Miguel de Mata, fiscal de Medio Ambiente y Urbanismo: "El 70% de los delitos ambientales son por urbanismo ilegal"

Desde su llegada en 2017 a la Fiscalía de Medio Ambiente de la Región de Murcia, Miguel Eduardo de Mata Hervás ha sido testigo directo de la transformación del derecho penal ambiental: más delitos, más complejidad y, sobre todo, más presión sobre un sistema que aún no está del todo preparado para grandes catástrofes como la del Mar Menor. En esta entrevista, el fiscal ofrece un diagnóstico: el urbanismo ilegal sigue concentrando la mayoría de los casos, la ejecución de sentencias —especialmente demoliciones— es el gran cuello de botella, y la justicia ambiental funciona, pero no está entrenada para macrocausas. Aun así, defiende herramientas como las conformidades y ve en la especialización judicial y la concienciación social las claves del futuro.

La memoria anual de la Fiscalía suele marcar tendencias. ¿Qué evolución están viendo en los delitos ambientales en Murcia?

Si hacemos una foto de los últimos diez años, lo primero que hay que decir es que la tipología ha cambiado porque ha aumentado muchísimo el número de delitos. El Código Penal ha pasado de tener un solo delito ambiental en 1983 a más de cuarenta hoy. Eso explica el crecimiento de la actividad. En cuanto a los tipos, se mantienen líneas generales —incendios, maltrato animal—, pero lo que claramente domina son los delitos contra la ordenación del territorio. Representan en torno al 70% de los casos.

¿A qué se refiere exactamente con esos delitos?

El caso más típico son construcciones ilegales en suelo de huerta: viviendas de unos 100 metros cuadrados levantadas sin licencia, muchas veces con añadidos como porches, barbacoas o piscinas. Es el patrón habitual en municipios como Murcia, Santomera o Lorquí.

¿Hay algún indicador, como por ejemplo la reincidencia, que le preocupe especialmente?

La reincidencia no es un problema relevante en materia ambiental; el delincuente suele ser ocasional. Lo que sí nos preocupa —y mucho— es la ejecución de las sentencias. Conseguir la condena es relativamente sencillo desde el punto de vista técnico. Lo difícil es ejecutar, por ejemplo, una demolición. Ahí es donde el sistema se atasca.

¿Por qué cuesta tanto ejecutar una demolición?

Porque los juzgados no tienen medios materiales para hacerlo. Dependen de los ayuntamientos, que a su vez deben contratar empresas, tramitar proyectos, asumir costes… y además pueden surgir problemas añadidos: cambios de propiedad, presencia de menores, conflictos familiares...

¿Hay alguna solución?

Una vía eficaz sería condicionar la suspensión de la pena de prisión a que el propio condenado derribe la construcción en un plazo determinado. La amenaza de ingresar en prisión suele funcionar mejor que cualquier trámite administrativo.

La Fiscalía de Medio Ambiente es la que más asuntos tramita en Murcia. ¿Cómo afecta esa carga de trabajo?

No afecta a la investigación en sí, que se realiza con el mismo rigor. Pero sí implica que los fiscales no pueden dedicarse en exclusiva a esta materia, lo que supone más esfuerzo y menos especialización.Y eso es clave: cuantos más asuntos llevas de un tipo, más experiencia tienes. La falta de medios obliga a repartir esfuerzos.

Pero, ¿faltan fiscales, peritos o medios técnicos?

Más que aumentar números, el problema es de organización. Hace falta una reforma procesal y, sobre todo, especialización: juzgados y fiscales especializados en medio ambiente. Eso agilizaría mucho los prcedimientos.

La macrocausa del Mar Menor, (caso ‘Topillo’), ¿cómo se ha estructurado judicialmente una causa tan compleja?

Todo parte de 2016, con el episodio de la ‘sopa verde’, que da lugar a una investigación muy amplia con inspecciones y recopilación de documentación de múltiples administraciones. Eso genera una macrocausa inicial con implicación de responsables políticos y organismos públicos. Posteriormente, nuevas investigaciones detectan otras conductas y derivan en unas 20 o 25 causas adicionales, muchas de ellas centradas en agricultores. Estas piezas separadas, al ser más simples, están avanzando más rápido hacia juicio que la causa principal, que sigue pendiente de señalamiento.

En el caso ‘Topillo’ ya estamos viendo algunas resoluciones por conformidad. ¿Es una herramienta eficaz?

Totalmente. El 75% de las sentencias condenatorias en España se alcanzan por conformidad. Es un instrumento útil cuando hay pruebas suficientes. En estos casos, además, hablamos muchas veces de imprudencias graves, no de conductas dolosas. El acusado reconoce los hechos, paga la responsabilidad civil y acepta la pena. Negar esa posibilidad no tendría sentido.

¿No existe el riesgo de que se perciba como una respuesta blanda, tal y como ya han lamentado algunas asociaciones?

Las penas no son leves: hablamos de prisión, inhabilitación profesional y responsabilidades económicas importantes. Además, ir a juicio siempre implica riesgos, incluso de absolución. La conformidad ofrece seguridad jurídica y reparación del daño. Es una herramienta plenamente válida.

¿Cómo afecta la personalidad jurídica del Mar Menor al trabajo de la Fiscalía?

En la práctica diaria, poco. Es una acusación particular más dentro del proceso penal. Donde realmente tiene potencial es en el ámbito administrativo: poder intervenir en decisiones sobre proyectos, licencias o desarrollos que afecten al Mar Menor.

¿Está el derecho penal preparado para grandes desastres como el Mar Menor?

Está preparado, pero no entrenado. Puede dar respuesta, pero con mucha dificultad. Son procedimientos extremadamente complejos, con múltiples partes, informes técnicos muy especializados y una carga probatoria enorme. El sistema funciona, pero aprende sobre la marcha.

Se percibe cierto hartazgo por los retrasos en la restauración de suelos contaminados, como los que esperan turno en Cartagena. ¿Qué dificultades jurídicas se presentan respecto a la responsabilidad?

Una de las principales complicaciones es que el responsable de descontaminar no siempre es quien contaminó. En muchos casos, la obligación recae sobre el propietario actual del suelo, aunque no haya causado el daño. Esto genera situaciones complejas, incluso con posibles responsabilidades penales, en procedimientos que además se prolongan durante años debido a su complejidad técnica, la necesidad de informes especializados y el elevado coste económico de las soluciones, que pueden implicar decisiones controvertidas como la decisión entre trasladar residuos o confinarlos.

¿Existe hoy más cultura de prevención?

Sí. Hay mayor conciencia ambiental y también más control por parte de los técnicos y funcionarios. Los casos de corrupción urbanística son hoy anecdóticos y se remontan al pasado.

¿Cuál es el gran reto de la Fiscalía de Medio Ambiente?

Reducir la criminalidad ambiental. Si protegemos el medio ambiente, estamos protegiendo a la sociedad. Y eso se consigue con concienciación, especialización y compromiso.

"En esta última etapa he tenido mis crisis de fe"

Miguel Eduardo de Mata entró en la carrera fiscal en 2001. Su primer destino fue Gerona, en la Audiencia Provincial, antes de pasar por Cartagena y posteriormente por Murcia, donde consolidó su trayectoria en juzgados de violencia de género de Molina de Segura Aquel recorrido, aparentemente ajeno al medio ambiente, fue el preludio de su especialización definitiva.

En 2009 se incorporó a la Fiscalía de Medio Ambiente como adjunto, junto a José Luis Díaz Manzanera. Ocho años después, en 2017, asumió la responsabilidad total de una sección que ya entonces empezaba a crecer en complejidad, volumen y exposición pública. Desde entonces, su trabajo ha estado marcado por macrocausas, conflictos urbanísticos y la gestión judicial de uno de los mayores retos ambientales de Europa: el Mar Menor. «No es un trabajo amable», reconoce. La carga técnica, la presión social y la complejidad de los procedimientos han hecho que atraviese lo que él mismo llama «crisis de fe». No en la función pública, sino en la dificultad del propio sistema para responder a determinados daños ambientales. El caso del Mar Menor ha sido para él una prueba de resistencia institucional y personal.

De Mata reivindica la especialización como clave del futuro judicial. Cree que la justicia ambiental necesita estructuras más estables, equipos formados específicamente y una visión a largo plazo. «Esto no se aprende en dos tardes», sentencia. Tras años de experiencia, reconoce haber encontrado cierta estabilidad: el conocimiento acumulado le permite afrontar con más seguridad procedimientos que antes resultaban abrumadores.

El fiscal dedica un recuerdo a Antonio Vercher Noguera, a quien define como una figura clave en el desarrollo del Derecho Penal Ambiental en España. «Ha sido el fundador del ámbito del derecho medioambiental penal», afirma. Destaca su implicación con los casos de Murcia y su papel decisivo en la consolidación de la conciencia ambiental en las últimas dos décadas.

Su fallecimiento, apenas unos meses después de su jubilación, deja una huella en la comunidad jurídica. Para De Mata, su legado no es solo institucional, sino también humano: el de alguien que estuvo cerca de los procedimientos, de los fiscales y de la evolución real del derecho ambiental en España.