PP y Vox impiden en la Asamblea poner coto a los grandes tenedores

No hay visos de que a los grandes tenedores, aquellas personas físicas o jurídicas propietarias de más de cinco inmuebles, se les vaya a poner coto en la Región de Murcia para seguir adquiriendo viviendas. Partido Popular y Vox tumbaron este miércoles en la Asamblea Regional una moción del Grupo Socialista para que el Gobierno de la Región impulse medidas que limiten estas compras por parte de estos actores en zonas de mercado residencial tensionado por parte de grandes tenedores.

"La vivienda no puede seguir tratándose como un activo financiero mientras miles de familias tienen cada vez más dificultades para comprar o alquilar un hogar", clamó el diputado del PSOE Miguel Ortega, que preguntó si "la vivienda en la Región de Murcia es para vivir o para especular" y subrayó que "cuando una familia compite contra fondos de inversión, el mercado decide el ganador y siempre gana el dinero y pierde la gente".

Ortega puso de relieve el "abandono", la "parálisis" y la "inacción" del Ejecutivo autonómico pese al fuerte incremento de precios registrado en la Región durante los últimos años: "El Partido Popular lleva más de tres décadas gobernando y los problemas de acceso a la vivienda no dejan de agravarse".

Cuando una familia compite contra fondos de inversión, el mercado decide el ganador y siempre gana el dinero y pierde la gente

Miguel Ortega

— Diputado PSRM

Asimismo, manifestó que "regular el mercado y poner coto a la especulación desenfrenada no es lo que genera inseguridad", puesto que "la verdadera inseguridad es la que sufren las familias que no saben si podrán seguir viviendo en su casa dentro de seis meses".

Solo Podemos-IU apoyó esta iniciativa. El diputado José Luis Álvarez-Castellanos remarcó que en la Constitución está plasmado el mandato de que "las Administraciones públicas intervengan para garantizar el derecho a la vivienda", y defendió una enmienda en la que pedía la declaración de zonas de mercado residencial tensionado conforme a lo previsto en la legislación estatal.

El diputado 'popular' Antonio Landáburu criticó a Ortega por pretender que la Cámara se fije "en lo que está haciendo Pedro Sánchez", cuyas políticas entiende que son equivocadas y al que culpa de que la vivienda sea "el problema número uno de los jóvenes en España".

"En Vox queremos bajadas de precios, pero no que vengan de la mano de fracasadas restricciones, sino de un aumento de la oferta que puede verse aún más limitada en la Región de Murcia con las medidas planteadas por el PSOE", señaló el diputado Ignacio Arcas.

Unanimidad ante las necesidades de la Benemérita

A ver si a la tercera va la vencida. Después de la moción de 2024 y de 2025, la Asamblea Regional volvió a instar este miércoles, y por unanimidad, al Gobierno de la nación a que se inicie de manera inmediata la ejecución del proyecto del Acuartelamiento de la Guardia Civil en Cartagena tal y como se contempló y prometió en un principio, esto es, con unas infraestructuras mejoradas y con 96 viviendas para los guardias civiles.

A la iniciativa del Grupo Parlamentario Popular se adicionó una enmienda de Podemos-Izquierda Unida en la que se renueven y realicen las mejoras necesarias en las instalaciones que acogen a guardias civiles en distintos municipios de la Región, incluyendo estas mismas inversiones en el plan estatal en materia de infraestructuras de seguridad.

Después de que todos los diputados guardaran un minuto de silencio en memoria del alcalde de Murcia, José Ballesta, fallecido este domingo y cuyo funeral se celebró el día anterior en la Catedral, la diputada del PP María Casajús, ponente de la moción, mostró su irritación por los distintos anuncios hechos desde el Gobierno de España sobre el cuartel desde hace ya más de un lustro. "¿Con qué titular nos quedamos? ¿Con el que dio Marlaska en 2019 en la campaña de las elecciones municipales junto a la candidata socialista al Ayuntamiento de Cartagena? ¿O con el que está dando el delegado de Sánchez siete años después?", se preguntó.

Casajús cargó contra María Jesús Montero por referirse a la muerte de dos guardias civiles en Huelva como "accidente laboral"

Recordó que en el año 2019, ya se hablaba del Plan de Infraestructuras para la Seguridad del Estado 2019-2025, y de inversiones para el cuartel de Cartagena, y se llegó a hablar de aproximadamente 7 millones de euros. "¿Dónde está ese dinero? ¿Qué actuaciones concretas se ejecutaron realmente?", volvió a preguntarse. En el año 2023, el Consejo de Ministros autorizó un crédito cercano a 32 millones de euros para la demolición y construcción del nuevo cuartel, "y ahora se anuncia una nueva inversión, 20 millones de euros, y de nuevo sin cronograma público, sin anualidades concretas, y sin información clara sobre cómo va a desarrollarse el proyecto", subrayó, al tiempo que reclamaba "ver ya cómo comienzan las obras del nuevo cuartel".

La diputada aprovechó su intervención rindiendo un "sincero homenaje a los dos guardias civiles fallecidos en acto de servicio en Huelva". Y añadió: "Denominarlo accidente laboral, como ha hecho María Jesús Montero, demuestra hasta qué punto algunos han perdido la capacidad de comprender qué significa vestir ese uniforme".

Fernández recuerda que para la obra, declarada como prioritaria, hay una dotación de 20 millones

La portavoz del Grupo Socialista, Carmina Fernández, explicó que el PSOE había votado a favor de la moción "porque es una necesidad para Cartagena", pero recordó que se trata de un "compromiso que ya ha sido anunciado por el Gobierno de España como obra prioritaria para la que hay una dotación de 20 millones de euros". "Son hechos frente a propaganda, bulos, teatro y utilización partidista por parte del PP", denunció.

Pascual Salvador, de Vox, dijo que "no podemos esperar mucho de un Gobierno con un ministro del Interior que no va a los funerales de los dos guardias civiles asesinados con una narcolancha en Huelva o que reduce el suceso a un simple accidente laboral". Apoyó la moción y pidió tener "el honor de por fin tener un cuartel en condiciones en Cartagena".

María Marín, de Podemos, destacó que desde su grupo parlamentario "siempre" han apoyado "todas las mejoras para nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado porque los agentes lo único que quieren es vivir y trabajar en condiciones dignas".

Trasvase Júcar-Vinalopó y escuelas de música

El diputado regional del Partido Popular Jesús Cano exigió al Gobierno de España, a través de una moción que solo contó con los dos votos en contra de Podemos-IU, "que deje de aplazar soluciones y recortar derechos y provea de recursos alternativos de los acuíferos sobreexplotados a través del Trasvase Júcar-Vinalopó". Son unos municipios que "llevan décadas soportando la sobreexplotación estructural de sus acuíferos sin recibir las infraestructuras necesarias para revertir esa situación".

Cano advirtió de que "las aguas subterráneas sostienen miles de empleos y una actividad económica fundamental para estos territorios, por lo que no se puede seguir mirando hacia otro lado". "El Trasvase Júcar-Vinalopó es la solución planificada y técnicamente avalada para aportar recursos regulados que permitan reducir la presión sobre los acuíferos", insistió.

Por otra parte, IU-Verdes y Podemos vieron aprobada su iniciativa para que se financien las escuelas de música tras "años de abandono". Solo Vox se abstuvo. La iniciativa compromete al Gobierno autonómico a "poner fin a años de vacío normativo" en las escuelas de música no regladas, dependientes en su mayoría de ayuntamientos y sociedades musicales. El texto aprobado obliga al Ejecutivo a desarrollar en un plazo máximo de seis meses el reglamento previsto en la Ley de Música de 2019, además de crear un registro específico y poner en marcha líneas de financiación pública.

El PSOE exige medidas urgentes para proteger la salud mental de los jóvenes en las redes sociales

El diputado de IU, José Luis Álvarez-Castellanos, subrayó que el acuerdo es fruto directo del trabajo conjunto de la coalición y del consenso alcanzado con el resto de fuerzas políticas y el sector musical, mientras que María Marín, de Podemos, apeló a la "simbiosis entre las tradiciones del pueblo y la cultura" que suponen las bandas y las escuelas de música en la Región de Murcia, con más de 8.000 alumnos, 5.000 músicos federados, cientos de docentes y casi medio centenar de bandas.

Además, la Asamblea Regional aprobó, con la abstención del PP, una iniciativa del Grupo Socialista para exigir al Gobierno regional medidas urgentes de protección de la salud mental de niños y adolescentes frente al impacto de las redes sociales, así como el cumplimiento inmediato de la Estrategia de Mejora de Salud Mental 2023-2026 de la Región.

"Uno de cada tres adolescentes realiza un uso problemático de las redes sociales y, según la encuesta Estudes 2023, el 22,5% de los escolares murcianos de entre 14 y 18 años presenta riesgo elevado de uso problemático de internet. Entre las chicas, la cifra asciende al 27,8%", aseveró la diputada Marisol Sánchez.