El Mar Menor llega al banquillo como víctima: el juicio que puede cambiar la justicia ambiental en Europa

Hay fechas que marcan un antes y un después en la relación entre la justicia y la naturaleza. El próximo 20 de mayo, en Cartagena, el Mar Menor dejará de ser únicamente el escenario de una crisis ecológica para convertirse, de facto, en protagonista judicial. Por primera vez en España —y en Europa— un ecosistema con personalidad jurídica propia comparecerá en un proceso penal como sujeto lesionado. La laguna salada más grande del continente llegará al juzgado no como paisaje devastado, sino como víctima con derechos reconocidos por ley.

La Audiencia Provincial de Murcia juzgará ese día a las empresas agrícolas Ecosarete S.L. y Datelio S.L. por presuntos delitos medioambientales relacionados con vertidos contaminantes procedentes de explotaciones del Campo de Cartagena. La causa se centra en una finca agrícola conocida como Mar de Cristal, donde, según las acusaciones, funcionaron entre 2015 y 2017 desalobradoras ilegales sin autorización de la Confederación Hidrográfica del Segura.

La investigación sostiene que aquellas instalaciones trataban agua extraída de pozos para uso agrícola y generaban grandes cantidades de salmuera altamente contaminante, con elevadas concentraciones de nitratos. Según las diligencias incorporadas al procedimiento, durante ese periodo se habrían desalado más de 649.000 metros cúbicos de agua y producido más de 162.000 metros cúbicos de rechazo salino. Las acusaciones consideran que esos residuos terminaron vertiéndose a la cuenca del Mar Menor y contribuyeron al deterioro ecológico de la laguna.

Las empresas juzgada desalaron cerca de 650.000 metros cúbicos de agua entre 2015 y 2017

Las empresas juzgadas desalaron cerca de 650.000 metros cúbicos de agua

La asociación Amarme ejerce la acusación particular y sostiene que los hechos podrían constituir delitos agravados contra el medio ambiente contemplados en los artículos 325, 327 y 330 del Código Penal, tanto por la gravedad del daño causado como por la afección sobre un espacio natural protegido. La entidad reclama multas superiores al millón de euros, la suspensión de actividad de las empresas durante tres años y medidas específicas de restauración ambiental.

Pero el alcance del juicio trasciende la responsabilidad de dos empresas agrícolas. El proceso se ha convertido en el primer gran examen judicial de la Ley 19/2022, la norma que otorgó personalidad jurídica propia al Mar Menor tras una Iniciativa Legislativa Popular respaldada por más de 600.000 firmas. Aquella ley cambió el enfoque jurídico de la protección ambiental en España: la laguna dejó de ser únicamente un bien protegido por las administraciones para convertirse en titular de derechos propios a la protección, conservación y restauración.

Eso implica que el Mar Menor puede actuar judicialmente como víctima, reclamar reparación por los daños sufridos y exigir medidas destinadas a restaurar el ecosistema. En términos jurídicos, el cambio es profundo: la naturaleza pasa de ser objeto de tutela a sujeto de derechos.

"El Mar Menor no será paisaje: será acusación", repiten desde los colectivos que impulsan la defensa jurídica de la laguna. Una idea que resume el simbolismo de una vista oral observada con interés por juristas y organizaciones ambientales de distintos países europeos.

Caso Topillo como telón de fondo

La causa forma parte de la macroinvestigación conocida como 'Caso Topillo', abierta hace años para investigar la contaminación por nitratos y salmueras procedentes de desalobradoras ilegales instaladas en el Campo de Cartagena. El procedimiento principal acabó dividido en decenas de piezas separadas para analizar individualmente la responsabilidad de empresas y explotaciones agrícolas.

En paralelo, la aplicación práctica de la nueva personalidad jurídica del Mar Menor ya ha generado tensiones en los tribunales. El pasado marzo, una vista preliminar derivada de esa misma macrocausa provocó polémica después de que el juzgado no citara formalmente a los representantes legales de la laguna y se cerrara un acuerdo entre Fiscalía y defensa que redujo la condena para un agricultor acusado de vertidos contaminantes. Amarme pidió posteriormente la nulidad de aquella vista por considerar que se había producido indefensión.

El 20 de mayo no solo se juzgarán unos presuntos vertidos ilegales. También se pondrá a prueba una pregunta inédita en la justicia española: si un ecosistema con derechos propios puede defenderse ante los tribunales y exigir reparación por los daños sufridos.