"En España sobra agua", proclama López Miras en la defensa del Tajo-Segura en Pilar de la Horadada

Bajo la luz limpia de la costa alicantina y con la sensación de frontera amiga entre la Región de Murcia y la Comunidad Valenciana, Pilar de la Horadada se convirtió este lunes en un altavoz. No solo de los regantes, sino de una reivindicación que aspira a desbordar acequias y despachos para instalarse en la calle: el futuro del agua —y con él, el de buena parte del sureste español— se juega ahora.

El acto ‘En defensa del Trasvase Tajo-Segura: por el presente y futuro de nuestra tierra’, organizado por el Sindicato Central de Regantes del Trasvase Tajo-Segura (Scrats) en la Casa de Cultura, reunió a los presidentes de Murcia y la Comunidad Valenciana, Fernando López Miras y Juan Francisco Pérez Llorca, junto al presidente del sindicato de regantes, Lucas Jiménez, entre otras autoridades políticas y agrarias. El tono fue inequívoco: político, social y, sobre todo, urgente.

En su intervención, López Miras marcó desde el inicio el marco del debate. "Esto no va de regantes, no va de agricultores. Va de toda la sociedad", afirmó, ampliando el foco de un conflicto tradicionalmente sectorial. El presidente murciano defendió que el trasvase no es solo una infraestructura hidráulica, sino "el motor" económico de territorios como Murcia, Alicante o Almería.

Sin ese aporte hídrico, insistió, "se la juega toda la sociedad, no solo el campo". Y en ese contexto justificó la salida de la protesta del ámbito técnico para instalarse en el espacio público.

El núcleo de su intervención se apoyó en cifras que repitió con intención didáctica. Según expuso, en España caen anualmente unos 350.000 hectómetros cúbicos de agua, de los que 110.000 discurren por los ríos, mientras que el consumo total de los españoles (abastecimiento, industria, agricultura) es de unos 30.000. Con ese balance, lanzó una de las frases más contundentes del acto: "En España sobra agua".

En España caen anualmente unos 350.000 hectómetros cúbicos de agua y el consumo total ronda los 25.000, señala Miras

Frente a esa abundancia global, contrapuso el déficit estructural del sureste. Recordó que todas las cuencas hidrográficas superan el 80% de capacidad salvo la del Segura, que se sitúa en torno al 58% —y apenas un 36% en recursos propios—. "Luego el recorte no es porque falte agua", concluyó.

Una decisión "estrictamente política"

Descartadas, a su juicio, las razones técnicas o de escasez, López Miras apuntó directamente a la motivación política. "Se quiere recortar el trasvase por voluntad política", insistió, recordando promesas pasadas y decisiones normativas recientes centradas exclusivamente en esta infraestructura. "De los cerca de 50 trasvases que hay en España, solo se quiere recortar uno", subrayó, en alusión al Tajo-Segura, lo que —en su opinión— evidencia un trato discriminatorio.

El presidente murciano también cuestionó el momento elegido para endurecer los caudales ecológicos, señalando que coincide con niveles "máximos históricos" en la cabecera del Tajo. "Todo esto nos lleva a tener claro que es una decisión exclusivamente política", reiteró.

El Supremo, en segundo plano

López Miras restó importancia a la batalla judicial en el Tribunal Supremo, donde siguen a la espera de sentencia varios recursos contra la planificación hidrológica del Tajo. Admitió su importancia, pero rebajó expectativas: "Lo que diga el Tribunal Supremo es importante, pero no es lo más importante".

A su juicio, el alto tribunal se limitará a dirimir competencias, no el fondo del problema. En otras palabras, incluso si avala las decisiones del Gobierno, eso no resolvería la controversia de fondo. Una idea que conecta con la percepción, cada vez más extendida entre los regantes, de que los recursos podrían darse por prácticamente perdidos.

El discurso se endureció al abordar las posibles alternativas. López Miras rechazó que la desalación pueda sustituir al trasvase a corto o medio plazo. Aunque reconoció su utilidad, cuestionó su coste económico y ambiental, así como los plazos: "Desde que se prometió Torrevieja hasta que llegó el agua desalada, pasaron 13 años. Y el recorte lo quieren hacer ya". "No hay alternativa", denunció, especialmente de cara a 2027, cuando se prevén nuevas restricciones como el cierre de pozos.

Donde sí puso el foco fue en la movilización social. Ante la falta de una "unidad política" —que dio por descartada tras recordar las últimas votaciones en el Congreso y el voto contra el blindaje de los diputados socialistas—, apeló a construir una "unidad social" que trascienda territorios y sectores.

"Tenemos que hacer ver a los que no están aquí qué es lo que está pasando", defendió, con el objetivo de generar un "clamor" que influya en las decisiones. La estrategia pasa por extender el debate al conjunto del país: "Si el resto de los españoles supieran que por una decisión política se deja sin agua a parte del país, se opondrían".

"La legalidad no equivale necesariamente a justicia", advierten los regantes

Por su parte, el presidente valenciano Juanfran Pérez Llorca apeló a una "unidad de acción entre instituciones y regantes" para exigir al Gobierno central la paralización inmediata de las nuevas normas de explotación del Trasvase.

"El Estado debe proteger a sus ciudadanos en momentos de dificultad", afirmó, para añadir que en materia de agua el Ejecutivo tiene la obligación de garantizar "algo tan esencial para vivir". A su juicio, la falta de avances responde también a "una cuestión política", ya que, de no ser así,"“se habrían acometido las inversiones necesarias para sustituir el agua del trasvase".

Al igual que Miras, el presidente valenciano abogó por retomar el diálogo con el objetivo de alcanzar un pacto nacional del agua que tenga en cuenta a todas las comunidades autónomas. "En España hay recursos hídricos para todos", sostuvo, defendiendo un acuerdo que combine inversiones en origen con garantías de suministro para territorios deficitarios.

Asimismo, reivindicó el papel de la Comunidad Valenciana como referente europeo en gestión hídrica, destacando la modernización de más del 74% de los regadíos y los avances en reutilización, frente a lo que considera falta de actuaciones en la cuenca del Tajo.

"Legalidad no es justicia"

Por su parte, Lucas Jiménez reforzó la idea de que la batalla trasciende los tribunales. Aunque asumió que la planificación del Tajo podría ser avalada judicialmente, lanzó un mensaje contundente: la legalidad no equivale necesariamente a justicia. En este sentido, denunció que el recorte se ha planteado sin ejecutar las medidas compensatorias prometidas —inversiones en depuración, modernización o desalación—, lo que agrava el impacto en las cuencas receptoras.

Tanto Jiménez como el el presidente de la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena, Manuel Martínez Madrid, alertaron de una paradoja que se repitió a lo largo del acto: mientras se restringen envíos al Levante, "se están vertiendo miles de hectómetros cúbicos al mar", obligando a recurrir a agua desalada "más cara y con mayores costes energéticos".

En cuanto al inminente cambio en las reglas de explotación del trasvase (que presumiblemente se producirá en cuanto el Supremo resuelva los recursos pendientes), el presidente de los regantes del Tajo-Segura advirtió que señalará "con nombres y apellidos", a quienes refrenden este cambio en el Congreso de los Diputados.

Jiménez reclamó un nuevo ciclo de planificación "honesto", con evaluación real del estado del Tajo y participación efectiva de los territorios afectados. Y anticipó que la presión no se quedará en este acto: habrá más movilizaciones y más implicación institucional.