La lucha por la vivienda digna vuelve a salir a las calles de la Región: "Si es un derecho, no puede ser un negocio"

"Si la vivienda es un derecho, no puede ser un negocio". Bajo esta máxima decenas de personas, entre ellos miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de la Región y del Sindicato de Vivienda de Murcia, se concentraron simultáneamente este jueves por la tarde a las puertas de los cinco principales ayuntamientos - Murcia, Cartagena, Lorca, Molina de Segura y Alcantarilla- para denunciar la "grave crisis de acceso a la vivienda" que está afectando tanto a la Comunidad como al conjunto del país.

Las organizaciones alertaron de que las clases populares "están sufriendo una enorme dificultad para acceder a una vivienda digna", situación que atribuyen a la especulación inmobiliaria de grandes tenedores, entidades financieras y rentistas, así como a la falta de políticas públicas eficaces. Los manifestantes cargaron duramente durante la lectura del manifiesto contra la actuación de partidos como Partido Popular, Vox y Junts, a quienes acusaron de haber bloqueado en el Congreso medidas como la moratoria antidesahucios, lo que, lamentan, ha contribuido a un aumentar los desalojos y el "sufrimiento social" asociado.

Respecto al nuevo decreto que plantea prorrogar contratos de alquiler por dos años con subidas limitadas al 2%, los colectivos volvieron a reiterar que se trata de una medida "insuficiente", aunque reclamaron su convalidación urgente la próxima semana en el Congreso de los Diputados ante el riesgo de que sea rechazada parlamentariamente.

La situación en la Región de Murcia, según el manifiesto, es "especialmente preocupante", denunciando el incremento continuado de los precios del alquiler está dificultando la emancipación de jóvenes, afectando a personas jubiladas con pensiones bajas y a trabajadores cuyos salarios "ya no alcanzan para vivir".

"Nuevos pelotazos para las constructoras"

Asimismo señalaron la falta de actuación "durante nueve años" del Gobierno regional y criticaron los alcaldes populares de los cinco principales municipios por no haber impulsado la declaración de "zonas tensionadas" que permitiría, según la legislación vigente, limitar los precios del alquiler. Por contra, dijeron, estos municipios avalan los "nuevos pelotazos para las constructoras" mediante "su" Ley de Vivienda Asequible.

Durante el manifiesto también alertaron de posibles subidas de entre el 40% y el 50% en las rentas si no se aprueban medidas de contención, citando una encuesta de la consultora Ateneo del Dato, que refleja un amplio respaldo socialdel 73,6% a la prórroga de los contratos.

Entre sus principales reivindicaciones, los convocantes exigieron así la convalidación del decreto el próximo 28 de abril, la declaración de zonas tensionadas en los municipios más afectados y la recuperación de medidas de protección frente a desahucios sin alternativa habitacional. Además, hicieron un llamamiento directo a los inquilinos con contratos próximos a vencer para que soliciten la prórroga antes de precisamente el día 28.

"Si la vivienda es un derecho, no puede ser un negocio. Garantizar su acceso, además de una obligación constitucional, debe ser una prioridad política y social", concluyeron los concentrados durante la lectura del manifiesto.