Vox exige "prioridad nacional" para apoyar la Ley de Vivienda Asequible de la Región de Murcia

No ha habido sorpresa. La "prioridad nacional" se ha colado en las negociaciones entre PP y Vox como condición de estos últimos para apoyar la nueva Ley de Vivienda Asequible de la Región de Murcia, justo después de que la semana pasada se incluyera este principio en el acuerdo entre estos dos partidos para formar gobierno en Extremadura.

"La prioridad nacional es básica para que Vox pueda aceptar la tramitación de cualquier documento que implique la puesta en marcha de determinadas políticas", señaló el portavoz del Grupo Parlamentario Vox, Rubén Martínez Alpañez, durante la rueda de prensa posterior a la reunión entre las dos formaciones de derechas en la Asamblea Regional.

La Opinión adelantó el pasado viernes la intención de Vox de incluir la "prioridad nacional" en todas las negociaciones que tuvieran a partir de ahora. "Los acuerdos alcanzados en otras regiones de España son extrapolables, por supuesto", respondió la nueva dirección territorial del partido a preguntas de este periódico.

Alpañez considera que la sanidad está "colapsada" por culpa de la inmigración irregular

En el texto firmado en Extremadura se dice que "se establecerá un sistema de acceso a vivienda protegida y alquiler social inspirado en el principio de prioridad nacional" que exigirá "arraigo real y prolongado" y valoración "positiva" para "los perfiles más expuestos a la actual crisis de vivienda". Además, el pacto especifica que el "acceso a todas las ayudas, subvenciones y prestaciones públicas se inspirará en el principio de prioridad nacional, que procure la asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable con el territorio".

"Tenemos la sanidad colapsada, tenemos los servicios sociales colapsados, tenemos el Estado del bienestar tambaleándose por culpa de las políticas que está poniendo en marcha Pedro Sánchez, la política de puertas abiertas, la política de favorecer las mafias, la inmigración ilegal, la esclavitud de personas, la prostitución", explicó Alpañez.

El portavoz de Vox aseguró que lo que se había negociado con su predecesor, José Ángel Antelo, "no vale", ya que aquel acuerdo "ni era legal ni satisfacía las necesidades de Vox con respecto a la prioridad nacional", puesto que ponía un límite de siete años de residencia para poder acceder a estas viviendas asequibles. Por el contrario, el texto presentado ahora por él "otorga prioridad nacional y, a su vez, es perfectamente legal", agregó.

El texto negociado con Antelo ya recogía la necesidad de llevar siete años con residencia legal en España para acceder a una vivienda asequible

El borrador del anteproyecto negociado con Antelo, al que tuvo acceso esta redacción, establecía que para acceder a una vivienda asequible se debía tener la nacionalidad española o la de alguno de los Estados miembros de la Unión Europea o, "en caso de personas extranjeras provenientes de países terceros (fuera de la UE), contar con residencia legal en España de forma continuada durante los últimos siete años inmediatamente anteriores al acuerdo de inicio del procedimiento de adjudicación para promociones de titularidad pública o al momento de la oferta formal de las viviendas en caso de promociones privadas".

Los de Abascal entregaron al Partido Popular un documento con sus condiciones y el PP "se ha comprometido a evaluarlo y a incorporarlo", informó el propio Alpañez. Sin embargo, su homólogo del PP redujo las aspiraciones de Vox. "No es una cuestión exclusivamente de voluntad política, también es una cuestión de cabida jurídica", señaló Joaquín Segado.

"Estamos de acuerdo en muchos de los aspectos que recoge la norma", reconoció, agregando que Vox ha "presentado algunas cosas que quieren añadir, otras que quieren modificar y otras que quieren suprimir", por lo que van a "estudiar todas esas propuestas, muchas de las cuales "son más técnicas que políticas".

Segado destacó que desde el Partido Popular y desde el Gobierno regional siguen con "voluntad de acuerdo" y "de diálogo", "siendo conscientes de que la vivienda es el primer problema para los españoles".

El portavoz defendió que el texto que se planteó por parte de del Grupo Popular y por parte del Gobierno "siempre" incluyó "cuestiones de sentido común", por lo que no "nunca" existió la posibilidad de convertir una infravivienda en vivienda ni nada similar, ni se permitía construir vivienda en lugares no adecuados para la construcción.

El PSOE carga contra el discurso racista

Tras producirse la reunión en la Asamblea, el diputado regional socialista Miguel Ortega convocaba a los medios a una rueda de prensa en la sede regional del PSOE, en Murcia, para lamentar que "PP y Vox sigan con el show y hayan cedido la solución a los problemas de la Región de Murcia a los pactos que se fraguan en Madrid".

Sobre la cuestión de la "prioridad nacional", criticó a los 'populares' por estar "inmersos en un bucle racista del que no son capaces de salir". "¿Me puede explicar alguien del PP o de Vox cómo van a proponer una ley que excluya a parte de la ciudadanía que vive en la Región sin que sea inconstitucional?", se preguntó.

El diputado socialista destacó que, después de lo que pasó el verano pasado en Torre Pacheco, "parece que López Miras no ha aprendido nada", y le recordó que "tiene dos opciones encima de la mesa: pactar diez medidas que le ofrece el PSRM para bajar el precio de la vivienda, o tener a la ciudadanía esperando a que Vox quiera aprobarle la ley sin tocar los precios de la vivienda y fomentando un discurso racista".

Para el Partido Socialista, "el problema de la vivienda en la Región de Murcia no es quién tiene problemas de acceso a la vivienda porque solo los ricos pueden acceder a una vivienda sin empeñar un riñón y la mitad del otro". Ortega señala que "el problema de la vivienda está en que los trabajadores de esta Región y la gente joven", porque "da igual si son nacionales o no: no tienen acceso a una vivienda a precios asequibles".

El PP nacional niega que se vaya a discriminar a extranjeros

El secretario general del Partido Popular (PP), Miguel Tellado, puso este lunes los puntos sobre las íes al acuerdo de coalición firmado con Vox en Extremadura, que establece la "prioridad nacional" y que Vox quiere llevar a la Ley de Vivienda Asequible de la Región de Murcia. En una intervención muy medida y preparada tras la reunión de la cúpula del Partido Popular, trató de explicar este principio de la siguiente manera: "Esto significa que se priman y se bareman criterios como la vinculación con el país, el arraigo, la contribución al país durante años, o los criterios económicos". Todos ellos, a su juicio y según subrayó, "criterios objetivos, que demuestren que se tiene una vinculación, efectiva y afectiva, con el territorio". Más claro aún: "Con este acuerdo no hay ningún extranjero que viva aquí legalmente que sea discriminado frente a un español de nacimiento", sentenció, asegurando además que no es "eliminativo".

"No puedes ilegalmente dejar a nadie fuera de requisitos para los que tiene derechos"

Isabel Díaz Ayuso

— Presidenta de la Comunidad de Madrid

Sin embargo, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, expuso sus dudas el pasado viernes: "Creo en la ley y en el orden y, por tanto, pienso que no puedes ilegalmente dejar a nadie fuera de requisitos para los que tiene derechos".

Cabe recordar que el artículo 14 de la Ley de Extranjería establece que los extranjeros residentes en España tienen derecho a los servicios y a las prestaciones sociales, tanto generales y básicas como específicas, "en las mismas condiciones que los españoles". Ese mismo principio de no discriminación se extiende además a los extranjeros residentes de larga duración cuando acceden a los sistemas públicos de ayudas en materia de vivienda.

Al hilo, también el pasado viernes, el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, anunció que el Ejecutivo central actuará si el acuerdo de Extremadura se traduce en normas que vulneren derechos. "El papel lo aguanta todo, pero el Gobierno de España va a recurrir con toda la fuerza del Estado", afirmó durante la celebración de la I Cumbre España-Brasil. "Vamos a llevar a los tribunales y en particular al Tribunal Constitucional todo lo que sea discriminatorio y todo lo que sean recortes de derechos", defendió el ministro de Justicia, Félix Bolaños, en una entrevista posterior en La Sexta. Se debería esperar la misma reacción con la Ley de Vivienda Asequible si desde Moncloa consideran que su manera de defender la "prioridad nacional" vulnera derechos.