El Supremo asesta otro golpe al Trasvase Tajo-Segura y deja solo dos recursos en pie

Otro golpe a los intereses de los regantes del Trasvase Tajo-Segura. El cerco judicial se estrecha y ya casi no quedan 'balas' para frenar el hachazo a una infraestructura clave para el sureste. La estrategia pasaba por tumbar la planificación hidrológica del Tajo, que incorpora los nuevos caudales ecológicos —y con ellos, un recorte superior a los 100 hectómetros cúbicos anuales—. Pero el margen se reduce: solo quedan en pie dos recursos, el del Sindicato Central de Regantes del Trasvase Tajo-Segura (Scrats) y el de la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena. Cabe recordar que la propia ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, dejó claro hace unas semanas que tras conocerse las sentencias que quedan por salir "actuará" para sacar adelante las nuevas reglas de explotación, la manera en que cristalizará el recorte.

La vía judicial ha vuelto a complicarse tras la última decisión del Tribunal Supremo. La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha declarado inadmisible el recurso interpuesto por la Diputación de Alicante contra el Real Decreto 35/2023, que revisa los planes hidrológicos de varias demarcaciones, entre ellas el Tajo y el Segura.

En una sentencia fechada el 22 de abril, el alto tribunal concluye que la institución provincial carece de "legitimación activa" para impugnar este tipo de disposiciones y confirma el decreto "por ser conforme a derecho", además de imponerle las costas del proceso.

El fallo se apoya en una doctrina ya consolidada: las entidades locales no pueden recurrir de forma general decisiones del Estado salvo que afecten directamente a su ámbito de autonomía. "No tienen reconocido en nuestro Derecho una legitimación general", recuerda la sentencia, que advierte de que aceptar lo contrario supondría, en la práctica, concederles una suerte de acción pública que la ley no contempla.

La resolución no es menor. El recurso de la Diputación de Alicante era uno de los tres que el Gobierno esperaba para abordar un cambio en las reglas de explotación del Trasvase Tajo-Segura, como viene reclamando Castilla-La Mancha. Con esta inadmisión, el Ejecutivo ve despejado parte del camino, aunque sigue pendiente de dos fallos clave antes de mover ficha.

Desde el Levante, sin embargo, la lectura es muy distinta. La Diputación ha expresado su "disconformidad" porque el Supremo no haya entrado en el fondo del asunto. Su vicepresidenta de Ciclo Hídrico, Ana Serna, sostiene que existían informes técnicos que cuestionaban tanto el procedimiento como el incremento de los caudales ecológicos, al considerar que "carece de justificación técnica" y que la alternativa de la desalación implica "un elevado coste energético y medioambiental".

Aun así, la institución asume que la sentencia es firme, aunque insiste en que seguirá colaborando con otras administraciones y con los regantes para defender el trasvase.

Los ribereños celebran una "victoria estratégica"

En el lado opuesto, la Asociación de Municipios Ribereños de Entrepeñas y Buendía ha celebrado la decisión como una nueva victoria judicial. A su juicio, el fallo "vuelve a dejar en evidencia" lo que consideran una estrategia política y judicial del Levante para sostener el trasvase.

"Con esta, ya son cinco las resoluciones del Tribunal Supremo que desarman una tras otra esa estrategia", subrayan. Su presidente, Borja Castro, es contundente: "El trasvase no es un derecho adquirido, no es intocable, sino un aprovechamiento que no puede pasar por encima de la salud del río".

Los ribereños insisten en que la sentencia refuerza un principio clave: el caudal ecológico es una "restricción previa" a cualquier uso del agua. Solo tras garantizar las necesidades ambientales y futuras de la cuenca del Tajo pueden autorizarse transferencias. Además, consideran que el fallo "desarticula" el argumento de la arbitrariedad técnica y consolida una línea jurisprudencial que deja cada vez menos margen a la judicialización del conflicto.

El Scrats, a las puertas de sentencia

Con el recurso de Alicante fuera de juego, la batalla judicial se reduce a dos frentes, ambos con epicentro en la Región de Murcia.

El primero, impulsado por el Sindicato Central de Regantes del Trasvase Tajo-Segura (Scrats), es el más avanzado. Fuentes jurídicas sitúan la votación y fallo para este mes de mayo, con una sentencia que podría conocerse antes del verano. Este recurso ataca directamente la base técnica de la planificación del Tajo y la fijación de los caudales ecológicos, denunciando "errores metodológicos" y decisiones "arbitrarias" que, a medio plazo, suponen un mazazo para el regadío.

El segundo recurso, presentado por la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena, avanza a un ritmo más lento. Aún se encuentra en fase de pruebas, lo que retrasará su resolución previsiblemente más allá del verano.

Su enfoque, sin embargo, añade una variable clave: la relación entre el uso del agua y la protección del Mar Menor. Los regantes defienden un modelo que combine recursos trasvasados, desalados y reutilizados, y advierten de que renunciar al trasvase comprometería ese equilibrio. "No podemos renunciar al agua trasvasada", sostienen los regantes.

Un recorte de más de 100 hm³ sobre la mesa

El trasfondo del conflicto es el recorte previsto en la última planificación hidrológica: unos 105 hectómetros cúbicos anuales menos para el sureste. Una reducción que el sector agrario percibe como una amenaza directa para su supervivencia.

El calendario judicial marca ahora el ritmo. Primero llegará la sentencia del Scrats; después, la del Campo de Cartagena. Dos decisiones que no solo resolverán cuestiones legales, sino que definirán el margen político del Gobierno y el futuro de una infraestructura vital para la Región de Murcia, Alicante y Almería. El cerco, mientras tanto, sigue estrechándose.