El Gobierno de la Región de Murcia pide a Vox que no frene la Ley de Vivienda por "estrategias electorales dictadas desde Madrid"

El Gobierno autonómico empieza a mostrar síntomas de hartazgo ante los retrasos para la aprobación de la Ley de Vivienda Asequible de la Región de Murcia, especialmente después de que los de Abascal presentaran el pasado lunes una nueva propuesta distinta a la negociada en los últimos meses. "Vox no puede frenar y no puede condicionar esta ley ni por sus disputas internas ni por sus tácticas y estrategias electorales dictadas directamente desde Madrid", subrayó el portavoz del Ejecutivo, Marcos Ortuño, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

Recordó que llevan ya tres meses tres "esperando a que en Vox se pongan de acuerdo" para "solucionar un problema grave como es el de acceso a la vivienda".

"Este pasado lunes, hace apenas unos días, se descolgaron con una propuesta diferente a todo lo que llevan diciendo desde octubre del pasado año 2025", lamentó Ortuño, indicando que estudiarán esa propuesta para saber si es "compatible con el espíritu de la Ley de Vivienda" de la Consejería de Fomento e Infraestructuras y "si es compatible con el ordenamiento jurídico".

Les recrimina que la legislación podría estar aprobada desde hace tres meses si no es por sus "disputas internas"

Cabe recordar que Vox decidió introducir en su propuesta el principio de "prioridad nacional" como "elemento básico" para apoyar la nueva legislación, días después de que la formación lograra colar esta condición en el acuerdo de gobernabilidad de Extremadura —y acaba de hacerlo también en Aragón—. En el texto firmado en ambas comunidades se dice que "se establecerá un sistema de acceso a vivienda protegida y alquiler social inspirado en el principio de prioridad nacional" que exigirá "arraigo real y prolongado" y valoración "positiva" para "los perfiles más expuestos a la actual crisis de vivienda". Además, estos pactos especifican que el "acceso a todas las ayudas, subvenciones y prestaciones públicas se inspirará en el principio de prioridad nacional, que procure la asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable con el territorio".

El Gobierno regional lamenta que las "disputas internas de Vox" hayan llevado a este bloqueo, tratándose de una normativa "necesaria para ayudar a resolver el problema del acceso a la vivienda que ha generado el gobierno de Pedro Sánchez".

El Ejecutivo de López Miras insiste en llegar a acuerdos con partidos políticos y no con diputados díscolos

Sobre la posibilidad de que el PP acceda al ofrecimiento de los dos diputados díscolos de Vox, aseguró que el Ejecutivo no entrará en "los líos de Vox": "Que no nos metan en su fuego cruzado. Ya hemos manifestado que lo que da estabilidad y lo que da certeza a la sociedad son los acuerdos entre partidos políticos, y hemos manifestado que nuestra voluntad es alcanzar acuerdos con los partidos políticos". Aunque también manifestó que "siempre que el Gobierno nacional lleve una ley al Parlamento tratará de conseguir la unanimidad".

Ortuño afirmó que desde el Ejecutivo seguirán "actuando con responsabilidad, pensando siempre en el interés general y trabajando para dar soluciones a los problemas de los ciudadanos", motivo por el cual "la Ley de Vivienda Asequible es una prioridad".

Sobre lo ocurrido esta semana en el Congreso, cuando el Partido Popular rechazó una moción de Vox sobre este mismo asunto de la "prioridad nacional", Ortuño dijo que los diputados de Feijóo votaron "en coherencia con el ordenamiento jurídico español".

Críticas al plan estatal

Respecto al Plan Estatal de Vivienda (PEV) por el cual el Gobierno de España destina a la Región de Murcia 308 millones, Ortuño negó la mayor porque "estamos ante otro ejemplo del 'yo invito y tú pagas' por el cual las comunidades autónomas van a tener que aportar el 40% de esos fondos (123 millones).

"Esto es especialmente gravoso teniendo en cuenta que somos la Comunidad peor financiada", remarcó el portavoz.

Desde el Ejecutivo autonómico entienden que el PEV "llega tarde, sin diálogo real con las comunidades autónomas y no aborda los problemas estructurales de la vivienda", sino que "apuesta por un modelo intervencionista ya fracasado y es un auténtico brindis al sol".

La solución, según Ortuño, pasa por habilitar "más suelo disponible" y por ampliar la "flexibilidad para construir".