Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Polémica

El Estado se queda el hangar del Carmolí y frustra el centro ambiental previsto en el Mar Menor

La Comunidad Autónoma pierde la titularidad del edificio, en estado de deterioro, y podría acabar siendo demolido

El antiguo hangar del Hovercraft VCA-36 de la Marina Española en El Carmolí.

El antiguo hangar del Hovercraft VCA-36 de la Marina Española en El Carmolí. / L.O.

Alejandro Lorente

Alejandro Lorente

La controversia en torno a la Ley de Costas en la Región de Murcia suma un nuevo frente más allá de las viviendas afectadas. A los cerca de 600 propietarios pendientes de los deslindes se añade ahora el futuro del antiguo hangar de El Carmolí, cuya titularidad ha pasado oficialmente al Estado, según comunicaron ayer fuentes autonómicas, lo que ha generado malestar en el Ejecutivo regional.

El edificio, ubicado en la Marina del Carmolí, estaba en manos de la Comunidad Autónoma y formaba parte de un proyecto para convertirlo en un centro de interpretación ambiental y patrimonial vinculado al Mar Menor. Sin embargo, la incorporación de esta instalación al dominio público marítimo-terrestre, dentro del nuevo deslinde impulsado por el Ministerio para la Transición Ecológica, ha truncado esos planes. Cabe recordar que el Ejecutivo autonómico llegó a presentar un recurso contra el deslinde de esa zona, que finalmente ha sido rechazado.

Antiguo hangar del Carmolí, hoy en desuso y en estado de deterioro.

Antiguo hangar del Carmolí, hoy en desuso y en estado de deterioro. / L.O.

Desde la Consejería de Fomento, dirigida por Jorge García Montoro, se subraya que esta decisión supone "privar a la Región de Murcia" de un espacio destinado a la divulgación de los valores naturales y la historia del enclave. El proyecto contemplaba la recuperación de una infraestructura singular, vinculada al antiguo aerodeslizador militar VCA-36 (Hovercraft), para usos culturales, científicos y educativos.

El conflicto se enmarca en un desacuerdo más amplio entre la Comunidad Autónoma y el Gobierno central sobre la aplicación de la normativa de costas.

A partir de ahora, cualquier actuación sobre el inmueble requeriría una concesión estatal, mientras que no se descarta su demolición debido a su deterioro. Los servicios jurídicos autonómicos estudian recurrir la decisión en los tribunales.

Tracking Pixel Contents