Calnegre se blinda ante la presión turística con un plan de 330.000 euros hasta 2029

La estampa es ya familiar: coches ocupando caminos de tierra, senderos improvisados hacia el mar, reguero de residuos, y playas vírgenes convertidas en escenarios de alta ocupación en pleno agosto. Lo que durante décadas fue un secreto a voces —las calas intactas del litoral murciano— se ha convertido en víctima de su propio éxito. Ahora, la Administración regional mueve ficha para proteger uno de sus enclaves más delicados.

La Comunidad Autónoma ha sacado a licitación el contrato para el 'control de uso público e información ambiental en el LIC Calnegre', un espacio integrado en la Red Natura 2000 que destaca por su valor ecológico y paisajístico. La actuación pretende responder a un problema creciente: la presión turística estival sobre un ecosistema especialmente frágil.

Según recoge la memoria justificativa, el servicio tendrá como objetivo principal ordenar el acceso de visitantes y el estacionamiento de vehículos en el entorno de las principales playas, al tiempo que refuerza la vigilancia ambiental y la regulación de actividades humanas . La intención es evitar prácticas como la acampada ilegal, la circulación por senderos no autorizados o el abandono de residuos, conductas que se han intensificado en los últimos años.

El documento advierte de que la llegada masiva de visitantes genera "un flujo intenso" que incrementa el riesgo de daños sobre el patrimonio natural. No se trata únicamente de una cuestión estética o de comodidad, sino de conservación: la presión humana puede degradar hábitats y afectar a especies protegidas, algunas de ellas catalogadas como vulnerables o en peligro de extinción.

En este contexto, el contrato se plantea como una herramienta para equilibrar el uso recreativo con la preservación ambiental. La Administración subraya que el control del acceso permitirá reducir la saturación, mejorar la calidad de la visita y disminuir impactos como el ruido o la acumulación de vehículos en zonas sensibles.

Vigilancia, información y sensibilización ambiental

El futuro adjudicatario no solo deberá ejercer labores de control, sino también de información y educación ambiental. La memoria insiste en la necesidad de fomentar un modelo de turismo más respetuoso, en el que el visitante comprenda el valor del entorno que está disfrutando.

Así, el dispositivo incluirá personal especializado —principalmente guardas rurales— que actuarán tanto como agentes de vigilancia como de divulgación. Su función será informar sobre las normas, orientar a los visitantes y promover buenas prácticas. En palabras del propio documento, se busca "crear conciencia sobre la importancia de proteger y preservar estos ecosistemas para las generaciones presentes y futuras" .

El ámbito de actuación abarca enclaves emblemáticos como Cala de Calnegre, así como otras playas del sector, entre ellas Baño de las Mujeres y El Siscal. Se trata de espacios con alto valor ecológico, incluidos en figuras de protección tanto europeas como regionales, lo que obliga a extremar las medidas de conservación.

Además, el servicio tendrá un componente preventivo en materia de seguridad. Entre sus funciones se incluye la actuación ante emergencias como incendios forestales, ahogamientos u otros incidentes, garantizando una respuesta rápida en un entorno donde la afluencia de público puede complicar la gestión de riesgos.

Un contrato de más de 330.000 euros hasta 2029

La licitación cuenta con un presupuesto base de poco más de 330.000 euros y se desarrollará previsiblemente entre el 1 de julio de 2026 y el 14 de octubre de 2029. Se trata de un contrato de carácter plurianual, financiado en parte con fondos europeos FEDER, que cubrirá varias temporadas estivales, momento en el que se concentra la mayor presión turística.

El análisis económico refleja que el servicio es intensivo en mano de obra. Más del 95% del coste directo corresponde al personal, compuesto por guardas rurales —incluido un jefe de equipo— y personal administrativo. A ello se suman medios materiales como vehículos, sistemas de comunicación, equipamiento de apoyo y elementos logísticos necesarios para operar sobre el terreno.

El sistema de adjudicación será mediante procedimiento abierto, con criterios que combinan el precio y la calidad del servicio. La oferta económica tendrá un peso de hasta 49 puntos, mientras que el resto de la puntuación se centrará en mejoras operativas, como el refuerzo de jornadas de trabajo o la ampliación del horario diario del dispositivo.

Estas mejoras permitirán incrementar la presencia del servicio en momentos de mayor afluencia sin que suponga un coste adicional para la Administración, ya que formarán parte de la competencia entre las empresas licitadoras.

Más allá del control ambiental, el contrato introduce exigencias en el ámbito social. Entre las condiciones de ejecución destaca la obligación de que al menos el 50% de las nuevas contrataciones correspondan a personas desempleadas, con especial atención a colectivos vulnerables, como parados de larga duración, jóvenes extutelados o víctimas de violencia de género.

Un entorno frágil en un contexto de cambio climático

La memoria justificativa sitúa este contrato en un marco más amplio: la creciente vulnerabilidad de los ecosistemas costeros ante el cambio climático. Factores como el aumento del nivel del mar, la subida de temperaturas o la acidificación de los océanos agravan la fragilidad de estos espacios, haciendo aún más necesaria su protección.

En este escenario, la presión turística actúa como un factor adicional de riesgo. La combinación de alta afluencia de visitantes y condiciones ambientales cambiantes puede acelerar procesos de degradación si no se adoptan medidas de control adecuadas.

Por ello, la Administración defiende la necesidad de intervenir con herramientas que permitan gestionar el uso público de forma sostenible. El objetivo no es limitar el acceso, sino ordenarlo, garantizando que el disfrute del entorno no comprometa su conservación.