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Medio ambiente

Los Saladares del Guadalentín reciben protección integral con un decreto y 2,34 millones de euros

El espacio natural, de más de 3.000 hectáreas, alberga hábitats y aves de alto valor ecológico

Espacio natural protegido de los Saladares del Guadalentín.

Espacio natural protegido de los Saladares del Guadalentín. / CARM

Alejandro Lorente

Alejandro Lorente

Los Saladares del Guadalentín avanzan un paso más en su protección ambiental tras la aprobación de una nueva figura jurídica que ordena y refuerza su conservación. El Gobierno regional ha dado luz este jueves verde a un decreto que no solo reconoce el valor ecológico del enclave, sino que también establece una hoja de ruta clara para su gestión en los próximos años.

El Consejo de Gobierno ha aprobado, a propuesta de la Consejería de Medio Ambiente, el decreto que declara los Saladares del Guadalentín como Zona Especial de Conservación (ZEC), junto con un plan de gestión integral que unifica en un único marco normativo la planificación, protección y uso sostenible del espacio. La medida responde, además, a los compromisos adquiridos en materia de biodiversidad a nivel europeo.

El nuevo marco normativo reorganiza las distintas figuras de protección que ya afectaban a este entorno y da un paso más al reconocerlo también como Espacio Natural Protegido bajo la categoría de Paisaje Protegido. Asimismo, delimita la Zona de Especial Protección para las Aves como Área de Protección de la Fauna Silvestre, integrando todas estas figuras en un solo instrumento de planificación que aporta mayor seguridad jurídica tanto a ciudadanos como a sectores implicados.

Con una superficie de más de 3.000 hectáreas repartidas entre Alhama de Murcia y Totana, los Saladares destacan por su singularidad ecológica. En ellos conviven humedales salinos, hábitats de interés comunitario y espacios clave para numerosas especies de aves. Este valor ambiental ha sido determinante para impulsar un plan que contempla una inversión estimada de 2,34 millones de euros durante los próximos seis años, destinados a garantizar su conservación y mejorar su estado ecológico.

El decreto incluye también la creación de una Junta Rectora como órgano de participación y coordinación en la gestión del espacio, además de establecer directrices concretas, regulaciones y medidas orientadas a mantener o recuperar el estado favorable de los hábitats y especies presentes. Todo ello se apoyará en un sistema de seguimiento que permitirá evaluar la eficacia de las acciones y adaptar las estrategias a las necesidades del entorno.

El portavoz del Gobierno regional, Marcos Ortuño, subrayó tras la reunión que se trata de "una zona con un alto valor ecológico", destacando su extensión y riqueza natural. En este sentido, explicó que el decreto aprobado "establece un instrumento único de planificación" y recordó que el plan contará con una inversión de "más de 2,3 millones en los próximos años para reforzar la conservación".

Exigencias europeas

La aprobación de este decreto se produce en un contexto marcado por la presión de las instituciones europeas para el cumplimiento efectivo de la normativa ambiental. La reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) contra Portugal ha vuelto a situar en el centro del debate el grado de aplicación de la Directiva de Hábitats y la gestión real de los espacios protegidos en los Estados miembros.

El alto tribunal europeo ha condenado al país luso a una multa de 10 millones de euros por no ejecutar una sentencia previa relacionada con la protección de la biodiversidad, además de imponer una sanción diaria de 41.250 euros hasta el cumplimiento total de sus obligaciones. El fallo subraya la "gravedad y persistencia" del incumplimiento y advierte de que no basta con declarar espacios protegidos si no se acompañan de planes de gestión efectivos, como el que se acaba de aprobar para los Saladares del Guadalentín.

El caso ha generado inquietud en distintos ámbitos medioambientales, también en España. En la Región de Murcia, voces ecologistas alertan de que la situación podría repetirse si no se aceleran los procesos de planificación pendientes en varias zonas murcianas de la red Natura 2000.

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