La Asamblea apremia al Gobierno regional a modificar la convocatoria de ayudas al transporte escolar

La Asamblea Regional ha reclamado por unanimidad al Gobierno regional que modifique el calendario de convocatorias de ayudas al transporte escolar para hacerla coincidir con los períodos ordinarios de matriculación en los centros escolares, gracias a una moción de Podemos e Izquierda Unida.

También solicitaron todos los grupos parlamentarios que se retire de la limitación presupuestaria que obliga a aplicar un coeficiente reductor a las cuantías concedidas a cada beneficiario, y que se abonen dichas ayudas con carácter inmediato una vez resuelta la convocatoria.

Durante su intervención, el diputado de IU-Verdes, José Luis Álvarez-Castellanos, defendió que la moción responde a "una cuestión de justicia" y a la necesidad de corregir un sistema que "vulnera de manera flagrante el derecho a la educación gratuita que consagra la Constitución". En concreto, denunció que las familias afectadas, aquellas cuyos hijos viven a más de tres kilómetros del centro educativo y carecen de transporte escolar, se ven obligadas a adelantar durante meses, e incluso años, el coste de los desplazamientos "sin saber siquiera cuándo la Consejería se lo va a restituir". "Se convocan tarde, se resuelven seis meses después y se pagan aún más tarde. Estamos hablando de retrasos de hasta año y medio", subrayó.

IU-Verdes y Podemos fuerzan al Gobierno regional a rectificar en las ayudas de transporte escolar, aunque el PP y Vox bloquean su ampliación

Los parlamentarios estuvieron negociando durante el transcurso del debate, hasta el punto que la presidenta de la Cámara tuvo que hacer un receso para aclarar qué puntos se aprobaban y cuáles no. Finalmente, PP y Vox se negaron a ampliar estas ayudas al alumnado de Bachillerato y Formación Profesional.

Por su parte, la portavoz de Podemos, María Marín, resaltó que "es una vergüenza que la partida sea de solo 200.000 euros para todo el alumnado y que lleve congelada desde 2018". Desde el Grupo Socialista, Juan Andrés Torres tachó de "irresponsabilidad pasmosa" que las ayudas se convoquen con un año de retraso.

Por su parte, el diputado 'popular' Víctor Martínez-Carrasco señaló durante su intervención que los gastos de alumnos de enseñanzas no obligatorias sean cubiertos a través del incremento de las becas, mientras que su homólogo de Vox Salvador Hernández señaló el hecho de que estas becas se conceden justificando la asistencia a clase, por lo que consideran conveniente que esto se produzca a final de curso.

ESO en centros de Primaria

El Pleno de la Asamblea aprobó también una moción del Partido Popular para instar al Gobierno de España a que modifique la legislación para que los centros de Primaria puedan, "con las condiciones técnicas y pedagógicas adecuadas", impartir ESO "y garantizar así la igualdad real en el acceso a la Educación".

"Que ningún alumno vea limitado su futuro por el lugar en el que vive y todos tengan las mismas oportunidades", subrayó Carlos Albaladejo, defensor de la iniciativa. Desde el PP consideran que la legislación debe considerar la realidad territorial, social y demográfica de cada territorio, de tal forma que "los alumnos de La Flota tienen una dificultad de acceso y otra oferta que los alumnos de Sucina o de Lobosillo".

Albaladejo destacó que cada vez más familias optan en primer lugar por aquellos centros de primaria donde también se imparte la ESO "porque saben que el 75% de la conflictividad del alumnado está en la Educación Secundaria". Por eso, explicó, "los padres buscan un entorno más reducido y controlado para la educación de sus hijos".

Desde el Grupo Socialista, Juan Andrés Torres denunció la falta de recursos y señaló deficiencias en las infraestructuras actuales como "aulas sin techo, calor, amianto y barracones". Asimismo, calificó la implantación de este modelo de "desastrosa" y aseguró que solo ha llegado al 18% de los centros que lo solicitaron.

Por su parte, José Luis Álvarez-Castellano (IU-V) rechazó la propuesta al considerar que "no tiene pies ni cabeza". El diputado y maestro jubilado defendió la especialización de los institutos y sugirió que la medida es una estrategia del Gobierno regional para "no afrontar el gasto pendiente en infraestructuras educativas".

Finalmente, Vox optó por la abstención tras el rechazo de su enmienda de adición. El diputado Antonio Martínez Nieto tildó de "invento" la medida y criticó su expansión "como una plaga" a centros que no la solicitan o que no están en entornos rurales.