El informe de la UPCT sobre los metales pesados da alas a excluir Fuente Álamo de la Ley del Mar Menor

El informe de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) que alertó de los metales pesados en el Campo de Cartagena incluye también otros asuntos de interés e introduce matices técnicos con profundas implicaciones normativas: no todo el territorio funcionaría igual desde el punto de vista hidrogeológico. Y en ese mapa más complejo, Fuente Álamo emerge como un caso incómodo que ya ha entrado de lleno en la batalla política.

El diagnóstico elaborado por el grupo de investigación Garsa de la UPCT dirigido por el investigador Ángel Faz refuerza una idea que llevaba tiempo circulando en determinados ámbitos técnicos y municipales: el término de Fuente Álamo podría comportarse como una unidad hidrogeológica diferenciada dentro del Campo de Cartagena. De confirmarse y trasladarse al plano administrativo, podría alterar el alcance de las restricciones impuestas por la Ley 3/2020 de protección del Mar Menor.

El informe recoge a su vez conclusiones del estudio del IGME-CSIC firmado en 2024 por García-Aróstegui y Robles-Arenas. Según ese trabajo, Fuente Álamo constituiría "una cubeta detrítica semiindependiente", con flujo subterráneo centrípeto hacia su núcleo urbano y sin conexión hidrogeológica activa con el resto del acuífero cuaternario ni con el Mar Menor. En palabras más sencillas: el municipio podría no drenar hacia la laguna como sí lo hacen otras zonas del Campo de Cartagena.

Este planteamiento técnico llega en un momento clave. En la Asamblea Regional de Murcia se acumulan ya cuatro propuestas de reforma de la Ley del Mar Menor —de PP, PSOE, Vox y Podemos—, pero es la iniciativa de Vox la que incorpora explícitamente el caso de Fuente Álamo.

La Asamblea acumula cuatro propuestas de reformas de la Ley del Mar Menor

El partido defiende excluir al municipio de parte de las restricciones. Su portavoz, Rubén Martínez Alpañez, sostiene que "las medidas que se están imponiendo a ganaderos y agricultores de Fuente Álamo no corresponden, porque no hay ninguna conexión hídrica que lo justifique".

La formación de Abascal en la Región de Murcia, que vincula esta propuesta al "fracaso" de las políticas actuales, ha elevado la presión para que las reformas se debatan de forma inmediata. Además, se alinea con la posición que defiende el Ayuntamiento. Ya en 2024, la alcaldesa, Juana María Martínez, del PP, defendió en sede parlamentaria que su municipio no es responsable de la contaminación del Mar Menor.

"Desde el Ayuntamiento siempre hemos estudiado y tratado científicamente que no somos los responsables", afirmó entonces, apoyándose en estudios realizados junto a la UPCT. Según explicó, tras analizar hasta 340 balsas de purines, se concluyó que "no están contaminando directamente al acuífero; la percolación es inexistente". La regidora planteó modificar la ley para "equilibrar la protección ambiental y la viabilidad económica", reclamando además que no se equiparen las exigencias entre regadío y secano.

Más allá del caso concreto, Fuente Álamo introduce una cuestión de fondo que puede redefinir la política ambiental en la Región de Murcia: ¿deben las medidas de protección basarse en límites administrativos o en realidades hidrogeológicas? El informe apunta a una "compartimentación significativa" del territorio, con materiales poco permeables que separan sistemas acuíferos. Si ese enfoque se consolida, obligaría a diseñar regulaciones más precisas y diferenciadas. Pero también abre un frente complejo: incluso sin conexión directa con el Mar Menor, los riesgos locales —salinización, nitratos, purines— seguirían exigiendo control y gestión.

Fuente Álamo se convierte así en una suerte de experimento piloto. Para el sector primario, representa la posibilidad de aliviar restricciones que consideran injustificadas. Para la Administración y los colectivos ambientales, plantea el riesgo de fragmentar la protección de un ecosistema ya altamente degradado. La discusión ya no es solo si contamina o no al Mar Menor. La pregunta que empieza a imponerse es otra: si la ciencia distingue territorios, ¿debe la ley seguir tratándolos como si fueran uno solo?

Un suelo vulnerable: la salinidad se ha triplicado en los últimos 30 años

El propio informe científico introduce cautelas que complican una lectura simplista. El hecho de que Fuente Álamo pueda estar hidrogeológicamente desconectado del Mar Menor no implica ausencia de problemas ambientales.

El documento describe una zona con fuerte presión agraria y ganadera, especialmente por la elevada densidad de explotaciones porcinas. La presencia de balsas de purines sigue siendo un punto sensible: aunque no se detecta afección directa al acuífero profundo, sí se observan impactos en capas superficiales del subsuelo.

Preocupa la elevada densidad de explotaciones porcinas en Fuente Álamo

De hecho, los investigadores recomiendan sistemas de monitorización permanente de hasta diez metros de profundidad para garantizar la protección de los acuíferos.

El estado de los suelos en Fuente Álamo no permite bajar la guardia. Son terrenos con mucha cal —lo que los hace más duros—, con un carácter alcalino y con poca materia orgánica (alrededor del 1,8%), es decir, con menos ‘vida’ y menor capacidad para retener nutrientes. En la práctica, esto se traduce en suelos más exigentes para la agricultura y más vulnerables si el manejo es intensivo.

Uno de los síntomas más claros de ese desgaste es la salinidad. En unos 30 años, la cantidad de sales en el suelo se ha disparado: los valores prácticamente se han triplicado, según el informe. Detrás de esta evolución están, principalmente, el uso continuado del riego y la acumulación progresiva de sales que dejan tanto el agua como los retornos agrícolas. El resultado es un deterioro silencioso que dificulta el cultivo y reduce la calidad del suelo a largo plazo.

A ello se suma la acumulación de nitratos en profundidad y el riesgo de degradación química localizada en áreas con mayor carga ganadera.