La ley de movilidad sostenible irrumpe en las grandes empresas murcianas

La entrada en vigor de la Ley 9/2025 de Movilidad Sostenible marca un punto de inflexión en la forma en que empresas y administraciones abordan los desplazamientos laborales en España. En la Región de Murcia, el impacto se percibe con cautela: aunque afecta a un porcentaje reducido del tejido productivo, abre un nuevo escenario de obligaciones, costes y negociación colectiva que genera tanto expectativas como preocupación e incertidumbre.

La nueva normativa estatal sobre movilidad sostenible ha comenzado a desplegar sus efectos en el tejido empresarial murciano, introduciendo cambios estructurales en la gestión de los desplazamientos al trabajo. La ley obliga a determinadas compañías a implantar planes específicos en un plazo ajustado, lo que ha encendido el debate sobre su viabilidad real en una comunidad caracterizada por el peso de las pymes.

Desde la Confederación Regional de Organizaciones Empresariales de Murcia (Croem), la valoración es prudente. Fuentes de la patronal trasladan que la norma incorpora avances alineados con los objetivos europeos de sostenibilidad, pero advierten de que también «presenta un enfoque excesivamente intervencionista» y añade cargas regulatorias en un momento complejo. En respuesta a La Opinión de Murcia, la organización subraya que preocupa especialmente la aceleración de plazos y la falta de una memoria económica sólida que acompañe las nuevas obligaciones.

El impacto de la nueva ley será limitado en términos cuantitativos. Según estimaciones de la patronal basadas en datos oficiales, solo entre el 0,2% y el 0,5% de las empresas murcianas —unas 60 a 110 compañías— estarán obligadas a implantar un Plan de Movilidad Sostenible. Se trata fundamentalmente de grandes corporaciones o centros productivos con más de 200 empleados. Aunque el número de afectados es reducido a nivel global, su peso económico es muy significativo. Además, cabe recordar que esta normativa también es de obligado cumplimiento para las entidades del sector público.

Más allá de las cifras, el principal foco de inquietud reside en los plazos. La modificación introducida por el Real Decreto-ley 7/2026 ha adelantado la fecha límite al 5 de diciembre de 2026, un calendario que desde Croem consideran exigente. «Una parte relevante de las empresas no está plenamente preparada», señalan, al tiempo que reclaman mayor flexibilidad y periodos transitorios más amplios para facilitar la adaptación.

Las dificultades prácticas tampoco son menores. Las empresas detectan obstáculos especialmente en la falta de infraestructuras de transporte adecuadas, sobre todo en polígonos industriales y áreas periurbanas. A ello se suma la complejidad técnica de diseñar estos planes, que requieren diagnósticos detallados, recopilación de datos y negociación con los representantes de los trabajadores. «Implica costes adicionales y necesidad de asesoramiento especializado», explican desde la organización empresarial.

En cuanto a las medidas concretas, la patronal considera que no todas tendrán el mismo recorrido en la Región. El transporte colectivo organizado por las propias empresas o el uso compartido del vehículo privado se perfilan como las soluciones más viables, frente a un transporte público aún limitado en determinadas zonas. El teletrabajo, aunque útil, tendrá un alcance reducido en sectores como la industria o la agroalimentación. Sobre el vehículo eléctrico, Croem lo ve como una opción positiva, pero condicionada por la infraestructura de recarga y los costes.

El componente económico es otro de los elementos críticos. Existe una preocupación generalizada por el coste de adaptación, en un contexto de presión inflacionaria y cambios regulatorios constantes. Desde la patronal se insiste en que, aunque la ley apunta a un sistema de impulso, «no existe todavía un marco de ayudas suficiente ni claramente definido», por lo que reclaman apoyos reales, especialmente para las pequeñas y medianas empresas.

Además, la normativa tendrá efectos en la organización interna del trabajo. Los planes de movilidad pueden implicar ajustes en horarios, turnos o modalidades laborales para reducir picos de tráfico o fomentar alternativas de transporte. Croem advierte de que estas medidas deben abordarse desde la negociación colectiva y con criterios de proporcionalidad, evitando rigideces que afecten a sectores con alta presencialidad.

En este contexto, el papel de las administraciones será clave. La patronal considera imprescindible mejorar las infraestructuras, reforzar el transporte público y ofrecer incentivos económicos y apoyo técnico. También destaca su propia implicación a través de iniciativas como ‘Un Plan Muy Seguro’, orientadas a acompañar a las empresas en la adaptación a los nuevos requisitos.