Rubira rebaja la alarma sobre los metales pesados en suelos agrícolas del Campo de Cartagena: "Los controles no detectan positivos"

El informe sobre la calidad de los suelos agrícolas del Campo de Cartagena volvió este jueves a la Asamblea Regional. El PP cerró filas con el Gobierno de Fernando López Miras para defender el estudio elaborado por la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), rebajar la alarma social y reivindicar que no existe un riesgo generalizado para la salud ni para la actividad agraria. Frente a ello, PSOE y Podemos mantienen sus críticas por la gestión del Ejecutivo regional, al que acusan de falta de transparencia y de minimizar un problema que consideran potencialmente grave para la seguridad alimentaria y la salud pública.

La discusión llegó al Pleno a través de una pregunta oral formulada por el diputado popular Jesús Cano a la consejera de Agricultura, Sara Rubira, sobre la valoración que hace el Ejecutivo autonómico del informe elaborado por la UPCT con colaboración de la Comunidad Autónoma.

Rubira defendió el trabajo científico presentado la pasada semana por el investigador Ángel Faz y pidió contextualizar los datos que han generado polémica, especialmente los relativos a metales pesados. La consejera recordó que el propio autor del estudio advirtió de que esa cuestión "es solo una pequeña parte de un trabajo mucho más amplio" centrado también en las propiedades químicas y físicas del suelo y en los procesos de degradación.

La titular de Agricultura insistió en una de las ideas centrales defendidas por Faz: la diferencia entre metales totales, solubles y asimilables. Según explicó, se trata de "una diferencia clave para definir el riesgo real" y lamentó que ese matiz haya sido "obviado" por quienes han atacado al Gobierno por la su gestión del informe.

Rubira sostuvo además que la presencia de metales en determinadas zonas del Campo de Cartagena responde a la propia historia geológica y minera del territorio y rechazó las "interpretaciones simplistas basadas únicamente en valores absolutos". En esa línea, afirmó que el documento concluye que "prácticamente la totalidad de la cuenca agrícola presenta niveles bajos o moderados de metales compatibles con el uso agrario actual".

La consejera incidió especialmente en las características de los suelos del Campo de Cartagena, mayoritariamente alcalinos, lo que —según explicó— favorece que los metales queden inmovilizados y no sean absorbidos por las plantas. "No se preocupen ustedes, que este Gobierno regional cumple", afirmó, antes de reivindicar los controles que se realizan a través del programa PRASAM y en coordinación con la Consejería de Salud.

Como principal argumento para desmontar las críticas de la oposición, Rubira avanzó que durante 2026 se han analizado más de veinte cultivos con "cero alertas". "Alarmismos ninguno", zanjó.

La consejera también defendió que el informe constituye "una base científica sólida" para orientar políticas de conservación del suelo y sostuvo que avala la compatibilidad entre el actual modelo agrícola del Campo de Cartagena y la recuperación del Mar Menor "tal y como exige la ley 3/2020".

No obstante, evitó dar por cerrado el conflicto administrativo abierto con la UPCT. En este sentido, recordó que el expediente de reintegro de parte de la subvención todavía sigue en revisión y que los técnicos continúan analizando la documentación justificativa para determinar si procede la devolución parcial de fondos.

En el turno de réplica, Jesús Cano elevó el tono político y acusó directamente a la izquierda de intentar "generar alarma social donde no la hay". El diputado popular negó cualquier ocultación o irregularidad y defendió que el procedimiento seguido por la Administración ha sido el habitual en cualquier expediente público.

"Han sacado de contexto datos para generar alarma social", denuncia

"Lo demás es relato interesado", afirmó. Cano sostuvo que PSOE y Podemos han construido "una estrategia basada en el alarmismo, el oportunismo y la demagogia", utilizando datos "sacados de contexto" para provocar preocupación social.

El parlamentario popular insistió en que la existencia de metales en la Sierra Minera “no es ninguna noticia” y volvió a apoyarse en las explicaciones técnicas de la UPCT sobre el comportamiento de esos elementos en suelos con pH elevado, donde su movilidad y transferencia a los cultivos se reduce considerablemente.

"El informe no es el problema sino parte de la solución", advierte Jesús Cano

"El informe no es el problema. Este informe es parte de la solución", aseguró Cano, quien reivindicó el valor científico del trabajo para identificar problemas localizados, mejorar la gestión del suelo y seguir protegiendo el Mar Menor.

Además, defendió la actuación del Ejecutivo regional en el expediente abierto con la UPCT. Según dijo, la reclamación parcial de la subvención demuestra precisamente que "los mecanismos de control funcionan". "Lo que ustedes presentan como escándalo es, en realidad, la prueba de que los controles existen", añadió.

PSOE y Podemos mantienen sus críticas

El debate parlamentario llega después de semanas de intensa controversia política. Mientras el Ejecutivo regional y el PP se apoyan en las conclusiones técnicas y en los controles agrícolas para rebajar la preocupación, PSOE y Podemos mantienen una posición muy crítica.

Los socialistas acusan al Gobierno regional de haber mantenido el estudio "oculto en un cajón" desde 2023 y exigen la publicación íntegra de toda la documentación. Además, han advertido del posible impacto de metales como el plomo, el cadmio o el zinc sobre la salud de trabajadores agrícolas y consumidores, reclamando garantías sanitarias adicionales y mayor transparencia por parte de la Consejería.

Podemos ha ido todavía más allá. Su portavoz en la Asamblea Regional, María Marín, llegó a exigir la dimisión de Sara Rubira y denunció ante la Fiscalía un posible caso de prevaricación y falsedad documental tras la negativa inicial del Gobierno regional a facilitar el acceso al informe. La formación sostiene que el Ejecutivo intentó ocultar el contenido del estudio y alerta de posibles riesgos para la seguridad alimentaria y la salud pública si se confirman determinados niveles de contaminación detectados en algunas zonas del arco sur del Campo de Cartagena.

Frente a ello, tanto el Gobierno regional como los autores del informe han insistido durante los últimos días en la necesidad de evitar interpretaciones alarmistas y de distinguir entre focos localizados de contaminación y una afección generalizada del conjunto de los suelos agrícolas.