Más exigencias europeas, más costes: así afectará la nueva depuración a los usuarios del Segura

La Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) avanza en la hoja de ruta del cuarto ciclo de planificación hidrológica (2028-2033) con un foco cada vez más definido: cómo afrontar las nuevas exigencias europeas en depuración, reutilización y sostenibilidad sin perder de vista el impacto económico sobre los usuarios. En un contexto de consulta pública aún abierto, el organismo ha puesto sobre la mesa algunos de los debates más sensibles, entre ellos la recuperación de costes y quién debe asumirlos.

El reciente taller técnico presidido por el jefe de la Oficina de Planificación, Jesús García, ha servido para aterrizar los principales retos que marcarán el futuro inmediato de la cuenca. La adaptación a la normativa europea obligará a una transformación profunda de las infraestructuras, especialmente en materia de saneamiento y depuración.

Desde la CHS se reconoce que la nueva Directiva europea introduce estándares más exigentes que requerirán "nuevas infraestructuras de colectores y de tratamiento de aguas residuales", así como la ampliación de las actuales estaciones depuradoras (EDAR). En concreto, será necesario incorporar tratamientos más avanzados —incluidos los denominados cuaternarios— y actuar en función del tamaño de las aglomeraciones urbanas. El organismo apunta a que, "con carácter general", los nuevos estándares deberán cumplirse antes de finales de 2035.

Recuperación de costes: quién paga el agua residual

Uno de los puntos más sensibles abordados en el proceso es el de la recuperación de costes. La CHS lo deja claro: las nuevas inversiones no serán neutras para los usuarios. Según la CHS, "las nuevas infraestructuras de depuración supondrán nuevas inversiones y unos gastos superiores en explotación y mantenimiento", que recaerán "con carácter general sobre los usuarios que generan el agua residual". Se sigue así el principio de 'quien contamina paga', pilar fundamental en la política ambiental de la Unión Europea y el derecho internacional desde la década de 1970.

Esto implica que el impacto se distribuirá principalmente entre usuarios domésticos, es decir, hogares que vierten aguas residuales al sistema de saneamiento urbano y usuarios industriales: empresas con procesos productivos que generan vertidos, como industrias agroalimentarias, químicas o manufactureras. Aunque el regadío es un actor clave en la cuenca, la CHS centra en este caso el peso del coste en quienes generan aguas residuales urbanas e industriales, es decir, quienes obligan a su tratamiento posterior.

La Comisión Europea calcula incrementos del 2,3% en la factura del agua para hacer frente a los cambios

El debate no es menor: a mayor exigencia en la calidad del agua depurada, mayor coste tecnológico y energético. Y, por tanto, mayor presión sobre tarifas y cánones en hogares y empresas. Además, según cálculos de la propia Comisión Europea, la factura del agua para usuarios domésticos podría experimentar un incremento medio del 2,3%, aunque en España este porcentaje podría ser más alto.

Déficits estructurales: abastecimiento y reutilización

Más allá de la depuración, la CHS identifica déficits relevantes en abastecimiento. Por un lado, los municipios abastecidos por la Mancomunidad de los Canales del Taibilla deberán reforzar su garantía de suministro ante un posible descenso de recursos procedentes del Trasvase Tajo-Segura y del río Taibilla, en un escenario marcado por el cambio climático. La solución pasa por aumentar la capacidad de desalación e incluso construir nuevas plantas "si fuera necesario".

Por otro lado, los municipios del interior —especialmente en el Altiplano murciano y el sureste de Albacete— afrontan problemas de sobreexplotación de acuíferos. En estos casos, la CHS plantea ordenar extracciones, proteger captaciones y estudiar conexiones con redes principales.

La CHS quiere reforzar el papel del Comité de Autoridades Competentes

En cuanto a la reutilización, el objetivo es ambicioso: alcanzar el 100% del agua depurada reutilizada, frente al 95% actual. Este recurso, considerado "renovable y sostenible", seguirá siendo clave para el regadío y para aliviar la presión sobre acuíferos.

Impacto económico y coordinación institucional

La CHS admite que el impacto socioeconómico de todas estas medidas aún está por definir. "Tendrá que cuantificarse", señala, a medida que las distintas administraciones concreten inversiones y las incorporen a los programas de medidas de los próximos ciclos.

Para garantizar su ejecución, el organismo apuesta por reforzar el papel del Comité de Autoridades Competentes, donde confluyen Estado, comunidades autónomas y entidades locales. La coordinación será esencial para evitar retrasos y asegurar el cumplimiento de objetivos ambientales.

Mientras tanto, el proceso de participación pública sigue abierto hasta mayo de 2026, con nuevos talleres previstos sobre inundaciones, restauración fluvial o sostenibilidad del regadío. La CHS insiste en que este ciclo es una "oportunidad estratégica" para lograr consenso y avanzar hacia un modelo hídrico más equilibrado.