Reclaman que los procesos sancionadores para los agresores a sanitarios se inicien de oficio

Los tres comparecientes en la Comisión de Sanidad y Política Social de la Asamblea Regional han solicitado a los diputados que la nueva Proposición de Ley sobre infracciones y sanciones administrativas en materia de agresiones a profesionales sanitarios permita que los procedimientos sancionadores se inicien de oficio, es decir, a iniciativa de la propia Administración.

La primera en comparecer fue la secretaria general de UGT Región de Murcia, Francisca Sánchez Salmerón, quien consideró que "la Ley puede ser un avance, pero es insuficiente sin una estrategia global que refuerce plantillas, mejore la organización y garantice una atención sanitaria digna". Valoró positivamente la creación de un régimen sancionador, pero advirtió de la necesidad de medidas estructurales que reduzcan la presión asistencial y refuercen la prevención, para resolver el problema: "Las agresiones están ligadas a sobrecarga asistencial, listas de espera, saturación de urgencias y falta de personal, y solo se denuncia el 40% de los casos". Además, recordó que las mujeres son casi el 60% de las víctimas debido a la "feminización del sector" y a la "persistente desvalorización de los cuidados". Sánchez señaló que "el texto contiene conceptos jurídicos indeterminados y algunas sanciones pueden tener un efecto limitado", y lamentó que "las organizaciones sindicales no hayan sido escuchadas en la elaboración de la norma".

El Colegio de Médicos advierte de que este fenómeno afecta a la calidad asistencial, a la organización de los servicios y genera un impacto económico

La segunda audiencia legislativa corrió a cargo del presidente del Colegio Oficial de Médicos de la Región de Murcia, Francisco Miralles Jiménez, quien respaldó la Proposición de Ley "por su necesidad real", aunque insistió en que debe perfeccionarse técnicamente "para garantizar seguridad jurídica, evitar incertidumbres interpretativas y asegurar una aplicación efectiva en la práctica". Miralles explicó que las agresiones a sanitarios son un problema estructural y en crecimiento: "No se trata de episodios aislados, sino de una tendencia sostenida que incluye tanto agresiones físicas como verbales. Este fenómeno afecta directamente a la calidad asistencial, a la organización de los servicios y genera un impacto económico y profesional relevante en el sistema sanitario". En concreto, reclamó una regulación precisa que amplíe los sujetos responsables y una mejor definición de las conductas.

Finalmente, el secretario general de la Federación de Sanidad de CC OO Región de Murcia, Miguel Ángel López Lozano, propuso que se modifique el título y se identifique el destino de la norma a todos los profesionales que trabajan en el sistema sanitario público. Asimismo, señaló varias aportaciones significativas al texto, como la creación de un Observatorio Regional de Agresiones a los Profesionales de la Sanidad "como herramienta esencial para analizar y denunciar públicamente las propias agresiones y para fomentar la participación activa de la administración pública, profesionales, sindicatos, colegios profesionales y la propia sociedad civil mediante asociaciones de usuarios". También consideró importante "ampliar la norma para no limitarse a la integridad física, sino abarcar también la integridad moral y el patrimonio, tanto personal como de la administración pública, e incluir agresiones en el entorno digital y el derecho a la intimidad".

Los grupos reclaman más personal

Desde el Partido Popular, formación que impulsó esta normativa, María del Carmen Ruiz Jódar lamentó que el Ministerio de Sanidad y el Gobierno central "no dan respuesta a esta lacra que vive la sanidad española", y explicó que, gracias a esta ley, "agredir a un profesional, por lo menos en la Región de Murcia, no va a salir gratis". Tal y como explicó, este régimen sancionador recoge las infracciones leves, graves y muy graves con sanciones desde los 3.000 euros hasta los 600.000 e incluso permitirá el cambio de médico o de centro para el agresor.

La diputada avanzó que el Partido Popular va a presentar una enmienda para que se actúe de oficio "y no tenga el agredido que denunciar la agresión, sino que se pueda actuar de oficio por parte de la Administración".

Las enormes listas espera son el caldo de cultivo que está tensionando nuestro sistema

Marisol Sánchez

— Diputada PSRM

Por su parte, la viceportavoz del Grupo Socialista Marisol Sánchez exigió al Gobierno regional que "contrate ya el personal y los medios necesarios para reducir la sobrecarga asistencial que sufre la sanidad pública", puesto que "las enormes listas espera son el caldo de cultivo que está tensionando nuestro sistema". Al hilo, subrayó que "las competencias en sanidad están transferidas, son de la Comunidad Autónoma", por lo que "la precariedad, la falta de personal y de medios que sufre nuestra sanidad son responsabilidad del Gobierno regional del PP, de sus políticas y de la falta de inversión en nuestro sistema sanitario".

Una de las enmiendas socialistas irá dirigida a "extender su ámbito de aplicación a todo el personal que trabaja en los centros de salud y hospitales, incluyendo los trabajadores y trabajadoras de subcontratas"; mientras que otra de ellas, como la del PP, tiene como finalidad "establecer por ley que sea el propio Servicio Murciano de Salud el que vele por la seguridad y la salud laboral de su personal ante cualquier agresión" actuando de oficio. Una tercera enmienda reclamará la "creación de un observatorio regional de agresiones a profesionales del ámbito sanitario púbico".

Agredir a un profesional, por lo menos en la Región de Murcia, no va a salir gratis

María del Carmen Ruiz

— Diputada PPRM

Eugenia Sánchez, de Vox, puso de relieve el alto nivel de "imprecisión" y "de falta de concreción" en todo el texto de la Proposición de Ley. A través de las enmiendas que presentará su grupo, espera que se pueda aprobar "una norma sin ambigüedades, con precisión y seguridad jurídica, que no deje margen a interpretaciones confusas ni genere vacíos que dificulten su aplicación".

Por último, María Marín, portavoz de la coalición de Podemos e IU-V en la Cámara, consideró que el problema de las agresiones al personal sanitario no se corregirá si no se incorporan en el texto "cuestiones que tengan que ver con la prevención de estos actos". La diputada morada cree que "la gestión pública que se realiza en el SMS, la falta de plantilla en muchos de los centros y hospitales y las tremendas listas de espera quirúrgicas, de Atención Primaria o de especialidades" son asuntos que se deben abordar.