible que una comunidad marcada históricamente por la minería y por la presión ambiental sobre el Mar Menor todavía no disponga de una referencia autonómica consolidada para evaluar metales pesados en sus suelos?

El problema se vuelve especialmente visible en áreas como la Sierra Minera de Cartagena-La Unión. Diversos informes científicos identifican esa zona como uno de los principales focos históricos de acumulación de metales como plomo, zinc, arsénico, cadmio o cobre. Además, episodios torrenciales pueden arrastrar sedimentos metalíferos a través de ramblas mineras hacia otras áreas de la cuenca.

Sin NGR propios plenamente incorporados al marco legal, cada actuación puede abrir debates técnicos sobre qué umbral aplicar, qué niveles justifican una intervención prioritaria o qué usos posteriores del suelo pueden autorizarse. La consecuencia práctica es una mayor dependencia de informes individualizados y procesos más lentos.

La Comunidad defiende que el decreto permitirá precisamente superar parte de esa incertidumbre. Según las fuentes consultadas, la futura regulación «reforzará la protección de la salud pública», al identificar con mayor exactitud cuándo existe un riesgo real y cuándo determinados valores responden simplemente a condiciones naturales del territorio.

Además, debería reforzar la confianza ciudadana en la gestión ambiental. La Consejería considera que disponer de criterios claros, públicos y sustentados en evidencia científica facilitará entender qué medidas deben adoptarse en cada caso.

Agricultura, urbanismo y restauración ambiental, pendientes de los NGR

Mientras la Comunidad Autónoma ultima el decreto sobre Niveles Genéricos de Referencia, el debate de fondo va mucho más allá de una cuestión técnica. La ausencia de umbrales autonómicos propios para metales pesados ha colocado durante años a la Región de Murcia en una posición delicada a la hora de gestionar suelos potencialmente contaminados, especialmente en áreas vinculadas a la minería histórica y a la crisis ambiental del Mar Menor, entre otros casos.

Sin referencias autonómicas claras, cada actuación administrativa puede derivar en discusiones previas sobre qué niveles deben considerarse aceptables, qué terrenos requieren restauración o qué usos pueden autorizarse. Eso complica desde proyectos urbanísticos hasta decisiones agrícolas o planes de recuperación ambiental.

También influye en la planificación pública. Los Niveles Genéricos de Referencia no solo sirven para declarar contaminación; permiten establecer prioridades de actuación. Con umbrales propios, la Administración podría determinar con mayor claridad qué ramblas necesitan intervención urgente, qué parcelas requieren seguimiento y qué zonas pueden mantenerse en uso agrícola sin restricciones adicionales.

La falta de esa herramienta normativa aumenta además el riesgo de cometer errores de interpretación. Por un lado, existe la posibilidad de infravalorar determinados episodios de contaminación al atribuirlos a concentraciones ‘naturales’. Por otro, se corre el riesgo contrario: sobredimensionar el problema aplicando criterios demasiado estrictos para la realidad geológica murciana.

Cabe recordar que colectivos como Ecologistas en Acción y la Plataforma de Afectados por Metales Pesados han denunciado en reiteradas ocasiones esta parálisis de la normativa y regulación de la contaminación por metales pesados.

El debate resulta especialmente sensible en el entorno del Mar Menor. Los estudios impulsados en la cuenca pretenden elaborar mapas detallados sobre metales, salinidad, nitrógeno, fósforo y calidad del suelo para orientar una explotación agrícola más sostenible. Sin embargo, expertos consultados consideran que disponer únicamente de cartografía y diagnósticos técnicos no basta si después no existen referencias legales autonómicas capaces de traducir esos datos en obligaciones concretas.

En ese contexto, el futuro y esperado decreto emerge en el horizonte como una pieza clave para reforzar la seguridad jurídica y reducir la discrecionalidad técnica. La Comunidad sostiene que la nueva regulación permitirá disponer de criterios homogéneos, ajustados a las singularidades del territorio y alineados con la evidencia científica.