El reglamento del Grupo Mixto elaborado por la Mesa de la Asamblea otorga la Portavocía a Álvarez-Castellanos, de IU

José Luis Álvarez-Castellanos, diputado de Izquierda Unida-Verdes, será nuevo portavoz del Grupo Mixto de la Asamblea Regional, según el reglamento elaborado por la Mesa de la Cámara autonómica. Él tendrá la opción de renunciar al cargo en favor del diputado o diputada que designe, por lo que, en caso de tomar esa decisión, lo esperable es que siguiera su compañera de coalición, María Marín, de Podemos.

El reglamento, al que ha tenido acceso La Opinión, aún debe pasar la criba de la Junta de Portavoces, que lo estudiará la semana que viene. Solo entonces recibirá el visto bueno definitivo de la Mesa de la Asamblea y entrará en vigor.

El texto establece que la dirección y portavocía del Grupo Mixto se desempeñará de forma sucesiva por sus integrantes atendiendo a un sistema rotatorio por períodos de sesiones que se fijará por orden de antigüedad de sus miembros en el Grupo Mixto. Para la aplicación del criterio de antigüedad se tendrá en cuenta que no podrá ser portavoz quien ya lo hubiera sido en esta legislatura excepto si el diputado o diputada a quien corresponda ser portavoz renuncie a ello en su favor. Por este motivo, después de María Marín, el segundo miembro más antiguo es José Luis Álvarez-Castellanos.

Al Grupo Mixto le corresponden 19.940,00 euros al mes que se distribuirán al 50% entre los miembros de Podemos-IU y de Vox

Siguiendo esta lógica, el próximo período de sesiones, de septiembre a diciembre, será Antelo quien tome la voz del Grupo Mixto; y en el último período de sesiones, que empieza en febrero de 2027 y termina cuando se disuelva la Cámara al convocarse elecciones (tocan en mayo de ese año), le tocará a María Marín otra vez.

En cuanto a las portavocías adjuntas, que contará con dos, se desempeñarán por dos diputados o diputadas del Grupo Parlamentario Mixto provenientes uno de la lista electoral de Podemos-IU y otro procedente de la lista electoral de Vox. Siendo así, el portavoz adjunto primero será José Ángel Antelo y la portavoz adjunta segunda, María Marín.

Respecto a la subvención asignada en la XI Legislatura al Grupo Mixto, queda establecida a partir del mes de mayo de 2026 en la cantidad de 19.940,00 euros al mes que se distribuirán al 50% entre sus miembros de Podemos-IU y 50% a los miembros de la lista electoral de Vox, correspondiendo a cada parte 9.970 euros al mes.

Antelo y Martínez lo ven "inaceptable"

Los diputados José Ángel Antelo y Virginia Martínez no tardaron en denunciar la situación de "bloqueo institucional" que se está produciendo en el seno del Grupo Mixto, advirtiendo de una "clara vulneración de los derechos parlamentarios".

Los díscolos de Vox creen que deben ser recompensados por los meses que llevan sin tomar la palabra por la ausencia de reglamento

Para ellos, "lo lógico sería que la portavocía del Grupo Mixto se ejerza conforme a criterios de normalidad institucional, garantizando el respeto a los derechos de todos los diputados". En este sentido, ponen de manifiesto a través de un comunicado que, durante aproximadamente un mes y medio, no han podido intervenir en el Pleno ni formular preguntas al Consejo de Gobierno al no habérseles reconocido su tiempo reglamentario.

Ambos diputados consideran que el nuevo reglamento debería haber incorporado "mecanismos correctores ante conductas que han impedido el normal funcionamiento del Grupo Mixto". A su juicio, la actuación de Podemos-IU —"incumpliendo acuerdos y planteando un marco que, en la práctica, dejaba sin voz a parte del grupo"— ha vulnerado principios básicos de lealtad, buena fe y respeto institucional. "La ausencia de consecuencias transmite un mensaje equivocado: que es posible alterar las reglas del debate parlamentario sin asumir responsabilidad alguna", advierten.

Asimismo, recalcan que el nuevo texto debería haber incluido medidas proporcionadas que garantizaran el equilibrio en Portavocía, tiempos de intervención y recursos, protegiendo así el ejercicio efectivo de la función parlamentaria. Por esto, confían en que, "hasta el último momento, se imponga el sentido común y se corrija una situación que no debería haberse producido".