Cuenta atrás para el Trasvase Tajo-Segura: la sentencia que puede desbloquear el hachazo de 100 hm³

La resolución del recurso del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats), votada este martes en el Tribunal Supremo, se perfila como el punto de inflexión que puede desbloquear la reforma de las reglas de explotación del trasvase. Con Castilla-La Mancha presionando para acelerar los cambios y el sector agrícola del sureste pendiente de un recorte superior a los 100 hectómetros cúbicos anuales, el calendario judicial se ha convertido en el principal factor que determina el futuro inmediato de una infraestructura clave para la Región de Murcia.

Según distintas fuentes, la deliberación del alto tribunal sobre el recurso del Scrats, que se hará pública en unos días, marca el tramo decisivo de una batalla judicial que, en las últimas semanas, ha ido cerrando frentes. La reciente inadmisión del recurso de la Diputación de Alicante dejó el tablero reducido a dos procedimientos: el del propio Scrats, ya votado, y el de la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena, que sigue en una fase más temprana y no se resolverá previsiblemente hasta después del verano.

Castilla-La Mancha presiona para el cambio inmediato

Desde el Gobierno de Castilla-La Mancha se ha reiterado que la sentencia pendiente debe servir para "acabar con las excusas" y activar de forma inmediata la modificación de las reglas de explotación del Trasvase Tajo-Segura. Así lo trasladó la portavoz del Ejecutivo autonómico, Esther Padilla, quien dio por hecho que el Ministerio para la Transición Ecológica tiene ya "más que redactado y revisado" el nuevo marco normativo.

En su comparecencia, Padilla dejó entrever que el Ejecutivo castellano-manchego espera una resolución en la misma línea que las anteriores: una reafirmación de la obligación de cumplir con los planes hidrológicos y con la normativa europea, especialmente en lo relativo a los caudales ecológicos del Tajo. A su juicio, ese principio conlleva inevitablemente una reducción de los volúmenes trasvasables hacia el Levante.

La presión política desde Toledo no cesa. Días antes, el presidente autonómico, Emiliano García-Page, avanzó que la demanda de Castilla-La Mancha contra el Ministerio por su "inactividad" en la revisión de las reglas de explotación ya ha sido admitida a trámite, pese a las sentencias favorables a esa modificación.

El Levante, pendiente de un fallo clave

En la Región de Murcia y el conjunto del sureste, la percepción es bien distinta. El recurso del Scrats se considera el último gran intento de frenar o, al menos, matizar el recorte previsto en la planificación hidrológica del Tajo. Este recorte, cifrado en más de 100 hectómetros cúbicos anuales, es interpretado por el sector agrario como un golpe estructural que compromete la viabilidad de miles de explotaciones.

El recurso del Scrats ataca el núcleo técnico de esa planificación, cuestionando la metodología empleada para fijar los caudales ecológicos y denunciando decisiones que considera arbitrarias.

Aun así, el frente judicial no se cerrará completamente con esta sentencia. Quedará pendiente el recurso de los regantes del Campo de Cartagena, que introduce además la variable del Mar Menor y plantea que su protección depende en gran medida de conservar el delicado equilibrio de un modelo hídrico que combina recursos trasvasados, desalados y reutilizados.

El Gobierno vincula la reforma al calendario judicial

En este contexto, el posicionamiento del Ministerio para la Transición Ecológica ha sido claro en las últimas semanas: no habrá cambios en las reglas de explotación hasta que el Tribunal Supremo resuelva las impugnaciones pendientes. La propia ministra, Sara Aagesen, insistió días atrás en que el Ejecutivo "actuará" una vez despejadas las incógnitas judiciales.

Sin embargo, la clave ahora reside en determinar si el fallo del Scrats será considerado suficiente para dar ese paso o si el Gobierno esperará también a la resolución del recurso del Campo de Cartagena antes de aprobar el nuevo real decreto.

Esta Redacción se ha puesto en contacto con el Ministerio para aclarar esta cuestión, preguntando expresamente si la sentencia del Scrats constituye el último hito necesario para “mover ficha”. No obstante, fuentes del departamento no han ofrecido respuesta.

El silencio del Ministerio añade incertidumbre a un proceso en el que los tiempos son determinantes. Si el Ejecutivo opta por esperar al segundo recurso, la reforma podría retrasarse varios meses. Si, por el contrario, considera que el fallo del Scrats cierra el ciclo judicial relevante, el cambio normativo podría activarse en un plazo mucho más corto.

Un escenario de máxima tensión

El trasfondo de esta situación es un conflicto estructural entre territorios y modelos de gestión del agua. Mientras Castilla-La Mancha insiste en priorizar la recuperación ambiental del Tajo y el cumplimiento estricto de la normativa europea, el Levante defiende el trasvase como una infraestructura esencial para su economía y desprecia los argumentos ambientales (el aumento de los caudales ecológicos, advierten, no tendrá impacto sobre la salud del ecosistema fluvial).

Las sucesivas sentencias del Tribunal Supremo han ido consolidando una línea jurisprudencial, que, aunque nunca ha entrado al fondo de la cuestión, es decir, a la legalidad de la propia planificación, siempre ha sido favorable a la a su mantenimiento, lo que ha ido estrechando el margen de maniobra para los regantes. Aun así, el sector mantiene la expectativa de que el recurso del Scrats pueda introducir matices o abrir nuevas vías de interpretación.

Mientras tanto, el calendario avanza. La sentencia votada este martes se conocerá en los próximos días y marcará el rumbo inmediato de la política hídrica en España. En juego no solo está el volumen de agua trasvasada, sino el equilibrio entre territorios y la sostenibilidad de un modelo agrícola que depende, en gran medida, de esa infraestructura.