El Gobierno regional arremete contra la CHS tras el varapalo del Supremo

La reciente resolución del Tribunal Supremo sobre el Plan Hidrológico del Segura ha desatado una inmediata ofensiva política en la Región de Murcia contra la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) y la gestión del Gobierno central en materia de agua.

El fallo, que anula parte del Plan Hidrológico del Segura al considerar que la CHS se extralimitó al delimitar superficies regables sin revisar previamente los derechos históricos, ha sido recibido en la Región de Murcia como un respaldo a los regantes del Trasvase Tajo-Segura y un serio correctivo a la planificación hidráulica del Gobierno central.

La consejera de Agricultura, Sara Rubira, aseguró que el Supremo ha dado "un tirón de orejas" a la CHS por utilizar el Plan de Cuenca para modificar perímetros de riego cuando, defendió, existe un procedimiento específico recogido en la Ley de Aguas. Rubira sostuvo que la Administración central debe priorizar "criterios técnicos y científicos" frente a decisiones "ideológicas, sectarias y partidistas".

La consejera insistió en que el Ejecutivo regional seguirá defendiendo la "seguridad jurídica" de los agricultores y criticó que se empleen herramientas "que no son las que se deben utilizar para recortar el agua a los regantes". A su juicio, la resolución judicial obliga ahora a la Confederación y al Gobierno de España a "hacer las cosas como tienen que hacerlas" para proteger "uno de los regadíos más eficientes y sostenibles de Europa".

Sobre la inminente sentencia relacionada con los caudales ecológicos del Tajo, Rubira evitó anticipar escenarios, aunque expresó su deseo de que "haya justicia" y reiteró que el problema nace de decisiones políticas que, según afirmó, terminan perjudicando siempre a los mismos territorios.

En la misma línea se pronunció el diputado del PP regional Jesús Cano, quien interpretó el fallo como "un mensaje muy claro al Gobierno: no todo vale cuando se trata de gestionar el agua". Cano destacó que el Supremo obliga a replantear esta cuestión en el próximo ciclo hidrológico y reivindicó el papel de los agricultores murcianos, a los que atribuyó un esfuerzo continuado en modernización y eficiencia hídrica.

Los exdiputados de Vox José Ángel Antelo y Virginia Martínez celebraron la resolución judicial como "una victoria de la verdad, del campo español y de miles de familias que viven de la agricultura". Ambos dirigentes acusaron al Gobierno central de intentar "vulnerar" los derechos de los regantes y denunciaron que el sureste español está siendo castigado "por sectarismo ideológico".

Antelo y Martínez advirtieron además de que "quien ataca el Trasvase ataca directamente la soberanía alimentaria de España" y reclamaron una defensa "sin complejos" de las transferencias hídricas entre territorios. También aprovecharon para criticar el reciente acuerdo entre PP y Vox en Aragón sobre el Plan Hidrológico Nacional, lamentando que no incluya referencias explícitas al Trasvase del Ebro. A su juicio, hay partidos que "solo defienden el agua cuando pisan el Levante" y desaparecen de los grandes acuerdos nacionales.

Pendientes del fallo sobre los caudales ecológicos

Pese al alivio que ha supuesto esta sentencia, los regantes mantienen la preocupación por la resolución que el Supremo debe dictar próximamente sobre los caudales ecológicos del Tajo, considerada mucho más decisiva para el futuro del Trasvase Tajo-Segura.

Desde el Sindicato Central de Regantes del Trasvase Tajo-Segura (Scrats) reconocen que afrontan ese pronunciamiento con menos optimismo debido a los numerosos precedentes judiciales donde el tribunal nunca entra al fondo del asunto (la legalidad de la planificación hidrológica del Tajo) y al rechazo del tribunal a varias pruebas periciales planteadas por los usuarios del acueducto. Los regantes casi dan por hecho que la Justicia no podrá impedir que el aumento de los caudales ecológicos reduzca de forma notable el volumen de agua transferible al Levante y sólo ven posibilidades a través de la vía política. "Fue la política la que nos trajo aquí y es la política, el Gobierno de la Nación, causante directo de lo que vivimos, quien debe de reconducir la situación en el actual ciclo de planificación que ahora comienza, recorriendo el camino contrario al recorte que inició en el anterior ciclo de planificación", sentenció ayer el presidente del Scrats, Lucas Jiménez.