¿Quién paga el agua del futuro? Esamur descarta subidas

El salto hacia el tratamiento cuaternario no solo plantea desafíos técnicos. También abre una de las cuestiones más sensibles: quién paga la factura. La nueva directiva europea introduce un cambio relevante en este terreno al reforzar el principio de ‘quien contamina paga’, trasladando parte del coste a los sectores que generan los microcontaminantes.

En concreto, la normativa apunta directamente a industrias como la farmacéutica y la cosmética, cuyos productos acaban, en última instancia, en las aguas residuales. "Resulta fundamental que los productores que ponen en el mercado sustancias que se convierten en microcontaminantes asuman el coste del tratamiento adicional necesario para eliminarlas", señalan desde Daquas. Este mecanismo, conocido como Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP), busca repartir de forma más equitativa el esfuerzo económico.

Sin embargo, la aplicación práctica de este principio aún está en desarrollo. Tanto las instituciones europeas como los Estados miembros deben concretar cómo se calcularán esas aportaciones, cómo se recaudarán y cómo se distribuirán entre los territorios. "Estamos asesorando en ese proceso", explica el director de Esamur, Joaquín Buendía, quien confía en que este sistema permita financiar una parte importante de las inversiones necesarias. Y no son menores. En el conjunto de España, se habla de cifras cercanas a los 30.000 millones de euros para adaptar el sistema a las nuevas exigencias. "No estamos ante un esfuerzo puntual, sino ante una transformación estructural del ciclo urbano del agua", advierten desde Daquas. A ello se suma un déficit histórico de inversión que ya arrastraba el sector antes de la nueva directiva.

Los residuos del sector farmacéutico pueden afectar a organismos acuáticos y a los ecosistemas

En este escenario, el reparto del coste se apoyará en varios pilares. Las administraciones públicas deberán liderar la planificación y financiar infraestructuras estratégicas; el sector privado tendrá un papel relevante en la ejecución y gestión; y los usuarios, previsiblemente, también tendrán que asumir una parte, aunque de forma progresiva.

Aquí surge la gran pregunta: ¿subirá el recibo del agua? La respuesta no es sencilla. Desde Daquas se apunta que España tiene una de las tarifas más bajas de Europa —en torno a 2,2 euros por metro cúbico— y que el gasto en agua representa menos del 1 por ciento del presupuesto familiar, muy por debajo del umbral considerado asumible. "Existe margen para ajustes", sostienen, siempre que se garantice la transparencia y la equidad.

En la Región de Murcia, el canon de saneamiento se sitúa en unos 0,30 euros por metro cúbico y no se ha actualizado desde 2017. Buendía reconoce que los costes del sistema aumentan cada año, pero matiza que "no necesariamente por la directiva", sino por la propia evolución del servicio. A corto plazo, asegura, "hay margen para seguir invirtiendo sin trasladar directamente ese impacto al usuario".

El equilibrio, en cualquier caso, será delicado. La clave estará en combinar financiación pública, aportaciones de los sectores contaminantes y una posible revisión gradual de tarifas.