La condena de la UE a Portugal por incumplir la protección de hábitats enciende las alarmas en la Región

La reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) contra Portugal ha vuelto a situar en el foco el grado de cumplimiento de las políticas medioambientales en los Estados miembros. La multa millonaria impuesta al país luso no solo supone un aviso contundente desde Bruselas, sino que también abre interrogantes sobre la situación de otras regiones europeas, entre ellas la Región de Murcia, donde aún quedan deberes pendientes en materia de conservación.

El TJUE ha condenado a Portugal a pagar 10 millones de euros por no ejecutar una sentencia previa de 2019 relacionada con la Directiva de Hábitats, una norma clave para la protección de la biodiversidad en la Unión Europea. Además, el tribunal ha impuesto una multa coercitiva diaria de 41.250 euros hasta que el país cumpla plenamente con sus obligaciones.

La resolución, dictada en el asunto C-613/24, considera probada la "gravedad y persistencia" de las infracciones medioambientales. En concreto, Portugal no designó a tiempo 61 lugares de importancia comunitaria como Zonas Especiales de Conservación (ZEC), ni adoptó las medidas necesarias para preservar los hábitats y especies protegidas. A día de hoy, solo una parte de esos espacios cuenta con avances significativos, y apenas unos pocos están cubiertos por normativa efectiva.

El fallo subraya que no basta con declarar espacios protegidos sobre el papel. "La mera designación […] resulta insuficiente" si no se detallan los hábitats y especies a conservar ni se aprueban planes de gestión concretos, advierte el tribunal.

Un aviso que resuena en España y la Región

La sentencia no ha pasado desapercibida en España. De hecho, el país ya ha recibido requerimientos por parte de la Comisión Europea por incumplimientos similares, lo que sitúa a varias comunidades autónomas en el punto de mira.

En la Región de Murcia, el portavoz de Ecologistas en Acción, Rubén Vives, alerta de que el escenario podría repetirse. "Nos puede caer una condena millonaria. Nos va a pasar lo mismo", advierte con rotundidad, en referencia a la falta de designación y planificación de varias Zonas Especiales de Conservación, no sólo en la Región de Murcia sino en toda España.

Según explica, buena parte del litoral terrestre murciano sigue pendiente de contar con la figura de protección adecuada. "Toda la costa terrestre, menos el Mar Menor y San Pedro, y la zona de El Valle y Carrascoy, están sin planificación aprobada", señala. En términos técnicos, esto implica que muchos espacios continúan catalogados como Lugares de Importancia Comunitaria (LIC), pero sin haber dado el paso definitivo a ZEC, que exige planes de gestión concretos.

"Nos puede caer una condena millonaria como a Portugal", advierte Ecologistas en Acción

El problema no es reciente. "Esto está pendiente desde 2006", recuerda Vives, quien detalla que desde entonces han transcurrido todos los plazos legales (2012 como plazo máximo) para la aprobación de estos instrumentos sin que se haya completado el proceso.

Entre las zonas afectadas menciona espacios como sierras litorales, montes y áreas naturales de alto valor ecológico que siguen sin la protección efectiva que exige la normativa europea.

Riesgo de sanciones y presión europea

Aunque por el momento no existe una sanción formal contra España por este motivo, sí hay señales claras de advertencia. "Lo último que ha llegado es un requerimiento", explica Vives, en alusión a las comunicaciones de la Comisión Europea instando a acelerar la designación de estas áreas.

España ya ha recibido varios requierimientos europeos y la situación podría escalar en breve

El mecanismo es claro: si no se corrigen los incumplimientos, el procedimiento puede escalar hasta el TJUE, como ha ocurrido con Portugal. Y las consecuencias económicas pueden ser severas, combinando multas a tanto alzado con sanciones diarias acumulativas.

No sería la primera vez que la presión europea provoca una reacción rápida. El ecologista recuerda cómo, ante la denuncia que recibió Bruselas y la amenaza de retirada de fondos comunitarios de desarrollo rural por parte de la Comisión Europea, "el Gobierno Regional aprobó en 2001 de forma urgente las zonas de especial protección para las aves (ZEPA), entre ellas Mar Menor; el Monte El Valle y Sierras de Altaona y Escalona, La Muela y Cabo Tiñoso y los Saladares del Guadalentín"; entre otras.

La red Natura 2000, en juego

El trasfondo de este conflicto es la correcta aplicación de la red Natura 2000, el mayor sistema de espacios protegidos del mundo. Su objetivo es garantizar la conservación de hábitats y especies clave en toda la Unión Europea. Para ello, los Estados deben no solo identificar los espacios, sino también gestionarlos activamente. La falta de planes de conservación efectivos, como evidencia el caso portugués, compromete la eficacia de todo el sistema.

Portugal, con una rica biodiversidad que incluye decenas de hábitats y cientos de especies protegidas, ha sido sancionado precisamente por no garantizar esa protección real. Una situación que, según los expertos, podría reproducirse en otros territorios si no se acelera la gestión ambiental pendiente. En la Región de Murcia, el aviso está sobre la mesa. La cuestión ahora es si se actuará a tiempo para evitar que el caso portugués se convierta en un precedente directo.