Política
El PSOE acusa a los ayuntamientos del PP de la Región de Murcia de "boicotear" la regularización de migrantes por "intereses políticos"
Desde el Gobierno autonómico critican el "caos" que se está viviendo en los consistorios de la Comunidad, que "no han recibido ni una sola instrucción clara sobre los trámites que deben realizar"

Largas colas de migrantes el pasado lunes a las puertas del Ayuntamiento de Jumilla. / L. O.
El Partido Socialista de la Región de Murcia acusa los ayuntamientos gobernados por el Partido Popular y Vox en la Región de Murcia de estar "intentando boicotear el proceso de regularización de migrantes por puros intereses políticos". La portavoz del PSRM, Isabel Gadea, puso el acento en que, "mientras tanto, los ayuntamientos gobernados por el Partido Socialista en esta región están completando los informes y atendiendo a la ciudadanía con una absoluta normalidad".
Reaccionó así a las declaraciones del portavoz del Gobierno regional, Marcos Ortuño, que denunció el "caos" que se está viviendo en los consistorios por la "improvisación" y mala gestión del Ejecutivo central.
Recriminan al Gobierno de López Miras que tenga "secuestrados" 2,5 millones para ayudar a los consistorios con este proceso
Además, Gadea recriminó al Gobierno de Fernando López Miras de tener "secuestrados 2,5 millones de euros destinados a ayudar a los ayuntamientos de esta región con el proceso de regularización".
"Es vergonzoso que PP y Vox estén jugando con personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad", añadió la portavoz, que lamenta que también estén "alimentando discursos de odio". Desde el PSRM consideran que "la regularización reconoce derechos y deberes a personas que ya viven en nuestro país", por lo que se trata de una "cuestión de justicia social". "Son personas que ya cuidan de nuestros mayores y que trabajan en nuestros campos, que son fundamentales en muchos sectores económicos", explicó.

Isabel Gadea, portavoz del Partido Socialista de la Región de Murcia / L.O.
Por otra parte, afirmó que es un "proceso garantista" que cuenta, además, con un amplio respaldo social, recordando que lo han apoyado públicamente la Conferencia Episcopal Española, los sectores productivos y el Tercer Sector.
"Servicios municipales desbordados"
Por el contrario, el portavoz del Gobierno regional denuncia que, cuatro días después de que el Gobierno de España pusiera en marcha el proceso de regularización de inmigrantes, "la situación de caos que ha provocado en la Región de Murcia es indignante".
Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Ortuño aseguró que "los 45 municipios de la región no han recibido ni una sola instrucción clara sobre los trámites que deben realizar o los informes que tienen que elaborar". Según dijo, "los técnicos no han recibido directrices, no ha habido la más mínima planificación y, mientras tanto, lo que sí tenemos son colas y colapso".
Cuando llega el momento de ejercer su responsabilidad, el delegado del Gobierno ni está ni se le espera
Desde el Ejecutivo autonómico informaron de que los servicios sociales municipales "están completamente desbordados, sin medios, sin recursos y sin respaldo del Gobierno de España", que "ha abandonado a los ayuntamientos".
La situación "tiene consecuencias" y, de hecho, el portavoz indicó que ya "está comprometiendo a los ayuntamientos, que han tenido que dejar de lado su actividad ordinaria".
La Delegación ha convocado para la semana que viene una reunión técnica para tratar de resolver las dudas
Ante este escenario, manifestó que el delegado del Gobierno en la Región, Francisco Lucas, "debería salir de su despacho y visitar los ayuntamientos para comprobar de primera mano el caos que está provocando su propio gobierno". "Volvemos a comprobar que cuando llega el momento de ejercer su responsabilidad, el delegado del Gobierno desaparece; ni está ni se le espera", añadió.
Asimismo, denunció la "improvisación" de Moncloa ante este asunto y, para demostrarlo, informó de que la Delegación del Gobierno ha convocado para la semana que viene una reunión técnica para tratar de resolver las dudas. "Lo hacen diez días después de poner en marcha este proceso. Esto es un disparate", destacó.
Para Ortuño, este proceso no se hizo más que "para tapar el enésimo escándalo de corrupción del Gobierno" y se hizo, "eso sí, a la medida de los intereses electorales de Pedro Sánchez".
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