Respaldo de la Asamblea Regional al registro de objetores de conciencia

La Asamblea Regional respalda el registro de objetores de conciencia en el sistema público de salud. Vox llevó una moción a la Cámara que buscaba activar los "mecanismos legales necesarios para derogar la obligatoriedad de tener una lista con inscripciones de los profesionales sanitarios de la Región de Murcia" y a paralizar la aplicación del protocolo previsto para su implantación en toda España.

Lo que buscaba la formación, según explicó su portavoz, Rubén Martínez Alpañez, es que se promueva en el Congreso la elaboración de una Ley Orgánica de Objeción de conciencia sanitaria que no obligue a ningún profesional a la inscripción en ningún registro como condición para el ejercicio de su derecho a la objeción de conciencia. "Están obligando a médicos, enfermeros y personal sanitario a registrarse en la lista negra para poder trabajar", denunció Alpañez.

El PP asegura que el registro de la Consejería de Salud garantiza una "confidencialidad absoluta"

Según datos de finales del año pasado, Un total de 41 profesionales del Servicio Murciano de Salud (SMS), 39 de ellos médicos "de diferentes especialidades", están apuntados en el registro en virtud del cual se niegan a realizar abortos, según los datos que maneja la Consejería de Salud.

El diputado 'popular' Antonio Martínez Pastor aseguró en su intervención que el registro de la Consejería de Salud garantiza una "confidencialidad absoluta" y está protegido por la Ley de Protección de Datos. Así, consideró que la moción de Vox intenta crear un "conflicto artificial" en un ámbito que ya cuenta con seguridad jurídica tanto para el profesional, como para la administración.

Por su parte, el PSOE y Podemos-IU-AV han coincidido en señalar que la propuesta de Vox busca "vaciar de contenido" el derecho al aborto y boicotear la prestación sanitaria en la red pública. Carmina Fernándezconsideró que la moción como una "pieza más de la ofensiva de Vox contra los derechos de las mujeres" y defendió que el registro no es una "lista negra", sino una herramienta de planificación para que el SMS organice la asistencia y evite que las mujeres sean "señaladas" o "expulsadas" hacia la sanidad privada.

Podemos también rechaza el registro porque sirve para que el "lobby religioso integrista" acapare en el SMS los puestos clave

La portavoz de Podemos, María Marín, lamentó que la Mesa de la Asamblea no haya admitido el primer punto de su enmienda a la totalidad que pretendía mostrar el rechazo de la Asamblea a las palabras del diputado de Vox Antonio Martínez Nieto, que llegó a llamar en un pleno anterior a "combatir, incluso con violencia, la aberración moral del aborto y la eutanasia". La diputada morada reconoció que tampoco está a favor del registro porque considera que "todos y que todas las profesionales que trabajan en la sanidad pública tienen que garantizar los derechos de sus pacientes", aprovechando para cargar contra el "lobby religioso integrista" que "en el SMS acapara los puestos clave en la gestión de todas las unidades de maternidad".

Un registro para personas con alzhéimer

La Asamblea Regional pone deberes al Gobierno regional para que mejore la valoración de la dependencia en personas con alzhéimer y otras demencias. A través de una moción del Grupo Parlamentario Vox, solicita la creación de un registro regional con datos anonimizados y explotables estadísticamente, coordinado entre el Servicio Murciano de Salud (SMS) y el Instituto Murciano de Acción Social (IMAS), con publicación periódica de indicadores relativos a prevalencia estimada, diagnósticos, recursos disponibles, cobertura de servicios y apoyo a cuidadores.

También se pide al Ejecutivo de Fernando López Miras que incremente la dotación presupuestaria destinada específicamente a programas de respiro familiar para personas con demencia, poner a su disposición el acceso voluntario a dispositivos de geolocalización vinculados a teleasistencia y reforzar y homogeneizar los circuitos asistenciales con tiempos máximos de derivación y valoración.

El PSOE subrayó que la Región tiene un déficit de 6.500 plazas en residencias y que la espera se puede demorar dieciséis años

La diputada María José Ruiz puso énfasis en la necesidad de "mejorar la aplicación del sistema sin invadir competencias, sin modificar el baremo estatal, pero asegurando que se aplica correctamente"; así como ejercer una "revisión de oficio para que las familias no tengan que iniciar procedimientos una y otra vez" y "no tengan que empezar de cero mientras la enfermedad avanza".

"El problema en esta materia no es la falta de diagnóstico", sino "la falta de ejecución", señaló, ya que "en esta Cámara se han aprobado cosas, pero no se han desarrollado".

El Grupo Socialista logró añadir dos nuevos puntos en los que insta al Gobierno autonómico a incrementar las infraestructuras residenciales y unidades de atención a pacientes de alzhéimer y aumentar la dotación de personal administrativo, técnico y especializado del IMAS. La diputada del PSOE Lola Jara señaló que la Región tiene un déficit de 6.500 plazas en residencias, así como que la espera se puede demorar dieciséis años. Jara lamentó que solo el 30% de las plazas son públicas y reclamó que este servicio debería ser gratuito.

Los grupos de la oposición criticaron una enmienda del PP para pedir más financiación al Gobierno de España

La coalición Podemos-IU logró sacar adelante dos de sus tres propuestas para mejorar el texto sometido a debate. José Luis Álvarez-Castellanos llamó a dar "respuestas acuciantes" a un "problema real" como el que se trataba, denunciando especialmente los largos tiempos de espera para estos enfermos, que son "inasumibles" y cifró en 553 días.

El diputado 'popular' Miguel Ángel Miralles presentó una enmienda de adición para solicitar al Gobierno más financiación, equitativa al resto de las comunidades, para facilitar que las medidas recogidas en la moción. Sin embargo, Vox rechazó su admisión y criticó, junto al resto de grupos, el intento del PP de desplazar las responsabilidades del Gobierno regional a otra Administración.

No al impuesto al plástico

El Pleno de la Asamblea sí dio luz verde, con el voto en contra de PSOE y Podemos, a una moción del Partido Popular en la que se exige al Gobierno de España que suprima el impuesto a los envases de plástico, "dañino para nuestras empresas", en opinión del diputado Víctor Martínez-Carrasco. "Una cosa es comprometerse con la protección del medio ambiente, y otra muy distinta liderar en solitario una cruzada que pagan exclusivamente nuestros autónomos y emprendedores", añadió.

El diputado de Vox Pascual Salvador llegó a tildar este impuesto de "sadismo al pueblo español y sus empresas".

José Luis Álvarez Castellanos (IU-V) abogó por disminuir la producción del plástico y apostar por otro tipo de envases. "Solo una mínima parte de los residuos contaminantes del plástico se reciclan", afirmó. Por este motivo, entiende que es "lógico" trasladar el coste de la contaminación a quienes la producen, y planteó que ayudas estatales para que las empresas se adapten. Desde el PSOE, María Dolores Martínez Pay lamentó que la supresión de este impuesto haría que "la factura deje de pagarla quien contamina y acabe pagándola la ciudadanía".