Laboral
UPTA lamenta la "desprotección" de los autónomos murcianos con 3 muertos y más de 770 bajas por accidentes de trabajo en la Región
El sindicato señala que el aumento de inspecciones y obligaciones sin apoyo económico o asistencia técnica aumenta la carga fiscal a un colectivo que ya está asfixiado

Un trabajador con el brazo escayolado sigue trabajando. / L. O.
El sindicato UPTA denunció este miércoles la "desprotección" que sufren los autónomos de la Región de Murcia respecto a los datos de siniestralidad laboral del año 2025, que dejaron tres muertes, cinco accidentes graves y unas 777 bajas laborales por este tipo de siniestros mientras desarrollaban su actividad entre el colectivo en la Comunidad. "Detrás de estas cifras hay miles de historias personales, negocios interrumpidos y familias afectadas por una problemática que -según denunció UPTA- sigue sin recibir la atención necesaria".
La organización advierte de que los trabajadores autónomos "continúan siendo los grandes olvidados en materia de prevención de riesgos laborales". Explican que, a diferencia de los asalariados, estos trabajadores por cuenta propia desarrollan su actividad "en condiciones más precarias desde el punto de vista de la seguridad, con menor acceso a formación preventiva, recursos técnicos y apoyo institucional". A ojos de UPTA, esta situación responde a un problema estructural: el sistema de prevención en España "ha sido diseñado para empresas con estructura, dejando fuera la realidad de millones de trabajadores por cuenta propia que operan en sectores como el transporte, la construcción, el comercio o el ámbito agrario, donde los riesgos son elevados".
En este contexto, UPTA alerta de que el refuerzo del control previsto en la reforma normativa puede agravar la situación si no va acompañado de recursos. "El aumento de inspecciones, obligaciones documentales y responsabilidades, sin apoyo económico ni asistencia técnica, supone trasladar aún más carga a un colectivo que ya trabaja con limitaciones".
Denuncian que estos trabajadores siguen fuera del sistema de prevención, con menos formación, apoyo técnico y cobertura que los asalariados
"No se puede exigir más a quien no tiene herramientas para cumplir. Más control sin apoyo no previene accidentes, solo incrementa la presión sobre el autónomo”, señala Eduardo Abad, presidente de UPTA.
A esta realidad se suma la situación de los más de 91.500 de autónomos sin asalariados, prácticamente fuera del sistema preventivo actual. Mientras que quienes tienen trabajadores deben cumplir obligaciones en prevención de riesgos laborales, los autónomos que trabajan solos carecen de un modelo adaptado a sus necesidades. Para UPTA, este vacío está favoreciendo el avance de "una problemática cada vez más evidente: los riesgos psicosociales".

Eduardo Abad, presidente de UPTA. / L. O.
Una "pandemia silenciosa"
"El estrés, la ansiedad, las jornadas prolongadas, la presión por los plazos, los impagos y las condiciones contractuales precarias están detrás de un aumento de problemas de salud mental, enfermedades cardiovasculares y accidentes derivados de la fatiga. Se trata de una "pandemia silenciosa" que no está siendo abordada por las políticas públicas".
"Un trabajador por cuenta propia no puede trabajar 12 o 14 horas al día. Eso no es emprendimiento, es precariedad", advierte Abad. “En sectores como el transporte o la construcción es imprescindible establecer límites a los tiempos de trabajo. No podemos normalizar determinadas condiciones que ponen en riesgo la vida de los profesionales”.
Ante esta situación, UPTA reclama al Gobierno "un cambio de enfoque" en las políticas de prevención, con planes específicos dirigidos al trabajo autónomo que permitan actuar sobre la raíz del problema.
Entre las medidas planteadas se incluyen el desarrollo de programas de formación adaptados por sectores de actividad, el establecimiento de incentivos para la inversión en equipos de seguridad, la implantación de servicios públicos de asesoramiento técnico en prevención de carácter gratuito, refuerzo de la cobertura en caso de accidente o enfermedad profesional, el impulso de campañas de concienciación dirigidas específicamente a los trabajadores autónomos o la destinación de parte de los recursos de las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social a la vigilancia y prevención de los riesgos psicosociales.
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