El alcalde de La Unión respalda movilizaciones para impedir "materialmente" las obras de sellado en Portmán

La reunión celebrada este martes en Madrid sobre el futuro de la bahía de Portmán ha terminado sin avances sustanciales: lejos de acercar posturas, ha evidenciado que siguen tan enfrentadas como antes o más. Mientras el Ministerio mantiene su apuesta por el sellado de los residuos mineros, el rechazo institucional y social en la Región se mantiene intacto. De hecho, el conflicto entra ahora en una nueva fase, con la posible previsión de movilizaciones ciudadanas para tratar de frenar las obras.

El encuentro, presidido por el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, y en el que participaron el consejero de Fomento, Jorge García Montoro, el alcalde de La Unión, Joaquín Zapata, y representantes vecinales y ecologistas, derivó —según el regidor unionense— en "un cruce de reproches completamente estéril".

Zapata describió una reunión marcada por la falta de entendimiento y por la "inflexibilidad" del Ministerio. Según explica a La Opinión, el Gobierno central mantiene intacta su hoja de ruta: "siguen adelante con el proyecto de sellado" y "no atienden las reivindicaciones de los vecinos, ni del Ayuntamiento, ni de la Comunidad Autónoma". A su juicio, se trata de una decisión "incomprensible", al considerar que va "en contra de la voluntad expresa de los vecinos".

La alternativa que defiende La Unión: regeneración integral y retirada de estériles

El alcalde insistió en que durante la reunión se volvió a plantear la alternativa defendida por el territorio: la regeneración integral de la bahía, con recuperación de línea de costa y retirada de estériles, en línea con el convenio de 2006 y el proyecto de 2011. Sin embargo, lamentó que el Ministerio no se moviera de su posición, pese a que —recordó— aquel proyecto contaba con declaración de impacto ambiental favorable.

En este contexto, criticó también la falta de transparencia del proceso. Según Zapata, existen estudios encargados al Cedex y avances del proyecto que no han sido compartidos con las administraciones implicadas. "No entendemos por qué no se nos ha dado traslado", señaló, apuntando a que el proyecto de sellado podría estar ya muy avanzado, pese a que oficialmente se niegue.

El calendario planteado por el Ministerio tampoco contribuye a rebajar la tensión. Según explicó Zapata, el compromiso es presentar el proyecto definitivo en mayo y abrir posteriormente un periodo de información pública. Un trámite que el alcalde considera irrelevante en este caso: "No necesitamos ningún periodo de alegaciones, porque ya estamos diciendo claramente que no queremos ese proyecto”.

Pero si hubo una idea que destacó en sus declaraciones a La Opinión fue su respaldo explícito a posibles acciones de desobediencia civil. Ante la posibilidad de que el sellado se imponga, aseguró que los vecinos están dispuestos a "impedir materialmente que esas obras se puedan llevar a cabo" y que, en ese escenario, "contarán con el respaldo del Ayuntamiento y de su alcalde".

Lejos de matizar, Zapata reafirmó esa posición: "Mi obligación como alcalde es defender los intereses de mis vecinos", sostuvo, insistiendo en que existe un rechazo frontal al sellado y en que la decisión del Ministerio es "completamente arbitraria". A su juicio, sí hay alternativas técnicas viables para regenerar la bahía, avaladas por la comunidad científica, pero el Gobierno central "hace oídos sordos".

En paralelo, el alcalde cuestionó los argumentos científicos esgrimidos por el Ministerio para justificar el encapsulado de residuos. Según indicó, en la reunión no se aportaron informes concretos, más allá de referencias genéricas al menor riesgo ambiental. Frente a ello, defendió que el proyecto de 2011 ya demostró su viabilidad ambiental con una declaración favorable, por lo que considera que ahora "primero se toma la decisión de sellar y después se buscan los motivos técnicos para justificarla".

Otro de los puntos relevantes abordados fue el modelo de adjudicación de las obras. Tras la polémica generada en los últimos días por la posibilidad de un encargo directo a Tragsa, el alcalde confirmó que esa opción fue desmentida "tajantemente" en la reunión. Según trasladó, el compromiso del Ministerio es que el proyecto se licitará mediante concurso público, al ser la única vía ajustada a la legalidad.

Aun así, Zapata se mostró escéptico, recordando precedentes recientes en los que —según denunció— se negaron actuaciones que posteriormente se confirmaron. En ese sentido, llegó a acusar al Ministerio de falta de credibilidad, aludiendo a contradicciones en torno a estudios técnicos que, aseguró, han llegado al Ayuntamiento por vías no oficiales.

Por su parte, el consejero García Montoro calificó la reunión con el Ministerio de "decepcionante y muy preocupante", al considerar que se les ha trasladado "una hoja de ruta unilateral" por parte del Gobierno central. Criticó además la "falta de transparencia" en la gestión del proyecto, la ausencia de convocatoria de la comisión de seguimiento y el abandono del acuerdo de 2006, al que se refirió como el marco que debía guiar la solución de la bahía.

"La reunión ha sido decepcionante y muy preocupante", señala el consejero García Montoro

El consejero también expresó su rechazo a lo que considera una "solución de mínimos" basada en el sellado, al que se opone "de forma unánime" el territorio. Además, insistió en que la protección ambiental no puede utilizarse como argumento para renunciar a la recuperación de la línea de costa y reclamó que el proyecto se reoriente hacia la regeneración integral con participación real de vecinos y administraciones. Finalmente, García Montoro exigió al Ministerio que abandone la opacidad, reactive la comisión de seguimiento y vuelva al consenso inicial con un calendario claro de ejecución.

El Ministerio defiende el proceso y niega la adjudicación a Tragsa

Desde el Ministerio informan que durante la reunión, el secretario de Estado ha informado de que en febrero de 2026 se comunicó a la UTE Proes Consultores–Ibermed Ingeniería el levantamiento de la suspensión temporal del contrato para la actualización del proyecto de regeneración y adecuación ambiental de la bahía de Portmán. Esta suspensión, acordada en septiembre de 2023, tuvo como finalidad incorporar el resultado de las consultas a administraciones públicas, colectivos vecinales y los estudios desarrollados por el CEDEX.

En la actualidad, la UTE se encuentra redactando el proyecto y desarrollando los trabajos necesarios para su sometimiento al procedimiento de evaluación de impacto ambiental. En este sentido, Morán ha reiterado su compromiso de convocar la Comisión de Seguimiento una vez se disponga de los trabajos encargados, con el objetivo de avanzar en el diseño de una playa segura y estable en la bahía de Portmán, en el marco de las actuaciones impulsadas por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Asimismo, el secretario de Estado ha desmentido que el Ministerio tenga previsto encargar a Tragsa la futura ejecución de las obras de regeneración y adecuación ambiental. Por último, fuentes estatales aseguran que "Morán ha coincidido con los representantes vecinales en que los intentos de judicializar el marco de cooperación institucional, que debe regir el interés común en la recuperación de la bahía, no contribuyen positivamente a la consecución de una solución".