Pulso por la Ley de Costas: el Senado pide parar los derribos que afectan a 600 familias en la Región de Murcia

Los propietarios del litoral murciano vuelven a dirigir su mirada al Senado tras la aprobación de una iniciativa que respalda la paralización de los deslindes y refuerza la defensa de cientos de viviendas afectadas por la Ley de Costas.

La Cámara Alta ha reactivado el debate sobre la aplicación de esta ley en un momento de creciente tensión institucional, con miles de familias pendientes de decisiones que afectan directamente a sus viviendas. La mayoría del Partido Popular ha permitido sacar adelante una moción que busca frenar de inmediato los deslindes y posibles derribos, una medida que en la costa murciana se percibe como una pequeña victoria.

La Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado aprobó este miércoles la moción presentada por el Partido Popular para exigir al Gobierno una moratoria inmediata en los procedimientos de deslinde del dominio público marítimo-terrestre. La iniciativa salió adelante con 37 votos a favor, 18 en contra —entre ellos los del PSOE— y dos abstenciones.

El texto reclama suspender todas las actuaciones en curso que puedan derivar en la reversión de propiedades, ocupaciones, caducidades o incluso demoliciones de viviendas afectadas por la Ley de Costas. Además, insta al Ejecutivo a garantizar "transparencia, seguridad jurídica y lealtad institucional" en cualquier modificación del reglamento. La moción hace referencia a la decisión del Gobierno central de adaptarse a las exigencias de la Comisión Europea a través de una modificación del Reglamento General de Costas, una vía que las comunidades autónomas critican por generar, de manera unilateral, inseguridad jurídica al afectar a derechos consolidados sin pasar por una reforma legal en profundidad.

La portavoz popular en el Senado, Alicia García, defendió que la medida busca evitar "la pérdida de derechos de propiedad privada o concesionales" de miles de ciudadanos, muchos de los cuales construyeron sus viviendas conforme a la legalidad vigente en su momento. Según explicó, se trata de una respuesta política urgente ante el riesgo de derribos "irreversibles" mientras sigue bloqueada en el Congreso la reforma de la ley aprobada por el Senado en marzo de 2024.

La sesión contó con la presencia de representantes de todas las comunidades autónomas con litoral gobernadas por el PP —entre ellas la Región de Murcia— que escenificaron un frente común contra la aplicación actual de la normativa. También asistieron afectados, algunos procedentes del municipio de Cartagena, donde se concentra buena parte de los casos murcianos.

La Región de Murcia alza la voz: 600 familias en el punto de mira

La intervención del consejero de Fomento e Infraestructuras, Jorge García Montoro, centró buena parte del debate desde la perspectiva murciana. El responsable autonómico trasladó al Senado la preocupación del Gobierno regional por la situación de unas 600 familias afectadas en enclaves como Cabo de Palos, Los Nietos, El Portús, Puntas de Calnegre o Puerto de Mazarrón.

Montoro arrancó su intervención con una frase que, según explicó, le han trasladado los propios afectados: "Cuando un ciudadano pierde la certeza sobre sus derechos, no estamos ante un problema administrativo, sino ante un problema de Estado". A partir de ahí, dibujó un escenario de "inseguridad jurídica" que, a su juicio, está erosionando la confianza en las instituciones.

El consejero denunció que las decisiones sobre el litoral se están tomando "de forma unilateral, a 500 kilómetros del mar y de espaldas a los territorios", y criticó que los deslindes se basen en "criterios difusos y arbitrarios que nadie sabe cómo se aplican".

En su intervención, insistió en que muchas de las viviendas afectadas son construcciones tradicionales levantadas "al amparo de la más absoluta legalidad", y advirtió de que ahora "lo que hasta ayer era suyo, hoy deja de serlo por una decisión tomada en Madrid". Una situación que calificó de "muy grave" no solo por su impacto económico, sino también emocional.

Montoro subrayó que el Ejecutivo regional agotará “todas las vías políticas y legales” para proteger estas viviendas y defendió que es posible compatibilizar la protección medioambiental con la conservación de los usos tradicionales del litoral. “No hablamos solo de demoliciones, hablamos de confianza, de credibilidad institucional y de seguridad jurídica”, remarcó.

Además, reiteró la petición de convocar de forma urgente la Conferencia Sectorial de Costas para abordar una reforma consensuada de la normativa y adaptar su aplicación a las singularidades de cada territorio.

Un conflicto abierto y con recorrido político

La aprobación de esta moción no tiene efectos legislativos directos, pero sí supone un nuevo pulso político al Gobierno central y refuerza la estrategia del PP de visibilizar el conflicto en el Senado, donde cuenta con mayoría.

El debate llega en un contexto marcado por el bloqueo en el Congreso de la reforma de la Ley de Costas y por el temor de los afectados a que se ejecuten derribos en los próximos meses. En paralelo, las comunidades autónomas gobernadas por el PP han intensificado su coordinación para presionar al Ejecutivo y reclamar cambios en la normativa.

En la Región de Murcia, el asunto trasciende lo político y se ha convertido en una cuestión social de primer orden, con cientos de familias pendientes de decisiones administrativas que pueden cambiar su futuro inmediato. La incertidumbre sigue instalada en primera línea de costa.