La Ley de Universidades pasa el filtro del CES: la Región creará un Observatorio Universitario y se incrementarán las becas

La Región de Murcia dispondrá de un Observatorio de Datos Universitarios, una de las novedades de la futura Ley de Universidades que tramita el Gobierno regional a través de la Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor y que esta semana ha pasado un filtro más en su tramitación al haber recibido el dictamen favorable del Consejo Económico y Social (CES), que ha avalado el texto como una herramienta necesaria para afrontar los nuevos retos de la educación superior.

El CES reconoce la importancia que la norma concede al estudiantado, con un impulso importante a la política de becas y ayudas como instrumento clave para garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso y permanencia en la educación universitaria. La futura norma establece la obligación de las universidades y centros adscritos a destinar, como mínimo, un 3% de las tasas de matriculación al programa de becas, sin embargo, el órgano consultivo observa que "la configuración del sistema plantea diversas dudas interpretativas en cuanto a su alcance y aplicación práctica", principalmente en lo que respecta a las universidades privadas.

En particular, dice que "no resulta claro si el modelo previsto implica la existencia de un sistema integrado de becas en el que participen tanto la Administración autonómica como las universidades, incluyendo las privadas, ni cómo se articula dicha corresponsabilidad", por lo que considera que "se suscitan dudas en relación con el alcance de la intervención pública en el sistema de becas en las universidades privadas, tanto en lo relativo a la posible concesión de ayudas públicas al estudiantado matriculado en estas instituciones como en la imposición de obligaciones de financiación a las propias universidades, atendiendo a su distinta naturaleza jurídica y régimen de financiación", algo que creen que se debe aclarar el anteproyecto de ley.

Aun así, el CES valora positivamente las medidas orientadas a la inclusión, la accesibilidad y la participación estudiantil, reforzando el papel del alumnado dentro del sistema universitario.

El texto ha contado con más de 300 aportaciones y 115 alegaciones

El texto normativo se ha elaborado a través de un amplio proceso de participación, con más de 300 aportaciones y 115 alegaciones de universidades, agentes sociales y económicos, organizaciones representativas y ciudadanía. Lo que ha permitido "configurar un texto con una visión integradora, que incorpora las principales necesidades y propuestas del conjunto del sistema universitario", apunta el consejero Juan María Vázquez.

Este es uno de los aspectos que más valora el CES en su dictamen sobre el anteproyecto de la Ley de Universidades, que aborda de forma integral la ordenación y coordinación del sistema universitario regional, regulando aspectos esenciales como la organización, el funcionamiento, la financiación, el personal, el estudiantado o la internacionalización.

Financiación: "Hay que cubrir las necesidades estructurales, más allá de los costes de personal"

El CES valora positivamente la regulación del modelo de financiación de las universidades públicas que contempla el texto del Gobierno regional, en particular la previsión de un marco basado en principios como la suficiencia financiera, la eficiencia, la corresponsabilidad y la vinculación a objetivos, así como la incorporación de un Plan Plurianual de Financiación como instrumento de planificación del sistema.

No obstante, considera que "la configuración del modelo de financiación presenta un grado de indeterminación que podría dificultar su desarrollo efectivo, especialmente en lo relativo a la delimitación de la financiación estructural del sistema universitario y a la concreción del propio Plan Plurianual". Ante lo que el CES estima necesario que "el modelo de financiación garantice una cobertura adecuada de las necesidades estructurales del sistema, más allá de los costes de personal, incorporando de forma expresa otros elementos esenciales para el funcionamiento de las universidades, tales como los gastos corrientes, las inversiones, la actividad investigadora estructural y las políticas de innovación y transferencia".

La nueva norma apuesta por la internacionalización del sistema universitario

El dictamen también subraya la apuesta por la internacionalización del sistema universitario, en línea con las estrategias europeas, así como la importancia de la dimensión territorial y del papel de los campus en la vertebración y el desarrollo económico y social de la Región.

Otro aspecto destacado es el impulso a la gobernanza del sistema universitario y al refuerzo de la participación social, especialmente a través de los Consejos Sociales como órganos de conexión entre la universidad y su entorno.

El consejero de Universidades explica que "las aportaciones del CES nos permiten seguir mejorando el texto y reforzar su claridad y su aplicación práctica, manteniendo el objetivo de contar con una ley sólida y útil desde el primer momento". También sugiere seguir avanzando en la mejora de los mecanismos de participación, coordinación institucional y delimitación del ámbito de aplicación de algunas medidas, con el objetivo de reforzar la seguridad jurídica y la operatividad de la norma.

Según la disposición transitoria primera, la futura Ley de Universidades de la Región de Murcia otorga el plazo de un año para que las universidades públicas y privadas adapten sus Estatutos y sus normas de organización y funcionamiento a lo dispuesto en el nuevo texto.

Nivel B2 de lengua extranjera para docentes e investigadores

El texto de la nueva Ley de Universidades que se está tramitando en estos momentos señala que con el objetivo de impulsar la internacionalización de los estudiantes y de los futuros profesionales, las universidades de la Región de Murcia obligarán a que sus alumnos acrediten a partir de 2029 un nivel de idiomas B2 para poder obtener el título de grado. Pero además, el anteproyecto hace extensiva esta medida a quienes quieran acceder a una plaza de personal docente e investigador (PDI).

El dictamen del Consejo Económico y Social (CES) conocido este viernes indica que en su artículo 61 la futura norma regula la exigencia de un determinado nivel de competencia en lengua extranjera en relación con los procesos de selección del personal docente e investigador, ante lo cual estima conveniente que las condiciones relativas a los requisitos de acceso y participación en los procesos de selección del personal docente e investigador "se integren en la regulación específica con el fin de garantizar una mayor coherencia normativa y facilitar su adecuada interpretación y aplicación".

Para el consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, "el dictamen del CES es especialmente relevante porque respalda la norma de manera unánime y avala no solo la oportunidad de la ley, sino también su enfoque y su ambición para ordenar y fortalecer el sistema universitario de la Región".

"El aval confirma que estamos ante una ley trabajada y construida desde el diálogo con el conjunto de la comunidad universitaria y el tejido social. Una ley que nace del consenso, que recoge aportaciones reales y responde a la necesidad de modernizar el sistema universitario", añade Vázquez.