Más de 77.000 inquilinos murcianos, en el limbo legal tras el rechazo de la prórroga de alquileres

El Sindicato de Vivienda de Murcia llama a la "movilización" ante el rechazo a la prórroga de la regulación de los alquileres. Unos 77.000 inquilinos de la Región se ven ahora atrapados en un limbo legal y con los juristas incluso divididos sobre cómo se va a proceder ante posibles desacuerdos que surjan con sus caseros y que acaben incluso en los juzgados después de que el Congreso volviese a tumbar la medida este martes.

El Ministerio de Consumo ya advirtió que el 'no' a la prórroga del decreto afectaría a unos 26.000 contratos junto a unas 77.200 personas en la Comunidad, según las estimaciones sacadas a partir de los datos del Panel de Hogares de la Agencia Tributaria, junto al INE y el Instituto de Estudios Fiscales. Los mismos datos apuntaban entonces que el contrato expiraba para 42.881 personas de la Región en 2026 y para 34.331 en 2027.

Ahora, el portavoz de la organización, Pablo Vidal, quiso mandar este miércoles, en declaraciones a La Opinión, un mensaje de "calma" a los murcianos beneficiados por esa normativa, ya que las protecciones aplicadas entonces por este decreto que ahora decae deberían continuar en marcha. También el propio ministro Pablo Bustinduy, que decía que el Gobierno llevará al Congreso las veces que sea necesario el decreto para que sea aprobado, ya venía repitiendo en varias ocasiones que, una vez decaído, las personas que hubieran solicitado la prórroga de alquileres durante su vigencia quedarían amparados por el mismo.

Desde luego, el guion fue el previsible y los partidos que ya anunciaron su voto en contra no cambiaron su posición en el debate. Para Pablo Vidal, que carga contra PP, Vox y Junts por "alinearse con el rentismo", los resultados en la Cámara Baja ha servido para "quitar las caretas" y evidenciar qué partidos respaldan, a su juicio, estos intereses.

Animan a los afectados a organizar respuestas legales conjuntas, incluidas demandas colectivas

El portavoz regional del sindicato defendió que la única vía efectiva pasa por la organización social fuera de las instituciones y plantear nuevas movilizaciones ciudadanas que redoblen la presión en las calles con el fin de lograr una legislación que priorice la función social de la vivienda frente a su uso como activo de mercado.

Según estimaciones de Oxfam Intermón, el porcentaje de población arrendataria en situación de sobreesfuerzo -aquella que destina más del 30% de sus ingresos a la vivienda- podría pasar del 35% actual al 62%. 

Votantes "engañados"

Vidal también señaló la "contradicción" entre la posición parlamentaria del Partido Popular y una parte de su electorado, ya que, dijo, algunas encuestas apuntaban a que más de la mayoría de los votantes populares estaría a favor de regular los alquileres. "Ahora pueden sentirse engañados", alertó al considerar que el PP ha actuado en contra de esta demanda social ampliamente compartida.

Además, denunció que inmobiliarias y fondos buitre continúan incurriendo en "prácticas abusivas", como "contratos fraudulentos o el uso irregular de alquileres de temporada" para viviendas que en realidad son para residencia habitual. No obstante, advirtió de posibles recursos judiciales impulsados por fondos de inversión y grandes multipropietarios, que sí disponen de capacidad económica para sostener posibles litigios que se puedan prolongar en el tiempo,

Por ello, desde el Sindicato de Vivienda de Murcia animaron a todas las personas afectadas a ponerse en contacto con la organización para estudiar respuestas jurídicas conjuntas, incluidas posibles demandas colectivas.

Hasta 1.800 euros por un local comercial

A esto se suma un estudio de UPTA publicado este miércoles que concluye que los mercados de locales comerciales de menos de 100 metros cuadrados y de vivienda en la Región de Murcia están cada vez más tensionados, con incrementos acumulados de entre el 20% y el 30% entre 2020 y 2025, afectando a autónomos y comercio local.

El informe sitúa el precio medio de estos locales entre 5 y 12 euros por metro cuadrado, aunque en zonas céntricas de Murcia, Cartagena, Lorca, Molina de Segura y Alcantarilla los alquileres de un local de 80 metros cuadrados oscilan entre 700 y 1.800 euros mensuales.

UPTA asegura que el alquiler representa entre el 30% y el 40% de los costes de un pequeño negocio, lo que limita la viabilidad del comercio. Además, muchos autónomos afrontan simultáneamente el pago de su vivienda, en un mercado que sube hasta el 30% desde 2020, con medias de 8,5 a 12 euros por metro cuadrado según municipio.

La organización atribuye parte de esta presión a la especulación urbanística y la concentración de la propiedad. Su presidente, Eduardo Abad, advierte de una tendencia de encarecimiento que amenaza al pequeño comercio si no se adoptan medidas.