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Vivienda

Los colectivos sociales redoblan la presión para activar medidas que rebajen "hasta un 30%" el precio de los alquileres en la Región de Murcia

La PAH y el Sindicato de Vivienda convocan concentraciones simultáneas en Murcia, Cartagena, Lorca, Molina y Alcantarilla este jueves para exigir soluciones como la declaración de zonas tensionadas en estas ciudades o la prórroga del escudo social en el Congreso

Un momento de la protesta de la PAH, el Sindicato de Vivienda y los Yayoflautas este martes en la plaza de la Glorieta de Murcia.

Un momento de la protesta de la PAH, el Sindicato de Vivienda y los Yayoflautas este martes en la plaza de la Glorieta de Murcia. / L. O.

Adrián González

Adrián González

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y el Sindicato de Vivienda de Murcia redoblan su ofensiva y meten más presión para exigir la declaración de zonas de mercado tensionado por el alquiler en las cinco principales ciudades de la Región de Murcia ante el "desorbitado" aumento de los precios del alquiler y el repunte de los desahucios.

Murcia, Cartagena, Lorca, Molina de Segura y Alcantarilla son localidades en las que el mercado de la vivienda y del alquiler están ya al límite y la declaración de estas zonas como tensionadas (una competencia que aunque los ayuntamientos podrían solicitarlo recae sobre el Gobierno regional) podría llegar a suponer, en algunos casos, una rebaja del precio de hasta el 30% para los inquilinos.

Así lo alertaron este martes representantes de estos colectivos sociales a las puertas del Ayuntamiento de Murcia, lamentando que la situación de acceso a la vivienda se ha agravado en los últimos meses, especialmente tras el rechazo parlamentario al escudo social que, aunque de forma "parcheada" y limitada, venía ofreciendo cierta protección frente a los desahucios y el alza de los alquileres "sin control" para los inquilinos murcianos.

Para ello, han 'llamado a filas' a la ciudadanía que quiera sumarse a las cinco concentraciones en los municipios "más tensionados" de la Región para reclamar el derecho a una vivienda digna a partir de las 19.30 horas, tal y como explicó Francisco Morote, portavoz de la PAH.

Las plazas de los ayuntamientos de Murcia, Cartagena, Lorca, Molina de Segura y Alcantarilla serán así los escenarios escogidos para visibilizar la nueva protesta. Para los convocantes, uno de los factores clave que señalan es la ausencia de zonas tensionadas en los municipios murcianos, lo que permite a los propietarios elevar libremente los precios al finalizar los contratos.

Denuncian un agravamiento de la situación tras el rechazo del escudo social, que ofrecía cierta protección frente a desahucios y subidas de precios

En paralelo, volvieron a defender la necesidad de contar con la convalidación en el Congreso del real decreto de prórroga de alquileres, con una moratoria que siga ofreciendo seguridad temporal a los inquilinos al impedir subidas abusivas o rescisión de contratos en un contexto de fuerte encarecimiento. De lo contrario, habrá "subidas desorbitadas porque los caseros podrán subir todo lo que quieran el precio de alquiler cuando se termina el contrato", alertó Jorge Fernández, miembro del Sindicato de Vivienda.

Asimismo animó a los inquilinos cuyos contratos estén próximos a finalizar a solicitar formalmente su prórroga, asegurando que los propietarios no pueden negarse en el marco del decreto vigente. "Deben mandar un burofax y no tener miedo, porque los caseros no se pueden negar; nuestras casas y nuestros hogares no son su negocio".

"PP y Vox deben decidir de qué lado están"

Tanto Morote como Fernández recordaron que una mayoría social, incluido el 65% y 60% de los votantes de PP y Vox respectivamente (partidos que se opusieron el pasado mes a la moratoria), respaldan esta medida. "La derecha parlamentaria se tiene que mojar el 28 de abril en el Congreso de los Diputados y tiene que decidir si está al lado de la mayoría social o de los fondos buitres y rentistas", advirtió Fernández.

Durante la intervención también tomó la palabra Pedro Jesús Martínez, miembro de la Plataforma de Pensionistas de Molina de Segura, reiteró que "hacen falta más alquileres sociales u viviendas sociales, que luego no se acaben transformando en viviendas especulativas" y alertó de que en el caso del municipio molinense, harían falta construir unas 1.000 viviendas anuales en los próximos cinco años para hacer frente a la demanda que habrá mientras que, por ahora, "no se está construyendo nada ni hay ningún plan al respecto".

"El derecho a la vivienda es un derecho constitucional y ni el Gobierno central, ni los autonómicos ni los ayuntamientos están haciendo absolutamente nada para que haya una solución. La vivienda no puede ser objeto de especulación, es un derecho y hay que exigirles a los gobiernos y a las administraciones que adopten medidas; solo a través de la movilización será eso posible", resumió Martínez.

Paco Morote, junto a Jorge Fernández (i.) y Pedro Jesús Martínez (detrás), este martes.

Paco Morote, junto a Jorge Fernández (i.) y Pedro Jesús Martínez (detrás), este martes. / L. O.

Vivienda Asequible: "La 'prioridad nacional' es vergonzosa"

Por otra parte, Paco Morote calificó de "vergonzosa" la exigencia de Vox al Partido Popular de introducir el criterio de “prioridad nacional” para apoyar la Ley de Vivienda Asequible de la Región tras el encuentro que mantuvieron este lunes miembros de los dos partidos para tratar de desbloquearla y llegar a un acuerdo.

Morote criticó, en primer lugar, que Vox plantee esta medida, pero cargó especialmente contra el PP por aceptar debatirla. "Nos parece absolutamente lamentable que un partido como el Partido Popular, que se reclama más constitucionalista que nadie, lo acepte sin más". Morote reprochó a los populares que no rechazasen frontalmente la propuesta. "No ponen el grito en el cielo y dicen ‘Esto es inaceptable’, sino que simplemente la compran", lamentó.

Morote sostiene que Vox se basa en "premisas falsas" y carga contra el PP por aceptar sus pretensiones

El portavoz de la PAH argumentó que la medida parte de "premisas falsas". Por un lado, recordó que no se puede acceder a una vivienda sin estar regularizado administrativamente. Por otro, subrayó que el principal problema es la falta de oferta: "No hay viviendas a las que acceder. Si las hubiera, podríamos discutir, pero no existe ese parque público".

También acusó al partido de Abascal de buscar un objetivo político con esta propuesta, ya que "lo que pretende no es que se aplique, sino generar la sensación de que los españoles están en peores circunstancias que el resto de la gente. Y eso es mentira, es absolutamente falso". Morote insistió en que el PP, al no denunciar esta "falsedad", se convierte en "cómplice del mensaje y de sus efectos".

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