Las tres principales ciudades de la Región reman contra la regulación de migrantes

Gobernadas por el PP en solitario o con la ayuda de Vox, las tres principales ciudades de la Región, Murcia, Cartagena y Lorca, actúan contra la regulación de migrantes aprobada por el Ejecutivo nacional.

En la capital, los tres grupos políticos con representación en el Ayuntamiento de Murcia presentarán mociones en el próximo Pleno municipal relativas al proceso y solo la del PSOE, sin opciones de salir aprobada, pide apoyar el procedimiento y coordinarlo lo mejor posible. La concejala de Educación y Atención a la Ciudadanía, Belén López, responsable de los 65 puntos de información y registro habilitados en el municipio, informó este viernes que el Consistorio ha tramitado casi 1.500 solicitudes de informes de vulnerabilidad, afirmando que este proceso "lo ha puesto en marcha el Gobierno de España y no les ha dado a los ayuntamientos ningún elemento para poder organizarse".

El PP también ha registrado una moción contra la regularización en Cartagena. Su alcaldesa, Noelia Arroyo, aseguró este viernes que el Gobierno de España lanzó el decreto "para tapar la corrupción", y que lo hizo "de manera unilateral, sin tener en cuenta a ninguna Administración como los Ayuntamientos", que tienen que emitir los informes de vulnerabilidad. "Nos dejan abandonados a nuestra suerte sin criterios ni procedimientos", lamentó.

En Lorca, los grupos municipales de Vox y Partido Popular en el Ayuntamiento han registrado una moción conjunta de urgencia para instar al Gobierno de España a paralizar la regularización de internos extranjeros en centros penitenciarios, al considerar que esta medida supone un grave riesgo para la seguridad, el orden público y la credibilidad del sistema judicial.

La iniciativa surge tras las comunicaciones del Ministerio del Interior dirigidas a centros penitenciarios, en las que se insta a informar y facilitar a los internos extranjeros el acceso a un proceso extraordinario de regularización. Una decisión que, según recogen ambos grupos, "trasciende lo administrativo" y tiene profundas implicaciones jurídicas, sociales y políticas. Según el texto de la iniciativa, uno de los aspectos más preocupantes es que entre los potenciales beneficiarios se encuentran presos en situación preventiva, es decir, personas privadas de libertad por decisión judicial ante la existencia de indicios sólidos de haber cometido delitos graves. Además, se advierte que aproximadamente el 85% de estos internos acaba siendo condenado por sentencia firme, lo que, a juicio de VOX y PP, convierte esta política en "un auténtico despropósito".