Lucas Jiménez tras el auto del Supremo: "Sin medidas compensatorias, el recorte es una locura, algo demencial"

La batalla por el agua en el sureste español entra en una fase decisiva marcada por los tribunales, la política y los plazos que se agotan. Tras el último revés judicial, el sector agrario eleva el tono y advierte de que el verdadero debate aún no se ha resuelto: si el recorte del trasvase Tajo-Segura tiene o no base legal y técnica.

El presidente del Sindicato Central de Regantes del Trasvase Tajo-Segura (Scrats), Lucas Jiménez, ha reaccionado a la decisión del Tribunal Supremo que inadmite el recurso de la Diputación de Alicante subrayando que el fallo "no entra a valorar el fondo de la cuestión". Según explicó, la resolución se limita a un aspecto formal: la falta de legitimación de la institución provincial para impugnar la planificación hidrológica estatal.

En este sentido, Jiménez insistió en que lo relevante sigue pendiente de pronunciamiento judicial. "Estamos pendientes de que el tribunal declare la legalidad o no de la planificación", afirmó, poniendo el foco en si la decisión de recortar el trasvase está "bien vestida técnicamente" y se ajusta a derecho.

El dirigente de los regantes insistió en que el recorte responde única y exclusivamente a una decisión política, "una promesa electoral" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que habría tenido rédito en Castilla-La Mancha, pero no en las regiones receptoras del trasvase.

A medida que avanza el calendario, el Scrats alerta de un problema añadido: el incumplimiento de las medidas compensatorias comprometidas por el Gobierno. Jiménez recordó que el recorte, previsto para culminar en 2027, iba acompañado de una inversión de 2.145 millones de euros destinada tanto a mejorar la calidad del agua en el Tajo como a reforzar alternativas en la cuenca del Segura.

Sin embargo, denunció que esos compromisos no se han materializado. "Las medidas compensatorias no han llegado, fue una falacia", aseguró, en una de sus declaraciones más contundentes, al afirmar que esos fondos se han convertido en "2.145 millones de mentiras".

Entre las actuaciones pendientes, mencionó la falta de infraestructuras clave: desde conexiones para transportar agua desalinizada desde Torrevieja hasta las comunidades de regantes y hasta plantas fotovoltaicas para abaratar el coste energético de la desalación. "No da tiempo material", lamentó, añadiendo que tampoco se han ejecutado mejoras sustanciales en la depuración de las grandes ciudades del Tajo, pese a la disponibilidad de fondos europeos que, según advirtió, "caducan en junio".

La falta de inversiones evidencia que "no les importaba la salud del río", advierte Jiménez

A juicio del presidente del Scrats, esta situación evidencia que ni la salud del río ni las necesidades del regadío han sido prioritarias. "No les importaba la salud del río (…) tampoco el regadío levantino", afirmó, señalando que el objetivo habría sido cumplir con compromisos políticos concretos.

En este contexto, Jiménez defendió la necesidad de mantener el trasvase como pieza esencial del sistema hídrico del sureste. “No podemos prescindir del Tajo. No hay ninguna medida compensatoria aprobada. Es una locura, es demencial”, concluyó, al tiempo que reclamó una rectificación política. “Como esto nos lo ha quitado la política, la política nos lo debe devolver”.

El dirigente mostró además su confianza en que el propio Tribunal Supremo pueda avalar en el futuro un cambio de rumbo en la planificación. “Estoy seguro de que (…) dirá que es perfectamente legal volver atrás”, apuntó en referencia al recorte.

Mientras tanto, el escenario judicial sigue evolucionando. Tras la inadmisión del recurso de la Diputación de Alicante, solo quedan en pie dos frentes: el del propio Scrats y el de la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena. Según ha podido confirmar esta Redacción, la votación del recurso del Scrats se llevará a cabo el próximo 5 de mayo, por lo que se estima que la sentencia, tal y como adelantó La Opinión, se conocerá antes del verano.

La sentencia demuestra que la estrategia de López Miras "no es el camino correcto", señala el delegado del Gobierno

El delegado del Gobierno pide diálogo y rechaza la confrontación

El delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Lucas, ha expresado su preocupación por la sentencia del Tribunal Supremo, tanto desde su responsabilidad institucional como, según subrayó, a título personal como ciudadano. Lucas considera que el fallo evidencia que la estrategia del Ejecutivo regional no está dando resultados. A su juicio, la "hoja de ruta de confrontación" impulsada por el presidente autonómico, Fernando López Miras, "no es el camino correcto" y está llevando a la Región y a sus agricultores "a un callejón sin salida".

En este contexto, hizo un llamamiento explícito al entendimiento institucional. El delegado apeló a "recuperar el diálogo con el Gobierno de España" y a alcanzar acuerdos que permitan garantizar recursos hídricos para el sector agrario. Asimismo, defendió que las decisiones judiciales no responden a criterios políticos, sino a obligaciones legales consolidadas. "Son ya siete sentencias del Tribunal Supremo donde se establece la obligatoriedad de fijar caudales ecológicos", señaló, rechazando que se trate de "un capricho" partidista.

Pese a las discrepancias, Lucas insistió en que el objetivo debe ser común: asegurar el suministro de agua. En sus palabras, se trata de "garantizar el agua para siempre en la Región de Murcia", alejándose de lo que calificó como "demagogia y confrontación".