La Asamblea impulsa los regadíos sociales para sostener el campo y frenar la despoblación

La Asamblea Regional ha dado este miércoles un paso relevante en el debate sobre el futuro del campo al aprobar, con una amplísima mayoría, una moción del Grupo Popular para impulsar los llamados regadíos sociales. La iniciativa, que combina objetivos de desarrollo rural, gestión hídrica y lucha contra la despoblación, salió adelante con 42 votos a favor, ninguno en contra y dos abstenciones, correspondientes a diputados de Podemos e IU.

El texto plantea, por un lado, declarar de interés regional la implantación de estos regadíos en superficies actualmente de secano y, por otro, instar al Gobierno de España a incluir esta figura en el cuarto ciclo de planificación hidrológica a través de la Confederación Hidrográfica del Segura.

La defensa de la moción, inspirada en una vieja reivindicación de COAG, presentes en el hemiciclo, corrió a cargo del diputado popular Jesús Cano, que situó el foco en la dimensión humana del problema. Según explicó, no se trata de grandes infraestructuras, sino de "algo más cercano, más humano y precisamente por eso más urgente". Cano puso voz a la realidad de muchas familias agrícolas que "sobreviven como pueden" ante la sequía y el cambio climático, y defendió que los regadíos sociales son "una herramienta de política pública diseñada para corregir desequilibrios".

Durante su intervención, insistió en que la propuesta no busca ampliar el regadío intensivo, sino garantizar "un chorrico", un aporte hídrico mínimo que permita mantener cultivos tradicionales como el olivar, la vid o los frutos secos. "No pedimos el agua que no existe —subrayó—, pedimos que cuando haya disponibilidad exista un marco legal que permita actuar con rapidez y criterio". El diputado popular apeló a la justicia territorial y a la función social del agua, defendiendo que esta medida puede evitar el abandono de explotaciones y fijar población en zonas rurales.

El Grupo Socialista, por su parte, mostró una posición favorable de fondo pero muy crítica con la forma. El diputado Fernando Moreno reconoció que la propuesta "nos parece bien", aunque cuestionó el planteamiento y acusó al Ejecutivo regional de llegar "más de 20 años tarde". A su juicio, el Partido Popular ha utilizado el agua durante décadas "más como marketing electoral que como política hídrica efectiva".

El PSOE pide la intervención de la Consejería de Agricultura

Moreno defendió que el procedimiento correcto pasa por un trabajo previo de la Consejería de Agricultura: identificar zonas, cuantificar hectáreas, calcular demandas y justificar el interés social antes de elevar la propuesta al Ministerio. También criticó que se señale a la Confederación Hidrográfica como eje del proceso y reclamó retomar el Pacto Regional del Agua como espacio de consenso. "Esto requiere seriedad y trabajo —advirtió—, no eslóganes".

En el turno de réplica, Cano rechazó la enmienda socialista por considerar que introducía "confusión competencial" y pretendía trasladar a la Comunidad Autónoma responsabilidades que corresponden al organismo de cuenca. Para el diputado popular, la moción está "técnicamente fundamentada" y reiteró que su objetivo es que la planificación hidrológica no deje atrás a los pequeños agricultores.

Las intervenciones de Vox e Izquierda Unida tuvieron un peso menor en el debate, aunque dejaron algunas advertencias. Desde Vox se apoyó la iniciativa destacando su utilidad para combatir la despoblación, si bien se alertó sobre posibles usos irregulares del agua en otras zonas. IU, por su parte, consideró la herramienta "interesante" pero criticó la falta de concreción y demandó más planificación, datos y estudios previos antes de su desarrollo.

Pese a las discrepancias, el resultado final reflejó un amplio consenso político en torno a la necesidad de actuar sobre el secano murciano, en un contexto marcado por la sequía recurrente y el reto demográfico.