La pesca sin muerte se impone en la Región de Murcia: nueva normativa para proteger ríos y especies

La regulación que hace apenas un mes se anunciaba como inminente ya es una realidad. La pesca fluvial en la Región de Murcia entra en una nueva etapa marcada por el equilibrio entre tradición, deporte y conservación ambiental, con una normativa que refuerza el papel de los propios pescadores como aliados del ecosistema.

El Gobierno regional ha aprobado la nueva Orden de Vedas de Pesca Fluvial para 2026, publicada este lunes en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM), culminando así un proceso que, según fuentes de la Consejería de Medio Ambiente, se ha desarrollado "con consenso del sector y bajo criterios técnicos y científicos".

La norma consolida un modelo que ya se avanzó semanas atrás: compatibilizar la actividad deportiva con la protección de la biodiversidad. En este sentido, uno de los cambios más significativos es la declaración de la boga de río y el barbo gitano como especies de pesca exclusivamente sin muerte durante todo el año en todas las masas de agua de la Región. Es decir, los ejemplares deberán devolverse al agua tras su captura.

Desde el Ejecutivo autonómico subrayan que esta medida busca preservar las poblaciones autóctonas sin eliminar la práctica deportiva. La secretaria autonómica de Energía, Sostenibilidad y Acción Climática, María Cruz Ferreira, defendió que "esta nueva Orden de Vedas refleja el compromiso del Gobierno regional con una gestión moderna de los recursos naturales en la que la conservación y el uso responsable van de la mano".

La responsable autonómica fue más allá al señalar que “la pesca fluvial puede y debe ser una aliada en la protección de nuestros ecosistemas”, poniendo el foco en la implicación directa de los aficionados.

Más protagonismo para los pescadores

La normativa introduce también un refuerzo claro de la responsabilidad ambiental de quienes practican la pesca. A partir de ahora, los pescadores deberán extremar las medidas de limpieza de equipos y retirada de residuos, con el objetivo de evitar la propagación de especies invasoras como el mejillón cebra.

Según las fuentes consultadas, este enfoque pretende convertir la actividad en una herramienta activa de vigilancia y conservación del medio natural. "La implicación de los aficionados es clave para garantizar la sostenibilidad de nuestros ríos", insistió Ferreira, quien apeló a una “cultura de respeto y corresponsabilidad”.

Otro de los ejes de la orden es el impulso a la Región como destino de referencia para la pesca deportiva, especialmente en el ámbito competitivo. La regulación facilita la organización de competiciones oficiales y entrenamientos, apostando por modalidades de "captura y suelta" que permiten el desarrollo técnico sin dañar las poblaciones piscícolas.

Además, se fomenta el uso de herramientas específicas, como sacaderas o salabres, para reducir el impacto sobre los ejemplares durante su manipulación.

Pesca todo el año y continuidad de los cotos

Tal y como ya se adelantó en la fase de tramitación, la orden mantiene la posibilidad de pescar durante todo el año con carácter general, salvo en las zonas vedadas. Este planteamiento busca facilitar el acceso a la actividad sin comprometer los espacios más sensibles.

En paralelo, se mantienen los cotos de pesca de trucha arcoíris en Moratalla —en el embalse del Cenajo— y en Mula. En estos espacios se permite la captura de ejemplares criados en cautividad y sometidos a controles de esterilidad para garantizar su compatibilidad con el entorno.

El resto de cotos, aunque actualmente en desuso, siguen recogidos en la normativa con vistas a una posible reactivación futura mediante nuevas concesiones.

Continuidad respecto al modelo anunciado

La orden aprobada confirma, en esencia, las líneas que ya se avanzaron hace un mes, cuando el Gobierno regional defendía una regulación orientada a reforzar la conservación sin renunciar a una práctica "con fuerte arraigo social y deportivo". Entonces se destacaba también la necesidad de proteger especies autóctonas y controlar invasoras, así como la reorganización de algunos espacios y la ampliación de zonas vedadas en enclaves sensibles. Ahora, con la publicación oficial, la normativa entra en vigor con el objetivo de consolidar un modelo de gestión integral que combine uso público, sostenibilidad y conservación a largo plazo.